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Carmen Quintanilla: “Vivir en un pueblo no puede significar renunciar a derechos”

La presidenta de Afammer, consciente de la brecha territorial de oportunidades y acceso efectivo a los recursos, advierte que “la igualdad no puede depender del código postal” y que este principio debería guiar cualquier política de envejecimiento

La experiencia de envejecer puede ser totalmente diferente, ya no por el espacio en sí, sino por las condiciones en las que la persona envejece. “El lugar importa, pero lo que debemos garantizar es que el territorio no se convierta en un factor de desigualdad”, asegura la presidenta de Afammer, Carmen Quintanilla, que defiende que “vivir en un pueblo no puede significar renunciar a derechos. El objetivo no debe ser que una persona mayor tenga que abandonar su pueblo para acceder a la atención sanitaria, a los servicios sociales, a los cuidados o a las oportunidades de participación que necesita”.

En cualquier caso, y a pesar de que no determina por sí solo la manera de envejecer, el dónde sí es determinante. Desde la Asociación de Familias y Mujeres Rurales, su presidenta explica a entremayores una evidencia que en ocasiones se pasa por alto: España tiene una realidad rural muy extensa. Más del 80% de los municipios son rurales, aunque concentran una proporción mucho menor de población y en muchos de ellos el envejecimiento y la despoblación han avanzado de manera paralela. “Existen 402 municipios en el que el 100% de sus residentes son mayores de 65 años”, alerta.

Pero el dato demográfico, por sí solo, no explica para Quintanilla toda la brecha territorial. “Lo que realmente nos preocupa es lo que hay detrás: en los municipios más pequeños encontramos mayores dificultades para acceder a determinados servicios sanitarios y sociales, al transporte, a los cuidados o incluso a servicios financieros”. Y añade otra cifra que le parece especialmente significativa: más de 5,8 millones de personas viven en municipios de menos de 10.000 habitantes y, entre ellas, más de 1,3 millones son mujeres mayores de 65 años. “Esto nos obliga a mirar el envejecimiento rural también con perspectiva de género”, advierte.

Afammer cree que no se puede negar la existencia de una brecha territorial de oportunidades y de acceso efectivo a los recurso: “Vivir en un municipio pequeño no puede significar tener que recorrer más kilómetros, tener menos servicios o depender de terceros para poder hacer efectivo un derecho. La igualdad no puede depender del código postal. Ese debe ser uno de los principios que guiase cualquier política de envejecimiento”.

En líneas generales, se tiende a idealizar la vida en el campo, a considerar que la ruralidad y la vida en comunidad favorecen el envejecimiento saludable. “En muchos pueblos existe una mayor cercanía entre las personas, se mantienen relaciones personales que se han construido durante muchos años y las personas mayores pueden seguir teniendo un papel activo en su entorno. Todo ello favorece que mantengan sus relaciones, se sientan acompañadas y continúen participando en la vida de su pueblo. Pero también hay otra cara: cuando faltan servicios, transporte o recursos de atención y cuidados, esas mismas personas pueden encontrar más dificultades para mantener su autonomía. Y esto es especialmente importante a medida que aumenta la edad o aparecen situaciones de dependencia”, destaca Quintanilla.

Por otro lado, es obvio que las urbes tienen una mayor concentración de servicios sanitarios, sociales, culturales y de ocio, pero esto no significa necesariamente sentirse más acompañado, ni participar más. “En las ciudades también encontramos situaciones de soledad y aislamiento”, recuerda la presidenta de Afammer.

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Marta S. Massó
Marta S. Massóhttps://entremayores.es/
Licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca. Cubre la información de nacional de entremayores y la edición de Galicia.

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