La reciente decisión de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM) de no financiar Leqembi (lecanemab), el primer tratamiento en décadas capaz de ralentizar el avance del Alzheimer en fases iniciales, ha generado un profundo debate en el ámbito sanitario, social y político. Para muchos, no se trata únicamente de un rechazo a un fármaco, sino de un momento clave en el modo en que el sistema público español afronta el reto de las enfermedades neurodegenerativas en una sociedad cada vez más envejecida.

La negativa se ha fundamentado en criterios de racionalización del gasto público, un argumento que, si bien es habitual en la toma de decisiones sanitarias, adquiere especial relevancia cuando se trata de un tratamiento que marca un antes y un después en la investigación del Alzheimer.

Leqembi no es un medicamento más. Es el primer tratamiento aprobado que actúa sobre la enfermedad, y no solo sobre sus síntomas, al reducir la acumulación de placas de beta-amiloide en el cerebro. En pacientes con deterioro cognitivo leve o fases iniciales de la enfermedad, ha demostrado ser capaz de ralentizar la progresión del deterioro, lo que abre una nueva vía de intervención precoz. Durante más de 20 años, el arsenal terapéutico frente al Alzheimer apenas había evolucionado. Por ello, la aprobación del lecanemab por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), y la suma de donanemab, han sido interpretadas como un punto de inflexión.

Desde el movimiento asociativo, esta doble aprobación se percibe como una señal clara de que la investigación empieza a dar resultados. Representa, además, la confirmación de que el enfoque terapéutico puede cambiar, de pasar de paliar síntomas a intentar modificar el curso de la enfermedad.

LAS CAUSAS (O EXCUSAS): EL COSTE Y LA CARGA ASISTENCIAL

La llegada de estos tratamientos no está exenta de limitaciones. Según estimaciones de la Sociedad Española de Neurología (SEN), solo entre el 5% y el 7% de las personas con Alzheimer serían candidatas a recibir estas terapias, ya que, como hemos dicho, están indicadas únicamente en fases muy tempranas de la enfermedad. En España, se calcula beneficiaría a en torno a 20.000 pacientes. Una cifra que, aunque relativamente reducida, implica un reto considerable para el sistema sanitario.

Por un lado, el coste es uno de los principales factores. Aunque el precio final en nuestro país no se ha hecho público, se estima que podría situarse en torno a los 24.000 euros anuales por paciente. Esta inversión, multiplicada por el número potencial de usuarios, plantea un desafío significativo para las cuentas públicas.

Pero el debate no se limita a una cuestión económica. La implementación de Leqembi exige una transformación organizativa en los servicios de Neurología. Se trata de un tratamiento intravenoso que requiere administración periódica en hospitales de día, lo que implica la necesidad de recursos físicos y humanos adicionales. A esto se suma la complejidad del seguimiento clínico. Los pacientes deben someterse a pruebas diagnósticas y de control como resonancias magnéticas o test genéticos, lo que incrementa la carga asistencial en un sistema ya tensionado.

REACCIONES: DECEPCIÓN Y PREOCUPACIÓN

La decisión de la CIPM ha sido recibida con decepción por parte de médicos, pacientes y entidades sociales. Para muchos, supone una oportunidad perdida de incorporar una innovación terapéutica que, aunque no cura, sí permite ganar tiempo, un recurso especialmente valioso en una enfermedad progresiva.

Las asociaciones de pacientes han insistido en que no se puede medir el impacto de estos tratamientos únicamente en términos económicos. El retraso en la progresión del Alzheimer puede suponer más años de autonomía, menor carga para los cuidadores y una mejor calidad de vida, factores que también tienen un impacto social y sanitario.

Desde el ámbito clínico, algunos especialistas señalan que la decisión refleja la dificultad de integrar la innovación en sistemas sanitarios públicos, especialmente cuando los beneficios, aunque relevantes, no son inmediatos ni universales.

