Hace apenas 24 horas de que el Consejo de Ministros aprobase el anteproyecto de ley presentado por Pablo Bustinduy para reformar dos normas: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 aseguraba que esta reforma legislativa se va a implantar “un nuevo enfoque que garantice vidas dignas en todas las etapas del ciclo vital, promoviendo el derecho a la vida independiente y a la autonomía personal”. De esta manera, Bustinduy ha puesto el foco en que los cambios normativos que aprueba el Gobierno van a garantizar más derechos para las personas con dependencia o con discapacidad y va a ampliar el catálogo de servicios a los que pueden optar. Así mismo, ha subrayado, con esta reforma se van a revertir “los recortes que quedaban vigentes del último Gobierno del Partido Popular”.

La reacción del sector no se hizo esperar. Es el caso de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), que expresó su “profunda preocupación” ante la aprobación del anteproyecto. La patronal mayoritaria del sector denuncia que “esta reforma ha sido elaborada sin contar con la participación de los principales actores del sistema, lo que pone en riesgo la viabilidad de los servicios de atención a la dependencia y el bienestar de miles de personas”. Además, entre otras cuestiones, la federación lamenta que el Gobierno haya trabajado en esta reforma de espaldas a las entidades que gestionan la mayoría de los servicios de atención a la dependencia en España. “Nos hemos enterado prácticamente cuando la reforma ya estaba decidida. Es inaceptable que se elabore un cambio normativo de esta envergadura sin consultar a quienes sostienen el sistema: las entidades que gestionan el 75% de la oferta residencial y el 95% de la ayuda domiciliaria”, afirma el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid.

Por su parte, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) muestra sus reservas acerca de que su efectividad vaya más allá del papel si no hay una dotación presupuestaria suficiente. “Sin una financiación adecuada, estas reformas corren el riesgo de quedar en meras declaraciones de intenciones”, expresan en un comunicado. En este sentido, CEDDD recuerda que la actual dotación presupuestaria a la dependencia en España se reduce a un 0,89% del PIB, una cifra que se aleja de la media europea del 1,8%, y reitera su petición de elevar la partida al 2% del PIB.

CEDDD sí da la bienvenida a medidas anunciadas, como la eliminación de la incompatibilidad de prestaciones, el refuerzo de la atención domiciliaria y comunitaria, y el reconocimiento de cuidadores del entorno relacional. Sin embargo, y en línea con su defensa de la libertad de elección, CEDDD no oculta “su temor de que algunas de estas medidas puedan tener consecuencias negativas para el tejido residencial, al basarse en la premisa de la desinstitucionalización de las personas dependientes, con el objetivo de sacarlas de entornos que se han llegado a calificar de aislantes y segregadores”.

En esta línea, la FED concreta que se promueve una estrategia de desinstitucionalización que, “si bien en teoría busca favorecer la permanencia de los dependientes en su hogar, en la práctica se traduce en una demonización del sector residencial.

También desde la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) reclaman una financiación que acompañe esta ley que “nació coja y siempre ha sufrido de falta de recursos económicos que permitan desplegarla en su totalidad”, afirma la presidenta de la entidad, Cinta Pascual. La patronal valora positivamente que el Consejo de Ministros haya aprobado el anteproyecto, una actualización “necesaria después de 18 años en una sociedad y un contexto que ha cambiado radicalmente”, pero muestran su desacuerdo con el trato de la figura del cuidador no profesional, que pasa de ser una figura excepcional a tener el mismo trato que el resto de servicios. “Apostamos por servicios de calidad realizados por profesionales, no por familiares”, expresa Pascual.