Familia aplicará la Renta Garantizada a 6.500 castellanos y leoneses en el primer año
Los nuevos perceptores reciben, de media, una nómina de 537 euros mensuales, aunque ésta puede verse incrementada hasta un 130% del Iprem (692 euros)
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, realizó un balance del primer año de aplicación del derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía, que nació para cubrir las necesidades básicas de subsistencia de las familias de la Comunidad.
Durante la presentación, explicó que, en este periodo, 6.426 castellanos y leoneses se convirtieron en perceptores de este último peldaño de protección social. La Renta Garantizada no sólo beneficia a quienes presentaron la solicitud, sino a toda su unidad familiar, lo que supone que la Consejería de Familia atiende las necesidades básicas de subsistencia de más de 15.480 personas, con un promedio de 2,41 beneficiarios por cada unidad familiar.
La entrada en vigor de este nuevo derecho en Castilla y León suscitó una gran expectación, como lo demuestra que 82.523 castellanos y leoneses solicitaran información sobre esta nueva prestación desde finales de diciembre del pasado año -a razón de 226 peticiones de información al día-. Sin embargo, no todas las peticiones de información se materializaron en la presentación de una instancia. Sólo un 22% de las personas que demandaron información, en concreto 18.086, presentaron su solicitud para acceder a la ayuda en los 189 centros de acción social o en las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales.
De esta manera, la Consejería resolvió el 85,61% de las solicitudes presentadas, en total 15.483. Las 2.603 solicitudes restantes se encuentran en las distintas fases de tramitación previstas en el procedimiento. De esta forma, 1.044 (el 40 %) están pendientes de que los solicitantes subsanen errores, debido a que la documentación presentada no era correcta o estaba incompleta. Otras 910 (35 %) están en fase de tramitación de la resolución final, mientras que en 388 casos se está realizando el informe social y en otros 261 valorando su capacidad económica. Todas ellas, en cualquier caso, “están en plazo”, según confirmó Milagros Marcos, quien precisó que el compromiso de resolución en el plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud “se está cumpliendo”.
De las 15.483 solicitudes resueltas, el 41,5% cumplía todos los requisitos exigidos o, lo que es lo mismo, 6.426 solicitantes la recibieron en el primer año de aplicación.
Por el contrario, 9.057 solicitantes no reunían todos los requisitos establecidos en la Ley, por lo que su solicitud fue denegada. De hecho, un 53% incumplía los requisitos, ya sea por contar con ingresos, no estar empadronado, no tener escolarizados a sus hijos, no estar inscrito como demandante de empleo o no firmar el Proyecto Individualizado de Inserción. Otro 26% de los solicitantes desistió de continuar con el proceso al pedirles que subsanaran su documentación, y al 21% restante fue imposible localizarlo en su domicilio, ni siquiera a través del Boletín Oficial de Castilla y León.
Una nómina de 537 euros
Los nuevos perceptores recibieron, de media, una nómina de 537 euros mensuales. La consejera de Familia recordó que la cuantía de esta prestación es el 80% del Indicador Público de Rentas Múltiples (Iprem), fijado en 2011 en 426 euros, cuando la unidad familiar tan sólo está formada por una persona. Esta cuantía puede verse incrementada hasta el 130% del Iprem (692 euros), en función del número de miembros de la unidad familiar o de convivencia; un tope al que llegan los hogares compuestos por cinco o más miembros.
El presupuesto inicial asignado a la Renta Garantizada de Ciudadanía en las cuentas generales de la Comunidad para 2011 ascendía a 27 millones de euros, “ampliables”. De hecho, el gasto acumulado de enero a finales de diciembre asciende a 27,73 millones de euros, lo que hace que la aportación de la Junta a esta nueva prestación supere los 2,3 millones de euros cada mes.
La puesta en marcha de este derecho supuso la incorporación de un total de 67 trabajadores, que se sumaron a la dinámica de la sección de prestaciones y se gestionó con un total 127 empleados. La percepción de la Renta Garantizada de Ciudadanía tiene como último fin la inserción social y laboral de los beneficiarios, tal y como precisó Milagros Marcos.
Perfil del perceptor
Mayoritariamente es una mujer que vive en el medio urbano, de entre 25 y 45 años, con cargas familiares, en especial con hijos menores de edad, y de nacionalidad española.
Según los datos que aportó la Consejería de Familia, alrededor del 60% de los beneficiarios son mujeres. En cuanto a la edad, un 30% tiene entre 36 y 45 años; prácticamente el mismo porcentaje de los que tienen entre 25 y 35 años. En el listado de perceptores figura un 18% con una edad comprendida entre los 46 y los 55 años. Los menores porcentajes se observan en personas con 56 y 64 años, con algo menos del 12,5%, o en los jóvenes que no han cumplido aún los 25 años, con un 8,5%. Además, hay 88 mayores de 65 años que perciben esta nueva prestación.
