La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha decidido mantener su negativa a financiar con fondos públicos los únicos tratamientos que han demostrado ya su eficacia en otros países en personas con enfermedad de Alzheimer sintomática temprana. La resolución, adoptada en la reunión celebrada el 15 de julio, confirma la decisión que el Ministerio de Sanidad ya había tomado el pasado mes de mayo y mantiene fuera de la cartera del Sistema Nacional de Salud a donanemab (Kisunla®) y lecanemab (Leqembi), los primeros tratamientos dirigidos a modificar la evolución de la enfermedad. Los fármacos cuentan con autorización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para un grupo concreto de pacientes con deterioro cognitivo leve o demencia leve asociados al Alzheimer. Sin embargo, la falta de acuerdo sobre su financiación pública impide, por el momento, su incorporación al sistema sanitario público.

Tras conocerse la decisión, la Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (Ceafa) expresó su rechazo y calificó la resolución de "injustificable". La organización considera que España vuelve a situarse al margen de la innovación terapéutica al no incorporar un tratamiento que ya está disponible en numerosos países y cuya utilización ha sido avalada por las autoridades reguladoras europeas.

Según la entidad, la decisión afecta especialmente a los pacientes que se encuentran en las fases iniciales de la enfermedad, el momento en el que este tipo de terapias puede resultar más beneficioso. Ceafa advierte además de que el retraso en el acceso puede hacer que muchas personas dejen de cumplir los criterios clínicos para recibir el tratamiento a medida que avanza la enfermedad. La confederación recuerda que esta reivindicación cuenta con el respaldo de diversas sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Española de Neurología, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, la Sociedad Española de Psicogeriatría o la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, que durante el último año han defendido la incorporación de los nuevos tratamientos al Sistema Nacional de Salud dentro del denominado "Decálogo Alzheimer: Diez Compromisos por el Recuerdo".

SENSACIÓN DE DESILUSIÓN Y DE TRAICIÓN

Desde la industria farmacéutica, Lilly –compañía que comercializa donanemab (Kisunla®), uno de los medicamentos– también ha lamentado la decisión. En una carta abierta, el presidente y director general de la compañía para España, Portugal y Grecia, Julio Gay-Ger, aseguró que la resolución "entristece profundamente" porque, a su juicio, detrás del proceso administrativo existen pacientes, familias y profesionales sanitarios que esperan disponer de nuevas herramientas terapéuticas.

Como señala el directivo, si bien “respetamos el papel de las instituciones y los procedimientos que rigen este proceso (…), la decisión conocida hoy nos sorprende y desilusiona”. El directivo recordó que donanemab es fruto de más de tres décadas de investigación sobre la enfermedad de Alzheimer y destacó que se trata de una terapia diseñada para actuar sobre uno de los mecanismos implicados en la patología. Según los datos aportados por la compañía, en la población europea el tratamiento ha demostrado reducir un 38% el riesgo de progresión al siguiente estadio clínico y un 48% el riesgo de evolucionar hacia una demencia moderada frente a placebo.

Lilly subraya además que, durante el proceso de evaluación, mantuvo conversaciones con el Ministerio de Sanidad para facilitar la incorporación del medicamento al sistema público y asegura haber planteado distintas alternativas con el objetivo de favorecer un acceso equitativo.
Mientras continúa el debate sobre una posible financiación futura, la compañía ha anunciado que donanemab estará disponible en el ámbito sanitario privado para aquellos pacientes que, tras la valoración de un especialista, cumplan los criterios clínicos establecidos. Asimismo, recuerda que durante el proceso de evaluación mantuvo activo un programa de acceso temprano que permitió tratar a algunos pacientes españoles.

Por su parte, Ceafa sostiene que la decisión también tiene implicaciones económicas y sociales. La organización recuerda que el cuidado de una persona con Alzheimer avanzado supone un elevado coste para las familias y considera que facilitar el acceso precoz a tratamientos capaces de ralentizar la progresión de la enfermedad podría contribuir a retrasar la dependencia y reducir parte de esa carga asistencial.

La entidad también muestra su profunda decepción ante esta decisión. “Ahora quien está fallando es la política. Los Gobiernos no pueden seguir escondiéndose detrás de los procedimientos. Lo que hoy está decidiendo no es un expediente administrativo, sino qué pacientes llegarán a tiempo a un tratamiento y cuáles ya nunca podrán hacerlo. (…) Después de más de un año de reuniones con ministerios, comunidades autónomas y responsables públicos, hoy comprobamos que muchos de aquellos apoyos eran papel mojado. Eso constituye una traición histórica a las personas con Alzheimer y un desprecio absoluto a su dignidad", afirma Jesús Rodrigo, CEO y director ejecutivo de la confederación.

Finalmente, Ceafa anuncia que intensificará todas las acciones institucionales, políticas y sociales necesarias hasta revertir esta decisión.