El Congreso ha aprobado definitivamente la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad. Se trata de una actualización necesaria para adaptarse al nuevo contexto social, que amplía derechos, prestaciones y servicios, reduce trámites y camina hacia una atención más personalizada y conectada con su entorno comunitario.

Entre las novedades destaca, por ejemplo, la eliminación del régimen de incompatibilidades, vigente desde 2012. A partir de ahora, las personas podrán combinar diferentes prestaciones y servicios; es decir, obtener una ayuda económica por los cuidados de un familiar y, a mismo tiempo, acudir a un centro de día o recibir atención domiciliaria. De esta manera, se abre la puerta a itinerarios de cuidados adaptados a cada situación, en lugar de obligar a elegir entre unos recursos que nunca sobraron y siempre fueron compatibles.

La reforma también incorpora nuevos servicios y apoyos en viviendas y reconoce la teleasistencia –que ahora se extiende más allá del hogar– como un derecho universal, que podrán reclamar todas las personas con dependencia, incluidas aquellas con demencia a las que hasta ahora dejaba fuera. La ley incluye, también, en su catálogo de servicios, una nueva asistencia personal, así como una ayuda a domicilio que podrá extenderse al entorno cercano, facilitando actividades cotidianas como acudir a una cita médica o hacer la compra.

Otro aspecto relevante será la creación de una prestación o servicio transitorio para personas con grados II y III. En este caso, cuando el recurso que les corresponde no esté disponible, podrán recibir temporalmente una alternativa acorde con sus preferencias, sin tener que aceptar necesariamente otra opción que no desean. Además, los servicios sociales pasan a considerarse esenciales, un reconocimiento que refuerza su papel en la atención a las necesidades básicas y urgentes de la población.

No obstante, ampliar derechos sobre el papel no garantiza, por sí solo, que estos lleguen a quienes los necesitan. Además de mejorar la coordinación sociosanitaria y rebajar los tiempos de espera –la ley pretende reducir de seis a tres meses el plazo desde que se presenta la solicitud hasta que se concede la prestación–, la financiación será, de nuevo, determinante.

La reforma incorpora la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la inversión del sistema. A este compromiso, se añade una inyección extraordinaria de 6.200 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027. Es un esfuerzo sin precedentes, que aumenta la cuantía para la dependencia hasta sus máximos históricos, pero que deberá traducirse en mejoras reales, tangibles y, sobre todo, sostenibles desde la perspectiva económica.

Desde el sector, las asociaciones y patronales han recibido la reforma con agrado, pero siguen apuntando hacia los desafíos que deberá combatir el Estado: la falta de profesionales, la desigualdad de recursos entre comunidades, los tiempos de respuesta, las listas de espera, la necesidad de mejorar las condiciones laborales o la revisión de las tarifas públicas, entre otras.

La aprobación de la ley no pone fin al camino, más bien, marca el inicio de una nueva senda, una nueva etapa para la dependencia. El reto será convertir cada derecho ganado en un apoyo efectivo y garantizar, esta vez sí, la posibilidad de decidir realmente cómo, dónde y con quién recibir nuestros cuidados.