La Universidad de Salamanca, a través del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (Cenie) ha presentado el informe El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España, una investigación que plantea la necesidad de reconocer el Derecho al Cuidado como derecho social y de consolidar los cuidados de larga duración como cuarto pilar del Estado del bienestar. El trabajo se enmarca en el proyecto Iberlongeva, aprobado dentro del Programa Interreg VI-A España-Portugal —POCTEP— 2021-2027 de la Unión Europea.

El estudio analiza si España garantiza de forma efectiva el derecho a recibir cuidados cuando una persona los necesita, especialmente en contextos de dependencia, envejecimiento y pérdida de autonomía. Para ello, examina el funcionamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), la suficiencia de los apoyos públicos, el peso de los cuidados informales y el impacto económico de reforzar las políticas de cuidados de larga duración.

Nacho Álvarez y Jorge Uxó, codirectores del estudio han presentado sus principales conclusiones:

1. Los cuidados de larga duración deben estar en el centro de la renovación del Estado del bienestar. Los cuidados no pueden seguir entendiéndose solo como una responsabilidad privada o familiar, sino como un derecho social, un bien público esencial y una cuestión estratégica para la cohesión social, la igualdad y la economía.

2. Se han producido avances importantes en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), pero se advierte de que su consolidación sigue incompleta. Entre 2017 y 2025, las prestaciones del sistema se duplicaron y, desde 2015, el denominado “limbo de la dependencia” se redujo en más de un 70%. Sin embargo, persisten plazos de acceso cercanos al año y una brecha de cuidados del 72,4% entre las personas mayores de 65 años con alguna limitación en su vida diaria, y del 63,1% entre quienes presentan limitaciones severas.

3. La inversión en dependencia no debe entenderse como un mero coste, sino como una política pública con retorno social, económico y fiscal. El informe estima que, en 2023, cada euro destinado a prestaciones de dependencia generó alrededor de 1,6 euros de impacto sobre el PIB. Además, cerca de la mitad del gasto inicial retornó a las administraciones públicas a través de impuestos y cotizaciones sociales: por cada euro invertido, se recuperaron aproximadamente 49 céntimos, reduciendo de forma significativa el esfuerzo fiscal neto.

4. Para reducir la brecha de cuidados, se propone una hoja de ruta basada en inversión sostenida, coordinación entre administraciones, estándares comunes, refuerzo de la atención domiciliaria y comunitaria, profesionalización del sector y un modelo centrado en la persona. De cara a 2030, estima que reforzar el SAAD exigiría aumentar la inversión en torno a 0,6 puntos del PIB, con un efecto potencial de cerca de 430.000 nuevos empleos y un aumento de los ingresos públicos equivalente a 0,30 puntos del PIB.

EL SAAD: AVANCES RELEVANTES, PERO CONSOLIDACIÓN INCOMPLETA

El estudio reconoce que el SAAD ha experimentado avances significativos en los últimos años. A finales de 2025, las administraciones autonómicas habían reconocido a 1.726.288 personas en situación de dependencia. De ellas, 1.610.266 recibían ya 2.274.461 prestaciones de servicio o económicas. Asimismo, el informe destaca que el denominado “limbo de la dependencia”, personas con derecho reconocido que aún no reciben prestación efectiva, se ha reducido en más de un 70% desde 2015, pasando de más de 384.000 personas a algo más de 107.000 a finales de 2025.

Pese a estos avances, el estudio advierte de que el sistema mantiene limitaciones estructurales. El proceso de acceso al SAAD sigue tardando, de media, cerca de un año, frente al plazo legal de seis meses. Esta demora, unida a la insuficiente intensidad de algunos servicios y a la persistencia de desigualdades territoriales, impide que el derecho reconocido se traduzca siempre en un derecho efectivo.

El informe estima que el 72,4% de las personas mayores de 65 años con alguna limitación en su vida diaria no recibe atención efectiva del SAAD. En el caso de las personas mayores con limitaciones severas, la brecha de cuidados se sitúa en el 63,1%. Además, entre quienes sí reciben cuidados del sistema, el 28% considera que los apoyos recibidos son insuficientes para responder a sus necesidades.

Ante este diagnóstico, Nacho Álvarez, codirector del estudio, ha señalado que “España ha construido su Estado del Bienestar sobre tres patas (sanidad, educación y pensiones), pero la cuarta pata, los cuidados de larga duración, no ha avanzado al mismo ritmo. Renovar el Estado del Bienestar pasa por hacer efectivo el Derecho al Cuidado como un derecho exigible, en la realidad de las prestaciones y los servicios”.

