El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico de las entidades del Tercer Sector de Acción Social colaboradoras con la Administración General del Estado. Esta norma es un mandato de la ley 43/2015, del Tercer Sector de Acción Social, y responde una de las principales demandas del Tercer Sector de Acción Social durante la última década.

En concreto, el texto establece unos requisitos para que las entidades puedan obtener el reconocimiento de entidad colaboradora con la AGE, fortaleciendo el papel del tercer sector como interlocutor esencial en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas sociales, al tiempo que impulsa una colaboración más estable y eficaz entre las Administraciones públicas y la sociedad civil organizada.

Entre los requisitos que se establecen para acceder a esta distinción de entidad colaboradora se encuentran los de desarrollar actividades de interés general, tener una antigüedad mínima de cinco años, no retribuir a los miembros de los órganos de representación con cargo a fondos y subvenciones públicas, disponer de estructura y medios suficientes o haber obtenido el certificado de un sistema de evaluación de la calidad y mejora continua.

La norma, además, crea la Comisión de Evaluación integrada por representantes de diez ministerios, que será el órgano encargado de valorar las solicitudes y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Esta comisión estará presidida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales.

Las entidades que obtengan este reconocimiento podrán beneficiarse de medidas dirigidas a reforzar su sostenibilidad y mejorar su relación con la Administración General del Estado. Entre ellas se encuentran la simplificación documental en los procedimientos de solicitud de subvenciones y ayudas públicas, la posibilidad de suscribir convenios u otros instrumentos específicos de colaboración y el uso de un distintivo oficial que acreditará su condición de entidad colaboradora.

En este sentido, la norma aporta seguridad jurídica y favorece un modelo de gobernanza social más participativo, que reconoce el valor de la sociedad civil como aliada estratégica de las instituciones públicas. Derechos Sociales destaca que esta norma “asegura un desarrollo armónico de las políticas sociales, una identificación correcta de las necesidades de los grupos afectados y un óptimo aprovechamiento de los recursos”.

El real decreto también establece un sistema de supervisión y control que será ejercido por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Las entidades reconocidas deberán presentar anualmente una memoria de actividades y estarán sujetas a un Plan de Evaluación y Control. Asimismo, se contempla un procedimiento para revocar el reconocimiento cuando se detecten incumplimientos o irregularidades.

Otro de los aspectos relevantes que se incorporan es la regulación de la participación de estas entidades en situaciones excepcionales de necesidad social sobrevenida, como las provocadas por emergencias climáticas, sanitarias o de otra naturaleza que generen una situación de especial vulnerabilidad para la población. En estos casos, la intervención de las entidades colaboradoras se articulará mediante planes de actuación específicos aprobados por la Comisión de Evaluación, reforzando la coordinación con la Administración General del Estado y mejorando la capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias.

La entrada en vigor del real decreto está prevista para el 2 de enero. A partir de esa fecha se abrirá el procedimiento para que las entidades interesadas presenten sus solicitudes a través de la página web del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.