Pregunta.- Asume su cargo actual en julio del año pasado, si bien, prácticamente toda su trayectoria profesional ha estado relacionada con el área de lo social. ¿Cómo han sido estos meses de toma de contacto y trabajo en esta Viceconsejería de Servicios Sociales con una situación de tanta vulnerabilidad social como la que se vive actualmente?

Respuesta.- Han sido meses muy intensos. Meses de conocer a fondo el Departamento y a sus trabajadores y trabajadoras, meses de mucho diálogo con las entidades sociales, sindicatos, empresarios, etcétera, que trabajan en nuestro ámbito (contabilizamos más de 300 reuniones hasta el momento), y meses en los que hemos procurado poner en marcha medidas extraordinarias, tanto en empleo como en ayudas para las personas más vulnerables. Más concretamente, hemos destinado 2,2 millones de euros extraordinarios en materia de empleo social y empleo juvenil, y dos millones de euros de ayudas para paliar problemas de pago de alquileres o hipotecas, pobreza energética y otras necesidades elementales en materia sanitaria o educativa.

P.- En la última reunión del Consejo Navarro de Bienestar Social, presidida por usted, adelantó la modificación del régimen de compatibilidad entre diversas prestaciones y servicios en el área de atención a la dependencia. En concreto, ¿qué cambios prevén realizar?

R.- Ya hemos aprobado dos cambios. Recientemente entró en vigor una nueva Orden Foral que recupera la compatibilidad entre la atención a domicilio y el centro de día, así como la compatibilidad entre las ayudas para asistente personal y centros residenciales.
Así mismo, en estos meses hemos aprobado todas las prestaciones pendientes para las personas con dependencia moderada, tanto ayudas económicas para atención en domicilio como prestaciones vinculadas a servicio y las ayudas para asistente personal. Estimamos que 3.000 personas se incorporarán al sistema en sus diferentes prestaciones.
Igualmente, se ha aprobado la equiparación de las desgravaciones fiscales que tenían las personas con discapacidad a todas las personas con dependencia, independientemente de su grado. Esto supondrá que 7.000 personas, aproximadamente, tengan la desgravación fiscal máxima, que en Navarra era para discapacitados con más del 65%.
Finalmente destacar que en años próximos, el objetivo central es procurar mejorar y ampliar servicios frente a prestaciones económicas, así como introducir criterios de renta en las tarifas existentes en los centros de servicios sociales y residencias de personas mayores donde hoy se paga igual, independientemente de la renta disponible.

P.- Acaban de publicar su plan de inspección de los servicios sociales para este año. ¿Cuáles son las principales novedades? Y ¿qué prioridades rigen este nuevo plan?

R.- Dos ideas fundamentales. Primero, corregir la mala práctica de la pasada legislatura en que se avisaba con 15 días de antelación que se iba a proceder a una inspección, con lo cual, la efectividad era más que cuestionable.
Por otro lado, este año queremos hacer especial incidencia en que se respeten los derechos de las personas usuarias, así como en el cumplimiento de los ratios de personal y calidad exigidos.

P.- También, han anunciado que impulsarán la Ley de Renta Garantizada –nueva denominación para la anterior renta de inclusión social–, un recurso que según el informe elaborado sobre su impacto económico en el anterior ejercicio, resultó muy positivo dado el retorno económico y la creación de empleo. ¿Cuáles son las expectativas para este año relacionadas con esta prestación?
 
R.- Hemos iniciado el año con la redacción de un borrador de Ley Foral de derechos a un proceso de Inclusión Social y a una Renta Garantizada, después de un proceso intenso de participación en el que han intervenido personal técnico y personal que trabaja en diferentes entidades sociales. También hemos contado con las aportaciones que han realizado personas perceptoras de Renta de Inclusión Social en tres grupos formados en Tudela, Pamplona y Estella, que se constituyeron para ese fin. En este momento estamos ya inmersos en el debate del texto con diferentes colectivos, entidades, grupos, etcétera.
El objetivo principal de esta nueva norma es el de mejorar la protección social desde un enfoque basado en derechos, garantizando tanto el derecho  a la inclusión mediante el establecimiento, entre otras medidas, de estímulos al empleo, como el del acceso a una prestación económica suficiente que permita combatir la pobreza severa de las personas en peor situación, con mayor vulnerabilidad, con especial incidencia en la pobreza infantil y en las personas mayores.
Como decía, estamos en ese proceso de debate que terminará en el Parlamento con la aprobación y la entrada en vigor de la norma, todo esto a lo largo del año 2016, y que sobre todo va a aumentar la protección social de la población más vulnerable de Navarra, además de incentivar y mejorar los procesos de inclusión de las personas que lo necesiten.

P.- En Navarra es muy destacable un perfil de persona mayor con elevado nivel de asociacionismo y una alta formación. Desde su nombramiento destacan sus encuentros con las entidades que los representan. ¿Tienen previsto crear algún canal de interacción más fluido para atender y conocer sus demandas?

R.- Sí, en estos momentos estamos en un proceso de reflexión, al que hemos invitado a todas las entidades sociales, para revisar los canales de participación ciudadana con el objetivo de desburocratizar los existentes y mejorar dichos canales de participación.

P.- Por último. Como en todo el país, la Comunidad Foral de Navarra también acusa el envejecimiento poblacional creciente, sin duda, un logro social pero para el que hay que anticiparse. Siendo Navarra una de las regiones que más y mejores oportunidades ofrece a este colectivo, ¿cuáles son sus proyectos más inmediatos dirigidos a este segmento?

R.- Además de lo mencionado anteriormente en materia de dependencia, vamos a poner en marcha un Plan de Envejecimiento Activo, así como impulsar el denominado “buen trato a las personas mayores”, junto a programas que atiendan a la soledad de parte de las personas mayores.
Finalmente, destacar que en la nueva Renta Garantizada, las unidades familiares con ingresos inferiores a dicha renta y que sean mayores de 65 años (hasta ahora solo tenían derecho las que tenían cargas familiares) verán complementados sus ingresos hasta equipararlos a los que marca la nueva Renta Garantizada, con especial incidencia en hogares con pensiones no contributivas muy bajas. Una medida que esperamos incida en paliar una parte de la pobreza detectada en el colectivo de personas mayores.