Este rechazo se produce en un momento especialmente significativo para la investigación en Alzheimer. Además de lecanemab, donanemab había recibido el visto bueno de la EMA. Paralelamente, continúan desarrollándose nuevas líneas de investigación que apuntan a futuros tratamientos más eficaces y accesibles.

Desde el movimiento asociativo, se insiste en que estamos ante un momento histórico. Tras años de estancamiento, los avances científicos comienzan a traducirse en opciones terapéuticas reales, lo que obliga a replantear el abordaje de la enfermedad. En este contexto, se subraya la importancia de actuar con rapidez. El tiempo es un factor crítico en el Alzheimer, y retrasar el acceso a tratamientos puede significar perder oportunidades de intervención en fases clave.

Las familias ante la decisión de la Comisión Interministerial de Precios del Medicamento

LA DECLARACIÓN DE IBIZA, UNA INTERESANTE HOJA DE RUTA

Si nos remontamos al Congreso Nacional y el XV Congreso Iberoamericano de Alzheimer, celebrado en noviembre en Ibiza, la entidad organizadora, la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias (Ceafa), puso de manifiesto la necesidad de adaptar el sistema a este nuevo escenario. Uno de los principales mensajes fue la urgencia de reconocer la dependencia desde el momento del diagnóstico. La enfermedad, que afecta directamente a más de 1,2 millones de personas en España y a cerca de cinco millones si se incluyen familiares y cuidadores, requiere una respuesta integral que vaya más allá del ámbito sanitario.
La llamada Declaración de Ibiza –que se presentó en el foro– establece una hoja de ruta clara. En ella se insta a las Administraciones a garantizar el acceso equitativo a los nuevos tratamientos, independientemente del lugar de residencia. También se pide a los profesionales sanitarios que impulsen un cambio cultural que supere la visión fatalista del Alzheimer, tradicionalmente considerada una enfermedad sin opciones terapéuticas.

Además, se subraya la necesidad de seguir invirtiendo en investigación, no solo para mejorar la eficacia de los tratamientos actuales, sino también para desarrollar nuevas terapias que amplíen el número de pacientes beneficiarios.

El documento también pone el foco en la importancia de la concienciación social. Informar a la población sobre los avances en diagnóstico y tratamiento es clave para generar apoyo y exigir respuestas a las Administraciones.

AVANZAR SIN DEMORA

Otras entidades como la Fundación Pasqual Maragall han mostrado su preocupación por la decisión de no financiar el lecanemab, insistiendo en la necesidad de evaluar con rigor, pero también con agilidad, la incorporación de nuevas terapias al sistema público. Desde estas organizaciones se destaca que, aunque los tratamientos actuales no son una solución definitiva, representan un avance significativo y deben ser considerados dentro de una estrategia global contra el Alzheimer. También recuerdan que el envejecimiento de la población hará que el número de casos siga aumentando.

España, que podría convertirse en 2040 en el país más envejecido del mundo, deberá enfrentarse a este reto con políticas transversales que integren sanidad, dependencia e investigación.

EL DILEMA: SOSTENIBILIDAD VERSUS INNOVACIÓN

La decisión sobre Leqembi pone de manifiesto una tensión creciente en los sistemas sanitarios: cómo equilibrar la sostenibilidad económica con la incorporación de la innovación.

Por un lado, existe la necesidad de garantizar el acceso a tratamientos que pueden mejorar la vida de los pacientes. Por otro, la obligación de gestionar recursos limitados de forma eficiente. Este dilema no tiene una solución sencilla. Pero lo que parece claro es que el Alzheimer ha dejado de ser una enfermedad sin opciones, y que el sistema sanitario deberá adaptarse a esta nueva realidad.

La negativa a financiar Leqembi no cierra el debate, sino que lo abre. La llegada de nuevos tratamientos es solo el principio de una transformación más profunda en la atención a esta dolencia.

La cuestión ya no es si habrá opciones terapéuticas, sino cómo se integrarán en el sistema y quién podrá beneficiarse de ellas. En este contexto, la colaboración entre Administraciones, profesionales y movimiento asociativo será clave.