La aprobación de la reforma de la Ley de Dependencia abre una nueva etapa para el sistema de cuidados en España y el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) fue la primera voz del sector en aplaudir los avances que incorpora el nuevo texto, aunque, con reservas, advierten de que su aprobación eleva, al mismo tiempo, la urgencia de afrontar problemas estructurales que llevan años condicionando el desarrollo de la dependencia y que ahora pueden comprometer la aplicación efectiva de las nuevas medidas.

“La aprobación de la reforma de la Ley de Dependencia supone, sin lugar a dudas, un avance que va a repercutir en la mejora de la calidad de vida de las personas atendidas, de sus familias y de los trabajadores del sector. Pero este punto positivo no puede despistarnos de los importantes retos que tenemos y que están condicionando la propia viabilidad del sector”, advierte Rafael Sánchez-Ostiz, presidente de CEAPs, para quien, si no se resuelven esos problemas, “se corre el riesgo de ampliar derechos sin disponer de capacidad suficiente para hacerlos efectivos”.

El reto más urgente es resolver la falta de profesionales que ya condiciona la capacidad para prestar servicios y que, si no se resuelve, dificultará el desarrollo de los nuevos derechos que incorpora la reforma. CEAPs pide que se abran vías reales para resolver ese déficit: formación, reconocimiento de competencias ya adquiridas, homologación ágil de títulos extranjeros y, sobre todo, que los procesos de regularización de personas migrantes se conviertan en una oportunidad de incorporación al sector, con recursos públicos para formar y acreditar a quienes quieran trabajar en él.

Otro problema estructural que la reforma no resuelve es la desigualdad entre comunidades autónomas. “Los recursos que dedica cada autonomía al sector de dependencia son muy dispares y eso ha generado importantes diferencias en recursos, servicios, prestaciones y tiempos de respuesta en función de dónde se viva”, denuncia el presidente de CEAPs, quien añade que reducir esa brecha requiere una mayor coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.

Por su parte, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste) aprovecha el momento para reclamar a las comunidades autónomas que, en la elaboración de sus presupuestos, la nueva financiación estatal para la dependencia se traduzca en una revisión de las tarifas públicas y el refuerzo de las prestaciones vinculadas al servicio, lo que influiría decisivamente en una mejora de las condiciones laborales de los profesionales del sector.

Insisten, desde la asociación, en que la financiación adicional del Estado suponga un incremento neto de los recursos destinados a la dependencia por parte de las comunidades autónomas, "sin desplazar el esfuerzo presupuestario que estas ya realizaban, y que llegue de forma efectiva al sistema".

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) también se suma a la valoración positiva de esta aprobación definitiva, no obstante, advierte de que “el éxito de la reforma no se medirá por el número de derechos reconocidos en el BOE, sino por la capacidad de las Administraciones para hacerlos efectivos en la vida diaria de las personas”.

La organización considera que la nueva ley puede suponer un avance histórico para el sistema de cuidados y apoyos, pero alerta de que el incremento de derechos no viene acompañado de garantías suficientes sobre la financiación futura necesaria para hacerlos realidad de forma homogénea en toda España, una preocupación que CEDDD viene trasladando desde el inicio de la tramitación de la reforma.

CEDDD recuerda que España continúa arrastrando importantes problemas estructurales en la atención a la dependencia y la discapacidad, especialmente las listas de espera, los retrasos administrativos y las enormes diferencias territoriales en el acceso a los servicios y prestaciones. "El código postal no puede seguir determinando la calidad de los derechos. Las desigualdades entre comunidades autónomas y las listas de espera continúan siendo una de las mayores vergüenzas de nuestro país”, denuncia la vicepresidenta de CEDDD, Mar Ugarte.

Por ello, CEDDD reclama que la aplicación de la nueva ley incorpore indicadores públicos de cumplimiento y objetivos verificables para todas las Administraciones competentes.

Desde Aeste elevan la voz a que "nada de ello será posible sin una colaboración público-privada sólida, imprescindible para absorber el crecimiento de la demanda y sostener una red suficiente de servicios. Las empresas del sector aportan capacidad asistencial, inversión, innovación, empleo y presencia en el territorio, y necesitan a su vez un marco económico estable para seguir haciéndolo". Y recuerdan que "invertir en cuidados es, además, rentable para el conjunto de la sociedad, ya que cada euro invertido en dependencia genera 1,6 euros de actividad económica y cerca de la mitad del gasto público retorna a las administraciones a través de impuestos y cotizaciones sociales".