La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, compareció recientemente ante la Comisión de Familia de las Cortes regionales para explicar cómo afectan a las personas en situación de dependencia las modificaciones introducidas por el Gobierno de España, mediante Real Decreto Ley, en el sistema de atención a la dependencia. Asimismo, Marcos también informó sobre las medidas adoptadas -y consensuadas con el Diálogo Social y el sector de personas con discapacidad y atención a personas mayores de Servicios Sociales- para salvaguardar el sistema en Castilla y León “con los mismos niveles de eficacia que hasta ahora”. Milagros Marcos no ocultó que la situación es complicada, por lo que, según aseguró, se requieren “medidas valientes” para lograr la viabilidad de la Dependencia. A la histórica falta de financiación de la Ley por parte del Estado -cifrada en más de 457 millones de euros desde 2008 para Castilla y León-, a unos criterios de reparto “injustos” y a una falta de desarrollo normativo común para toda España, se unen las enormes desviaciones sobre las previsiones del número de personas con gran dependencia plasmadas en el Libro Blanco de la Dependencia (el doble de lo previsto en la Comunidad). La falta de financiación y el propio modelo de financiación, que fija la misma cuantía con independencia de qué prestación se conceda, han generado un importante problema en el sector de los Servicios Sociales, traducido en un “abuso” en la concesión de prestaciones por cuidados en el entorno familiar en todo el conjunto del país, que ha puesto en riesgo el principio fundamental de la propia Ley: garantizar la atención profesional. Estas deficiencias históricas se han visto acrecentadas por la fuerte crisis económica actual que ha provocado la supresión del nivel acordado de financiación y la reducción de las cuantías del nivel mínimo garantizado, decretados por el Gobierno.

Rápida reacción
Todo ello ha obligado a Castilla y León a reaccionar de “forma rápida” para redefinir su sistema de atención a la Dependencia, tratando de transformar la complicada situación en una oportunidad. Aunque Castilla y León, a diferencia de la media del país, atiende a las personas en situación de dependencia prioritariamente a través de servicios (68,3%, frente al 54,8% del promedio nacional), la Consejería se ha propuesto que realmente las ayudas por cuidados familiares sean una excepción, como marcan los principios básicos de la Ley desde su nacimiento. Y eso, a pesar de que la apuesta de la Comunidad por los servicios genera “mayores costes” para Castilla y León, por resultar más caros que las prestaciones por cuidados familiares. De hecho, la consejera detalló que la atención supone cerca de un 16% más de coste para la Comunidad que para el promedio de España.

Tres razones
Tres son las razones por las que la Consejería realiza esta apuesta: garantizar la atención profesional en el sistema de Servicios Sociales, permitir la supervivencia de una red de servicios, que actualmente tiene un 22% de plazas vacantes, e impulsar un sector que ha demostrado ser generador de empleo y en el que actualmente trabajan más de 35.000 profesionales. En opinión de Milagros Marcos, “no adoptar en este momento las medidas necesarias, por duras que puedan parecer, pondría en riesgo el sistema de bienestar, destruiría la red de recursos, de empleos, así como la esperanza de la atención futura para quienes más lo necesitan”.

Medidas concretas
Ante el nuevo escenario legal y presupuestario, la consejera detalló las medidas concretas aprobadas y que buscan primar los servicios y hacer menos atractivas las ayudas por cuidados familiares para incentivar la atención profesional. Además, se han revisado los criterios de copago de los servicios privados financiados desde la Junta para que sean semejantes a los de un servicio público. Junto a esto, y de acuerdo con el sector, se establece un precio máximo de referencia para cada servicio con la idea de que sean accesibles a todas las personas, y se fijan unos criterios de calidad. Asimismo, la Consejería se ha comprometido a acercar los servicios al ciudadano mediante el desarrollo de los centros multiservicios, especialmente en el medio rural. Este nuevo modelo pretende que desde una residencia se proporcione a la población cercana servicios como teleasistencia, ayuda a domicilio, catering, lavandería, comedor, centro de día o atención residencial. Además, Familia e Igualdad de Oportunidades ha decidido incrementar la cartera de servicios para quienes permanecen en su hogar con dos nuevas prestaciones: el servicio de promoción de la autonomía personal y el de asistencia personal. Si, como pretende la Consejería, gran parte de esas 25.000 personas que ahora son cuidados por sus familiares solicitaran ser atendidos por profesionales, el sector podría sumar 11.000 nuevos empleos en atención en el domicilio o 16.755 puestos si fuera atención residencial. Lo que no cambia en Castilla y León con estas reformas son el procedimiento, ni la organización. Tampoco lo  hace el régimen de compatibilidades entre prestaciones, ni los criterios para el cálculo de la capacidad económica y para el copago, como destacó Milagros Marcos, quien también repasó los datos que han situado a esta Región a la cabeza en la aplicación de la dependencia, según dicen los expertos.