El próximo 29 de noviembre, las urnas decidirán la composición del nuevo Gobierno y, con él, el rumbo político de los próximos años. En vísperas de la decisiva cita electoral, las principales organizaciones del movimiento asociativo de personas mayores han querido trasladar a los partidos políticos una serie de propuestas que deberían encontrar espacio en sus programas. Sus reivindicaciones abarcan temas conocidos como los cuidados, las pensiones, la vivienda, el empleo, la salud o la lucha contra el edadismo. Todos ellos, ámbitos distintos, pero estrechamente relacionados con la garantía de una vida digna.

En realidad, buena parte de estas demandas remiten a una misma cuestión: qué modelo de sociedad queremos construir para una población que vive cada vez más años. HelpAge International España reclama dejar de contemplar la longevidad como un problema y, más bien, como una realidad para la que debemos prepararnos. Una mirada que debe traducirse en políticas concretas, subrayan en Ceoma, que piden compromisos “valientes, medibles y financiables” frente a respuestas genéricas y promesas sin plazos.

La primera mejora, necesariamente, pasa por los cuidados. La iniciativa ‘Soy Mayor, Soy Como Tú’, impulsada por cinco organizaciones del sector, recuerda que España destina alrededor del 1% de su PIB a los cuidados de larga duración y exige elevar esa inversión al 2%. Además, dicen las entidades que no se trata solo de aumentar las partidas presupuestarias, ya que importa que lleguen a las personas que las necesitan y que mejoren los servicios. Desde luego, el sistema no podrá sostenerse mientras quienes cuidan, en su mayoría mujeres, sigan soportando buena parte de su peso y en condiciones precarias. Más de 600.000 personas trabajan en los cuidados de larga duración en España y el 83% son mujeres. Dignificar el sector, mejorar sus salarios y estabilizar el empleo es la política de igualdad prioritaria.

Otra de las grandes preocupaciones de estas entidades es la vivienda, que en ciertos aspectos está relacionada con la posibilidad de envejecer en el hogar y con los apoyos necesarios. Para ello, hay que tener en cuenta la accesibilidad, así como facilitar la rehabilitación de las casas y mejorar la protección frente a situaciones de vulnerabilidad. Todas estas acciones deben formar parte de las políticas de envejecimiento: proponiendo más alternativas habitacionales para las personas mayores y más recursos comunitarios para mantener sus vínculos y autonomía. Es decir, la institucionalización no pude ser la única respuesta.

Para poder llevar a término todas estas políticas, las asociaciones no se olvidan de la financiación. HelpAge y Ceoma coinciden en demandar un sistema público de pensiones sostenible y equitativo, que se revalorice anualmente con el IPC. Junto a estas directrices, deben añadirse medidas que favorezcan el empleo de las personas mayores de 55 años, así como combatir la discriminación por edad en el trabajo o facilitar la jubilación flexible. Si defendemos una vida activa y participativa para los sénior, entonces no podemos expulsarlos prematuramente del mercado laboral.

Las asociaciones incluyen en sus propuestas, además, la mejora de los servicios de geriatría y gerontología en los centros sanitarios públicos y combatir la soledad y la brecha digital. Todas estas reclamaciones forman parte de una misma transformación social.

Por eso, el próximo Gobierno, sea cual sea su signo político, tendrá que dar continuidad a los últimos avances legislativos, evitando retrocesos en el sistema de dependencia o en las pensiones y manteniendo una inversión sostenida. Las políticas que se dirigen a las personas mayores no pueden reinventarse con cada legislatura ni depender de vaivenes electorales. Precisamos acuerdos amplios, planificación a largo plazo y financiación estable. Necesitamos, resumiendo, una política de Estado a la altura de la nueva realidad demográfica, que ya no admite respuestas tibias, ni puede aplazarse.