La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha presentado los resultados de la Investigación ‘Defensa y protección de derechos de las personas mayores desde lo comunitario: el caso de la vivienda’, un trabajo participativo que aborda los principales problemas asociados a la garantía del derecho a la vivienda entre las personas mayores, especialmente entre quienes se encuentran en situación de pobreza o exclusión social.

La investigación se ha desarrollado mediante la técnica de photovoice, como medida para fomentar el empoderamiento, la participación y la movilización social de las personas mayores. Para ello, se ha contado con cinco grupos de participantes de más de 60 años de Ceuta, Málga, Toledo, Valencia, Sevilla y Valladolid. A través de un trabajo fotográfico y testimonial, y en colaboración con entidades sociales, se han podido analizar retos y propuestas asociados al derecho a la vivienda en esta franja de edad.

Pese a que el derecho a la vivienda suele ser contemplado únicamente como la protección del acceso a ésta, la investigación ha revelado la importancia de que se cumplan unos mínimos de habitabilidad, confort y adaptación a las necesidades de quienes las habitan. A su vez, un problema ineludible para las personas participantes fue la relación de la vivienda con el exterior, en referencia a las barreras que dificultan el tránsito por el espacio público. Del mismo modo, se puso en valor el ámbito relacional y los vínculos comunitarios, entendidos estos como la presencia de comercios de proximidad, el tejido social y los servicios públicos mencionados anteriormente.

En lo que se refiere al acceso a la vivienda, el papel jugado por el mercado es clave. Así, el estudio de la EAPN-ES se detectaron problemáticas como los elevados precios, el impacto de la turistificación y las numerosas viviendas vacías existentes, y se señaló el papel que deben jugar las Administraciones públicas ante la escasez de viviendas de protección oficial y alquileres sociales. En esta línea, algunas de las propuestas apuntan a la necesidad de regular el precio de los alquileres y de las viviendas turísticas, ampliar y proteger el parque de vivienda pública, y flexibilizar y agilizar los trámites de acceso a la misma.

Respecto al estado de las viviendas, la Investigación destaca las condiciones de habitabilidad: se denunciaron humedades, averías y carencias en el aislamiento del hogar que se traducen en espacios más incómodos e insalubres y menos dignos. A su vez, se señaló la necesidad de eliminar barreras físicas y la falta de adecuación de los accesos, principalmente debido a la presencia de escalones o a la ausencia de ascensores para sortearlos.

Se debe tener en cuenta que muchas de estas problemáticas alimentan el aislamiento social, lo que impacta directamente en la salud física y mental de estas personas. En este sentido, se propuso realizar diagnósticos de la accesibilidad de las viviendas y conocer sus condiciones de habitabilidad y de la inversión pública necesaria; cambiar la lógica de la construcción de vivienda nueva por la de rehabilitar la ya existente; y fomentar que las ayudas a esta rehabilitación sean asequibles, sin necesidad de financiación previa, y eliminando trabas administrativas.

La denuncia de las barreras ambientales se centró en la necesidad de que las Administraciones públicas velasen por el buen estado de las calles, y por la creación y mantenimiento de espacios comunes como lugares de socialización, con propuestas como peatonalizar calles y restringir el tráfico, crear refugios climáticos, y adaptar los medios de transporte público y las paradas.

Por último, desde el enfoque comunitario se concibe que el cuidado de las personas mayores no debe depender únicamente de las familias o de la Administración, sino que debe ser una responsabilidad compartida por toda la comunidad. En este sentido, han tenido especial relevancia las cuestiones asociadas a los procesos de turistificación, que privan de su identidad a algunas zonas y expulsan a sus habitantes, lo que se traduce en un impacto en su tejido social. Frente a esto, se ha propuesto la creación de centros cívicos; la dotación de recursos y ayudas al comercio de proximidad; o la realización de campañas de sensibilización para fomentar el buen trato entre la comunidad.