Por su parte, Jorge Uxó, también codirector del informe, ha añadido que “el cuidado informal equivale a unos 3,2 millones de empleos a tiempo completo y, en los últimos 20 años, las horas dedicadas se han multiplicado por 2,5. Ponerlo en valor significa reconocer un volumen cercano al 4% del PIB. Parte importante del estudio es poner de manifiesto la importancia económica de invertir en cuidados, no mirarlo solo como gasto o coste, sino como un proyecto de país”.

RENOVAR EL ESTADO DEL BIENESTAR DESDE LOS CUIDADOS

El estudio plantea que los cuidados de larga duración deben situarse al mismo nivel que la sanidad, la educación o las pensiones, como parte de una renovación necesaria del Estado del bienestar. La creación del SAAD supuso un avance histórico al reconocer un derecho subjetivo en situaciones de dependencia, pero el informe sostiene que este cuarto pilar permanece todavía infradesarrollado.

Desde el enfoque del Derecho al Cuidado, el informe defiende que ninguna persona debería verse privada de los cuidados necesarios, ni ninguna debería verse obligada a cuidar en condiciones injustas. Esto exige reforzar la financiación, mejorar la gobernanza, reducir los tiempos de acceso, profesionalizar el sector, ampliar los servicios domiciliarios y comunitarios, y avanzar hacia un modelo de atención centrado en la persona.

El documento también advierte de que el sistema español sigue descansando en gran medida sobre cuidados informales, realizados principalmente en los hogares y asumidos de forma mayoritaria por mujeres. Según el estudio, estos cuidados informales tienen una magnitud económica equivalente al 3,6%-4,7% del PIB, aunque permanecen en buena parte invisibilizados en las estadísticas oficiales.

El informe alerta de fuertes desigualdades territoriales en el funcionamiento del SAAD, con diferencias relevantes en cobertura, tiempos de tramitación, intensidad de los servicios, copagos y gasto público por persona beneficiaria. Estas brechas condicionan el acceso efectivo al Derecho al Cuidado en función del lugar de residencia. Para reducir esas diferencias, el estudio recomienda reforzar la coordinación entre administraciones, establecer estándares comunes y avanzar hacia una “descentralización gobernada”: un modelo capaz de respetar la gestión autonómica, pero garantizando al mismo tiempo niveles comparables de acceso, calidad y suficiencia en todo el territorio.

El informe subraya, además, que mejorar el sistema no consiste únicamente en aumentar horas o cuantías, sino en transformar el modelo. La atención debe orientarse hacia servicios profesionales, apoyos domiciliarios y comunitarios, asistencia personal, accesibilidad en la vivienda, productos de apoyo, alternativas residenciales más personalizadas y mecanismos que permitan adaptar los cuidados al proyecto de vida de cada persona.

POTENCIAL ECONÓMICO

Desde la perspectiva de la Economía de los Cuidados, el estudio analiza el impacto económico de la inversión pública en dependencia y concluye que el debate no debe centrarse solo en cuánto cuesta el sistema, sino también en qué capacidad tiene para generar bienestar, actividad, empleo e ingresos públicos.

En concreto, el informe estima que en 2023 un gasto inicial de 10.623 millones de euros en prestaciones de dependencia generó un impacto total de 17.260 millones de euros sobre el PIB, lo que implica un multiplicador económico cercano a 1,6. Además, una parte sustancial de esa inversión retorna a las administraciones públicas a través de impuestos y cotizaciones sociales, reduciendo de forma significativa el esfuerzo fiscal neto.

El estudio también sitúa la economía de los cuidados como un sector laboral de gran relevancia, con cerca de 1,3 millones de empleos en España. No obstante, advierte de que sigue siendo un sector fuertemente feminizado y marcado por mayores tasas de temporalidad, parcialidad y salarios inferiores a la media. La calidad de los cuidados, señala el informe, depende directamente de la calidad del empleo de quienes cuidan.

HOJA DE RUTA HASTA 2030

De cara a 2030, el estudio sostiene que mantener una inversión similar a la actual en dependencia, en términos de PIB, sería insuficiente para responder al cambio demográfico y podría ampliar la brecha de cuidados. Para cubrir el crecimiento previsto de las necesidades y avanzar hacia una cobertura universal, el informe estima necesario incrementar la inversión pública en el SAAD en torno a 0,6 puntos del PIB.

