En un país sepultado por una crispación social sofocante, donde el debate público parece haber quedado reducido a la trinchera y al reproche partidista diario, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) acaba de completar su tramitación en el Congreso de los Diputados. La reforma sale finalmente adelante, sí, pero lo hace ajustada por la mínima, entre fracturas parlamentarias y sin el consenso general que una norma de este calado humano y social exigía. Haber convertido un pilar del bienestar en un terreno de enfrentamiento en lugar de un espacio de entendimiento deja un sabor amargo: hemos vuelto a anteponer el cálculo de siglas al deber ético de proteger a las personas en situación de dependencia con una sola voz.

Conviene no pecar de amnesia. Desde su promulgación en 2006, la Ley de Dependencia ha sido una historia de luces, pero también de sangrantes sombras, vaivenes políticos, recortes presupuestarios y un ahogo financiero que convirtió un derecho teórico sobre el papel en un calvario burocrático real. Las eternas "listas de la vergüenza" y las cuantías insuficientes han demostrado durante dos décadas que aprobar leyes sin un respaldo blindado y sin recursos es condenar el bienestar social al fracaso. Ciertamente, el texto aprobado introduce, entre otros, dos avances clave: la redefinición de la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS) para garantizar la libre elección de la persona usuaria y el compromiso de que la Administración General del Estado asuma el 50% del gasto certificado, aliviando la carga del 73% que venían soportando las comunidades autónomas.

Sin embargo, que una transformación de este nivel se apruebe en medio de un clima de polarización donde todo vale para el ataque político genera una profunda decepción. Produce impotencia constatar la absoluta falta de una visión de futuro compartida, capaz de situarse al margen de la coyuntura electoral y de las batallas partidistas de desgaste. Este estado general de crispación sofoca cualquier posibilidad de articular grandes proyectos de país; convertir las necesidades de las familias en munición de trinchera degrada la política y desprotege a quienes no pueden permitirse el lujo de depender de la estabilidad de un bloque de votación.

Nadie debería llamarse a engaño: una ley aprobada por la mínima nace frágil si no cuenta con la implicación sincera de todas las fuerzas políticas que deben sostenerla. Precisamente por ello, resulta absolutamente fundamental un acuerdo estratégico de Estado que garantice y blinde el desarrollo de la ley, consolidando sus fondos y su despliegue gobierne quien gobierne, por encima de ideologías y siglas políticas. Un pacto de esta envergadura exige, además, gestos inequívocos y mensajes rotundamente claros a la ciudadanía. La sociedad necesita percibir, sin resquicio de duda ni cálculos electorales, que la protección a la dependencia no es un trofeo partidista, sino un compromiso colectivo e inquebrantable de Estado que nos vincula a todos.

Mirar al ámbito internacional confirma que la sostenibilidad de la atención social requiere cimientos institucionales a prueba de vaivenes electorales. Las experiencias europeas más avanzadas demuestran que los sistemas de cuidados sólidos no se construyen sobre victorias parlamentarias pírricas, sino sobre fondos estructurales protegidos por ley que garantizan una financiación continuada y universal. Del mismo modo, los modelos comunitarios de atención domiciliaria con mejores resultados llevan décadas funcionando porque se asentaron sobre un compromiso presupuestario estable y con un suelo de financiación pública inquebrantable, fruto del acuerdo amplio y sincero entre distintas fuerzas políticas.

Tras 20 años de bandazos y promesas a medias, las personas en situación de dependencia y sus familias no merecen normas precarias ni tacticismos de corto alcance. Aprobar la reforma es solo el punto de partida; la verdadera prueba de fuego será evitar que este avance sea saboteado por la inercia del enfrentamiento partidista, donde la lucha entre siglas se impone sistemáticamente al bienestar de los ciudadanos.

Es hora de exigir a la clase política que abandone la trinchera electoral, supere la polarización ideológica y asuma un compromiso estratégico, duradero e inexpugnable que garantice que la dignidad humana esté, de una vez por todas, fuera del alcance del ruido y del cálculo político.