Gipuzkoa reduce en 1,2 millones de euros el copago en residencias y centros de día
La Diputación Foral aprueba un nuevo decreto que reducirá la aportación de los usuarios de residencias y centros de día, especialmente de quienes cuentan con menores ingresos

La Diputación Foral de Gipuzkoa aprobó un nuevo Decreto de Copago que reducirá en 1.265.000 euros la aportación de los usuarios de residencias y centros de día del Territorio, especialmente de quienes cuentan con menores ingresos. Esta medida afectará a un total de 7.481 plazas de servicios sociales y entrará en vigor en tres fases. El próximo 1 de agosto, en residencias y centros de día (5.817 plazas); el 1 de octubre, en las tarifas de recursos sociosanitarios y de salud mental (502), y el 1 de enero de 2016, en centros de discapacidad (1.162).
El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, y la directora de Planificación e Inversiones, María del Río, presentaron este decreto, que tiene por objeto regular y unificar los precios de los diferentes servicios, introducir criterios de progresividad y equidad y garantizar una cuantía mínima para la libre disposición de las personas usuarias.
En el caso de las residencias para mayores, el decreto foral propone la ampliación de la cuantía de libre disposición, que pasa del 20% al 23% del SMI. De esta medida se beneficiarán las personas con menores ingresos, en concreto, quienes tengan rentas individuales inferiores a 13.923 euros al año, es decir, un 56% de las 4.365 residentes en plazas forales. Ahorrarán hasta 23 euros al mes. Esto supondrá un ahorro general de 657.975 euros al año para los residentes, cantidad que pasará a pagar la Diputación.
En cuanto a los centros de día, que utilizan 1.452 guipuzcoanos, actualmente existen dos tarifas distintas, sin que se garantice una cuantía para la libre disposición. En estas circunstancias, la media de las aportaciones económicas de los usuarios es de 305 euros al mes. El nuevo decreto, elimina las tarifas planas, fija un copago progresivo en función de la renta, una tarifa máxima, y establece que debe garantizarse que se dispone libremente del 60% del SMI. De este modo, la media se reducirá en cinco euros al mes. En consecuencia, la Diputación abonará 80.880 euros más al año.
En ambos casos, las nuevas tarifas entrarán en vigor el 1 de agosto, y tienen como fin aplicar criterios progresivos en el copago, con especial incidencia en las rentas más bajas.
El Decreto cuenta con otras dos fases de desarrollo. A partir del 1 de octubre, entrarán en vigor nuevas tarifas en 95 plazas residenciales sociosanitarias, y en 407 plazas de pisos y centros de día para personas con problemas de salud mental.
A partir del 1 de enero de 2016, además, entrará en vigor una nueva regulación que tendrá una notable incidencia, ya que afectará a 1.162 usuarios de residencias y centros de día para personas con discapacidad. En palabras del diputado, "se trata de un sector especialmente desregularizado, en el que hay muchas diferencias, con tarifas diferentes fijadas por las asociaciones y entidades que prestan el servicio. En muchos casos, no existen cuantías de libre disposición y el precio es fijo, independientemente de los ingresos de la persona usuaria. Hemos considerado necesario homogeneizar el copago en este sector y hacerlo atendiendo a criterios de progresividad y de equidad". Un 60% de las personas con discapacidad se verá beneficiada por esta medida.
En total, se estima que el coste por la aplicación del nuevo Decreto Foral ascenderá a 229.268 euros en 2015 y a 1.265.000 euros en 2016.
El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, y la directora de Planificación e Inversiones, María del Río, presentaron este decreto, que tiene por objeto regular y unificar los precios de los diferentes servicios, introducir criterios de progresividad y equidad y garantizar una cuantía mínima para la libre disposición de las personas usuarias.
En el caso de las residencias para mayores, el decreto foral propone la ampliación de la cuantía de libre disposición, que pasa del 20% al 23% del SMI. De esta medida se beneficiarán las personas con menores ingresos, en concreto, quienes tengan rentas individuales inferiores a 13.923 euros al año, es decir, un 56% de las 4.365 residentes en plazas forales. Ahorrarán hasta 23 euros al mes. Esto supondrá un ahorro general de 657.975 euros al año para los residentes, cantidad que pasará a pagar la Diputación.
En cuanto a los centros de día, que utilizan 1.452 guipuzcoanos, actualmente existen dos tarifas distintas, sin que se garantice una cuantía para la libre disposición. En estas circunstancias, la media de las aportaciones económicas de los usuarios es de 305 euros al mes. El nuevo decreto, elimina las tarifas planas, fija un copago progresivo en función de la renta, una tarifa máxima, y establece que debe garantizarse que se dispone libremente del 60% del SMI. De este modo, la media se reducirá en cinco euros al mes. En consecuencia, la Diputación abonará 80.880 euros más al año.
En ambos casos, las nuevas tarifas entrarán en vigor el 1 de agosto, y tienen como fin aplicar criterios progresivos en el copago, con especial incidencia en las rentas más bajas.
El Decreto cuenta con otras dos fases de desarrollo. A partir del 1 de octubre, entrarán en vigor nuevas tarifas en 95 plazas residenciales sociosanitarias, y en 407 plazas de pisos y centros de día para personas con problemas de salud mental.
A partir del 1 de enero de 2016, además, entrará en vigor una nueva regulación que tendrá una notable incidencia, ya que afectará a 1.162 usuarios de residencias y centros de día para personas con discapacidad. En palabras del diputado, "se trata de un sector especialmente desregularizado, en el que hay muchas diferencias, con tarifas diferentes fijadas por las asociaciones y entidades que prestan el servicio. En muchos casos, no existen cuantías de libre disposición y el precio es fijo, independientemente de los ingresos de la persona usuaria. Hemos considerado necesario homogeneizar el copago en este sector y hacerlo atendiendo a criterios de progresividad y de equidad". Un 60% de las personas con discapacidad se verá beneficiada por esta medida.
En total, se estima que el coste por la aplicación del nuevo Decreto Foral ascenderá a 229.268 euros en 2015 y a 1.265.000 euros en 2016.