Según las estimaciones del estudio, ese aumento tendría también un efecto económico relevante: podría contribuir a la creación de 430.000 nuevos empleos y generar un incremento de los ingresos públicos equivalente a 0,30 puntos del PIB.

Las recomendaciones del informe se articulan en torno a cinco grandes ejes: reconocer jurídicamente el Derecho al Cuidado; establecer objetivos de reducción de la brecha de cuidados; aumentar de forma sostenida la financiación pública; mejorar la gobernanza y la equidad territorial del SAAD; y transformar el modelo hacia una atención más profesionalizada, domiciliaria, comunitaria y centrada en la persona.

El acto ha reunido a representantes institucionales españoles y portugueses, expertos internacionales y voces del ámbito social, en un programa que ha abordado los retos de los cuidados y su evolución en el contexto europeo. El acto fue abierto por Juan Martín, director del Cenie, quien advirtió que “cuando una sociedad no financia, ordena y reconoce el cuidado, no elimina el coste: simplemente lo desplaza, una factura que hoy recae especialmente sobre las familias, las mujeres, las personas en situación de dependencia y quienes cuidan en condiciones de precariedad”.

Tras Juan Martín ha tomado la palabra Mª del Carmen Hernández Martín, subdirectora General de Cooperación Territorial Europea del ministerio de Hacienda quien ha recordado que “los desafíos hay que trabajarlos desde la cooperación territorial, porque no es un problema solo de España, sino que trasciende fronteras, y este proyecto impulsa la cooperación entre dos territorios y sitúa a las personas para avanzar hacia sociedades más inclusivas, sostenibles y humanas”.

También ha contado con la destacada participación de Jacek Barszczewski, investigador de políticas de salud de la OCDE quien en su intervención ha subrayado que “no se trata de evaluar el sistema español, sino de situar sus retos en un contexto internacional. Casi una de cada cuatro personas mayores en la OCDE necesita cuidados de larga duración y la pregunta es cómo responder a una demanda elevada y creciente con sistemas más accesibles, sostenibles y equilibrados.”

Durante el diálogo ‘El reto de los cuidados’, Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, ha defendido que “el siguiente paso es poner el foco en mejorar la atención domiciliaria y hay que actuar en cuatro niveles, primero, con un cambio de escala con más intensidad, más profesionales y más flexibilidad para adaptarse a necesidades complejas. Segundo, un cambio de enfoque evolucionando hacia un modelo centrado en la persona; tercero, la atención domiciliaria debe formar parte de un ecosistema de cuidados integrado en la comunidad y con el sistema sanitario. Y cuarto, con las condiciones laborales ya que sin profesionales suficientes y con buenas condiciones, estos cambios no serán posibles”.

Por su parte, Luís Pais Antunes, presidente del Conselho Económico e Social de Portugal, ha dicho “estamos trabajando muy próximo con España; el Conselho de Portugal tiene una relación muy estrecha con el Consejo Económico y Social español. Con el Cenie y la Universidad de Salamanca vamos a continuar, y creo que hay espacio para aumentar la cooperación, aunque haya diferencias: no tenemos que hacer lo mismo de la misma manera”, mientras que la escritora, socióloga y economista Brenda Navarro ha puesto el foco en que “un trabajo de cuidado debe tener un precio. Si no entendemos que el trabajo de cuidados tiene un precio real, nos estamos haciendo las preguntas incorrectas sobre qué modelo queremos. Para hablar de cuidados de forma honesta tenemos que preguntarnos cuál es el proyecto de país, ya que la economía formal también depende de la economía informal que sostienen las mujeres dentro de las casas, y eso tiene que entrar en el debate económico y en las políticas públicas”.

En la clausura, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha destacado que “tenemos la oportunidad de dar pasos decididos para construir un sistema público que garantice el derecho al cuidado. La mejor manera de reforzar la democracia es a través de la expansión del sistema de protección social y la construcción de un sistema público universal de cuidados que responda, en la práctica, a las necesidades y a los deseos de la ciudadanía”.

SOBRE EL EQUIPO

El estudio ha sido dirigido por Nacho Álvarez, profesor Titular de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid y codirector del estudio, y Jorge Uxó, profesor Titular de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, y codirector del estudio. En el equipo investigador han participado también Fernando Bermejo, Raúl del Pozo y Pablo Moya, de la Universidad de Castilla-La Mancha; Ricardo Molero y Laura Pérez Ortiz, de la Universidad Autónoma de Madrid; Paloma Villanueva, de la Universidad Complutense de Madrid; y Elia Gómez, de SIIS Centro de Documentación y Estudios, Fundación Eguía Careaga.