El presidente de la Junta de Castilla y Leon, Juan Vicente Herrera, firmó con los representantes de los agentes sociales y económicos un documento que incluye distintos acuerdos para destinar 93,8 millones de euros a políticas sociales –derivados de la adhesión al Fondo de Facilidad Financiera en 2015–, así como otros 36 millones en cada uno de los ejercicios 2016 y 2017. Se concreta el destino de los 20 millones de euros ya disponibles en los presupuestos de la Junta, y compromete otros 20 millones a mejoras en la atención a la Dependencia y Renta Garantizada de Ciudadanía.

El acuerdo se firmó durante una reunión interna del Consejo de Diálogo Social celebrada en la Presidencia de la Junta de Castilla y León, ya que se suspendió el acto público de firma tras el accidente en el Pozo Salgueiro, en el municipio leonés de Santa Cruz de Montes, que se cobró la vida de un minero. En la reunión estuvieron presentes junto al presidente de la Junta, el presidente de Cecale, Santiago Aparicio, el secretario general de CC OO, Ángel Hernández y el secretario general de UGT, Agustín Prieto, así como el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva. El Consejo del Diálogo Social en pleno quiso expresar formalmente sus condolencias por este triste suceso que una vez más vuelve a golpear al sector minero de la Comunidad.

La Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales, reconociendo que estos beneficios tienen su origen en el esfuerzo de todos los castellanos y leoneses, acordaron que se reviertan en aquellas actuaciones de carácter social más prioritarias. Los 20 millones ya disponibles en los presupuestos se destinarán a mejorar atención a la Dependencia –5 millones de euros–, flexibilizar la renta garantizada de ciudadanía –3,5 millones de euros–, acciones de equidad en el sistema educativo con becas para universitarios y ampliación de las ayudas de comedor y del programa de conciliación “Madrugadores” –1,5 millones de euros–, ayudas al alquiler de vivienda –5 millones de euros–, y actuaciones de mejora en el sector forestal –5 millones de euros–. Además, el acuerdo compromete otros 20 millones, de los 73,8 restantes, a la atención a la dependencia y la renta garantizada de ciudadanía.

En primer lugar, el acuerdo abre la posibilidad de compatibilizar la prestación de cuidados en el entorno familiar con otras prestaciones de servicios profesionales. Una mejora sustancial que beneficiará a unas 37.000 personas dependientes y que supone ofrecerles un nivel de protección superior al establecido antes de la crisis, y que a la vez seguirá fortaleciendo el empleo en el sector, ya que se calcula que 8.000 nuevos profesionales se vincularán al sistema a lo largo del año. 
Castilla y León es la Comunidad que más población dependiente atiende –el 2,5 % frente al 1,5 % nacional–, la que menos hace esperar por la atención –99 % de los que tienen derecho ya están atendidos– y la que genera más empleo –16.600 puestos de trabajo, 4.500 más que al iniciarse la Legislatura–.

La dotación comprometida en el Acuerdo permitirá también una nueva flexibilización de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que amplía su acción protectora a aquellas personas y familias que, cumpliendo el resto de los requisitos, están percibiendo el subsidio parcial por desempleo, haciendo compatibles ambas prestaciones hasta el importe máximo de la Renta. Es una modificación que las Cortes de Castilla y León han tramitado y que tiene 7.000 beneficiarios potenciales. 

La puesta en marcha de la Red de Protección a las Familias, para dar respuesta de forma urgente, coordinada, integral e individualizada a las personas más castigadas por la crisis, ha permitido atender las necesidades básicas de 47.000 personas a través de la Renta Garantizada de Ciudadanía, facilitar ayudas de emergencia a 29.000 castellanos y leoneses, y lograr que más de 3.250 familias de la Comunidad tuvieran ayuda profesional para impedir el desahucio de su vivienda. Este modelo de protección social es respaldado por múltiples organismos y los indicadores colocan a Castilla y León como una de las comunidades con el mejor desarrollo de los Servicios Sociales.