El Gobierno de Navarra aprobó a finales de junio un proyecto de ley por el que se regulan los derechos a la inclusión social y a la renta garantizada, con el objetivo de promover la integración sociolaboral y luchar contra la pobreza infantil y de las personas mayores. Esta nueva prestación, que sustituirá a la actual renta de inclusión social, supondrá una inversión adicional durante los dos próximos años de 18,8 millones. De ellos, 5,08 corresponden a deducciones fiscales y 13,72 a un mayor gasto social, cuya distribución por años será de 60.600 euros en 2016, 11,3 millones en 2017 y 2,3 millones en 2018.
Según el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, con estas cantidades se mejorarán la cobertura y las cuantías que reciben actualmente unas 25.000 personas, que son aproximadamente el 80% de las perceptoras de la renta de inclusión social. Por el contrario, unas 5.000, el 20%, verán reducida su prestación de los 655,20 euros mensuales a los 600 euros.
Además, otras 2.800 personas nuevas podrán incorporarse a la renta garantizada gracias a la extensión de esta prestación a personas mayores de 65 años; la eliminación del requisito de contar con un permiso legal de residencia para acceder a esta ayuda; el acceso de unidades familiares con menores a cargo que lleven solo un año de residencia en Navarra; o la posibilidad de prorrogar la renta garantizada más allá de los 36 meses si persiste la situación de necesidad.
El vicepresidente Laparra destacó también la “importancia trascendental” de este proyecto de ley, que será enviado al Parlamento Navarra, para “combatir la pobreza severa, mejorar la cohesión social y procurar la integración social y laboral del conjunto de la sociedad navarra”. En este sentido, el consejero resaltó la importancia de la nueva renta en el avance hacia la igualdad de género, dadas las prestaciones de las que podrán beneficiarse las mujeres.
Desde que se presentó el anteproyecto el pasado mes de marzo, el texto ha sido mejorado con las aportaciones recabadas durante el proceso de participación social al que ha sido sometido. Así, se han aceptado sugerencias referidas a aspectos como las actualizaciones periódicas del Plan de Inclusión que se elabore o la rebaja de los requisitos para que puedan acceder a la renta garantizada las unidades familiares encabezadas por personas con edades entre 18 y 24 años. Asimismo, se han precisado las revisiones que realizará el Gobierno de Navarra, que no se enfocarán en restringir los derechos sino en velar porque las personas beneficiarias cumplan los correspondientes requisitos.