Durante la presentación, explicó que, en este periodo, 6.426 castellanos y leoneses se convirtieron en perceptores de este último peldaño de protección social. La Renta Garantizada no sólo beneficia a quienes presentaron la solicitud, sino a toda su unidad familiar, lo que supone que la Consejería de Familia atiende las necesidades básicas de subsistencia de más de 15.480 personas, con un promedio de 2,41 beneficiarios por cada unidad familiar.
La entrada en vigor de este nuevo derecho en Castilla y León suscitó una gran expectación, como lo demuestra que 82.523 castellanos y leoneses solicitaran información sobre esta nueva prestación desde finales de diciembre del pasado año -a razón de 226 peticiones de información al día-. Sin embargo, no todas las peticiones de información se materializaron en la presentación de una instancia. Sólo un 22% de las personas que demandaron información, en concreto 18.086, presentaron su solicitud para acceder a la ayuda en los 189 centros de acción social o en las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales.
De esta manera, la Consejería resolvió el 85,61% de las solicitudes presentadas, en total 15.483. Las 2.603 solicitudes restantes se encuentran en las distintas fases de tramitación previstas en el procedimiento. De esta forma, 1.044 (el 40 %) están pendientes de que los solicitantes subsanen errores, debido a que la documentación presentada no era correcta o estaba incompleta. Otras 910 (35 %) están en fase de tramitación de la resolución final, mientras que en 388 casos se está realizando el informe social y en otros 261 valorando su capacidad económica. Todas ellas, en cualquier caso, “están en plazo”, según confirmó Milagros Marcos, quien precisó que el compromiso de resolución en el plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud “se está cumpliendo”.
De las 15.483 solicitudes resueltas, el 41,5% cumplía todos los requisitos exigidos o, lo que es lo mismo, 6.426 solicitantes la recibieron en el primer año de aplicación.
Por el contrario, 9.057 solicitantes no reunían todos los requisitos establecidos en la Ley, por lo que su solicitud fue denegada. De hecho, un 53% incumplía los requisitos, ya sea por contar con ingresos, no estar empadronado, no tener escolarizados a sus hijos, no estar inscrito como demandante de empleo o no firmar el Proyecto Individualizado de Inserción. Otro 26% de los solicitantes desistió de continuar con el proceso al pedirles que subsanaran su documentación, y al 21% restante fue imposible localizarlo en su domicilio, ni siquiera a través del Boletín Oficial de Castilla y León.
Una nómina de 537 euros
Los nuevos perceptores recibieron, de media, una nómina de 537 euros mensuales. La consejera de Familia recordó que la cuantía de esta prestación es el 80% del Indicador Público de Rentas Múltiples (Iprem), fijado en 2011 en 426 euros, cuando la unidad familiar tan sólo está formada por una persona. Esta cuantía puede verse incrementada hasta el 130% del Iprem (692 euros), en función del número de miembros de la unidad familiar o de convivencia; un tope al que llegan los hogares compuestos por cinco o más miembros.
El presupuesto inicial asignado a la Renta Garantizada de Ciudadanía en las cuentas generales de la Comunidad para 2011 ascendía a 27 millones de euros, “ampliables”. De hecho, el gasto acumulado de enero a finales de diciembre asciende a 27,73 millones de euros, lo que hace que la aportación de la Junta a esta nueva prestación supere los 2,3 millones de euros cada mes.
La puesta en marcha de este derecho supuso la incorporación de un total de 67 trabajadores, que se sumaron a la dinámica de la sección de prestaciones y se gestionó con un total 127 empleados. La percepción de la Renta Garantizada de Ciudadanía tiene como último fin la inserción social y laboral de los beneficiarios, tal y como precisó Milagros Marcos.
Perfil del perceptor
Mayoritariamente es una mujer que vive en el medio urbano, de entre 25 y 45 años, con cargas familiares, en especial con hijos menores de edad, y de nacionalidad española.
Según los datos que aportó la Consejería de Familia, alrededor del 60% de los beneficiarios son mujeres. En cuanto a la edad, un 30% tiene entre 36 y 45 años; prácticamente el mismo porcentaje de los que tienen entre 25 y 35 años. En el listado de perceptores figura un 18% con una edad comprendida entre los 46 y los 55 años. Los menores porcentajes se observan en personas con 56 y 64 años, con algo menos del 12,5%, o en los jóvenes que no han cumplido aún los 25 años, con un 8,5%. Además, hay 88 mayores de 65 años que perciben esta nueva prestación.
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