Pregunta.- Acaba de asumir la cartera de Servicios y Derechos Sociales, ¿con qué objetivo se ha creado esta nueva estructura que antes se incluía en la Consejería de Bienestar Social y Vivienda?

Respuesta.- Esta Consejería asume las competencias y funciones que hasta ahora venía ejerciendo la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, excepto las relativas a cooperación al desarrollo que pasan a ser asumidas por la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Con la nueva estructura, nuestro objetivo principal es mantener y consolidar el sistema de servicios sociales que tenemos en Asturias, profundizando en el avance de los derechos sociales a través del desarrollo normativo y priorizando la respuesta a las necesidades sociales de las personas desde el lugar en el que residen, sin dejar de tener presentes las específicas de los distintos colectivos, como personas mayores y personas con discapacidad, y con especial atención a la infancia. Queremos también ganar en eficiencia y facilitar aún más el acceso de la ciudadanía a los servicios y a las prestaciones.
Todo esto aspiramos a hacerlo trabajando de manera transversal con los otros sistemas de protección: el educativo, el sanitario y el laboral; y contando con la colaboración de los profesionales de los servicios sociales, de los que quiero poner de relieve la profesionalidad que he encontrado a llegar a la Consejería; con los ayuntamientos, como administración más cercana que en primer lugar detecta las necesidades de las personas; y con la ciudadanía organizada a través de las entidades de iniciativa social o Tercer Sector.

P.- Uno de los objetivos de esta nueva organización es facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios sociales y a las prestaciones, ¿cómo llevarán a cabo este propósito?

R.- Pues poniendo en marcha medidas que nos permitan mejorar. Le pongo el ejemplo del Salario Social, la prestación que ha servido en Asturias como principal instrumento contra la exclusión y que, con datos del mes de julio, llega a 17.148 hogares y ya ha supuesto un desembolso de 57,7 millones de euros para el Principado en lo que va de año.
Hablamos de una ayuda a la que con la crisis económica han acudido muchas más personas, con nuevos perfiles que antes no llegaban a los servicios sociales y que, por tanto, ha sufrido una gran presión de demanda. Esta situación provocó que la prioridad del Principado se centrase en agilizar las tramitaciones y eliminar la lista de espera de personas que necesitaban acceder a esa prestación. Tras mucho esfuerzo y recursos se ha conseguido que nadie quede fuera del sistema y que la ayuda llegue en los tiempos establecidos. Pero una vez conseguida la agilidad en el acceso nos planteamos otras mejoras necesarias: revisar la normativa, agilizar las revisiones de los expedientes de personas que cambian sus circunstancias, fortalecer la intervención técnica para favorecer la salida de los procesos de exclusión, o  mejorar la coordinación con empleo para impulsar la inserción. Asimismo, tras diez años de Salario Social también queremos hacer balance de la prestación y extraer conclusiones de gestión, implantación, resultados, etcétera.  

P.- Más en detalle, ¿qué líneas de trabajo ha marcado como prioritarias al frente de este Departamento?

R.- Nuestras líneas prioritarias se derivan de lo que ya le comentaba, que es nuestro objetivo principal: preservar y profundizar en el sistema asturiano de servicios sociales del que nos hemos ido dotando a lo largo de más de una década. En este sentido, queremos un sistema que tenga coherencia y sea entendido y valorado por el conjunto de la sociedad como ocurre en el caso del sistema de salud; un sistema que intervenga bien en el territorio atendiendo a todos de manera equitativa y unas prestaciones aún mejor gestionadas.
Para ello nos hemos marcado metas como, por ejemplo, la elaboración de una nueva Ley de Servicios Sociales, que dé respuesta a temas tan importantes como la relación de la Administración con el Tercer Sector, por citar un aspecto; la creación de los consejos territoriales de servicios sociales, como un nuevo instrumento para la descentralización y coordinación de los servicios en el territorio; desarrollar las prestaciones de promoción personal para que los dependientes puedan recibir servicios como la fisioterapia, o la recuperación del carácter universal del sistema de dependencia restableciendo una cuantía mínima para las prestaciones económicas. Tareas que hay que sumar al trabajo de mantener lo que ya está en marcha, que no es poco.

P.- Ante el anuncio de la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, de la intención de revisar la financiación de la Ley de Dependencia para un mayor control sobre las comunidades, usted respondía asegurando la transparencia de las cuentas del Principado en esta materia. ¿Cuál ha sido la inversión de Asturias en dependencia en los últimos años?

R.- Con cifras ya cerradas, la inversión en el Sistema de Dependencia en Asturias ascendió a 179 millones de euros en el ejercicio 2014. De ellos, 25 millones provienen del Estado (lo que representa el 14%) y alrededor de 27 millones de los propios usuarios del Sistema (el 15,5%), de lo que se infiere que los 126 millones restantes los aporta el Principado de Asturias (el 70,5%).
En cuanto a las declaraciones de la secretaria de Estado, estamos completamente de acuerdo en que se ha de procurar una mayor transparencia al tema de la financiación del Sistema de Dependencia. Nuestra comunidad cumple fielmente con las exigencias de control que existen actualmente y estamos satisfechos de que exista ese sistema de control, que es el que nos permite conocer las aportaciones que realiza cada Administración y la evolución desde la entrada en vigor de la Ley.
Lo que pedimos, y creemos que en la misma sintonía están la mayoría de las comunidades autónomas, es que se unifiquen los criterios contables para poder realizar un análisis y seguimiento de los objetivos de la distribución de la financiación de forma que los ciudadanos puedan conocer por una misma fuente oficial cuál es la verdadera inversión en dependencia que se realiza en todo el territorio. Esta postura se la hemos trasladado al Imserso en la última Comisión Delegada –celebrada el pasado 22 de septiembre–.

P.- Los Presupuestos Generales del Estado incrementan en 75 millones de euros la inversión para dependencia, ¿considera que esta subida es suficiente? ¿Qué reclamación harían al Gobierno central en este ámbito para recuperar el ritmo en el funcionamiento del Sistema de Atención a la Dependencia?

R.- Creemos que es insuficiente. Entendemos que de nada sirve un aumento presupuestario si no responde a un aumento de las cuantías del “nivel mínimo”. Lo que defendemos es que se restablezcan esas cuantías mínimas que ya estaban establecidas en el año 2012 y que el Gobierno del PP recortó con la excusa de la crisis económica.
Como sabe, la financiación del Estado al Sistema de Dependencia se canaliza a través del denominado ‘nivel mínimo’, que se refiere a la cuantía que el Imserso transfiere mensualmente a las comunidades autónomas en función del número de personas dependientes que atienden, grado de dependencia y tipo de prestación. En concreto, por cada persona de Grado I, el Estado transfiere 44,33 euros, por el Grado II, 82,84 euros y por el Grado III, 177,86 euros.
Si los presupuestos generales del Estado para 2016 han incrementado la partida presupuestaria ligada al nivel mínimo, responde únicamente a que con la entrada en vigor del Grado I el pasado 1 de julio, el Estado prevé un aumento en el número de personas atendidas por el sistema. Lo que nosotros reclamamos al Gobierno central es que recupere los niveles anteriores a los recortes que llevó a cabo en el año 2012 y aumente las cuantías que aporta por dependiente, que en algunos casos se han reducido hasta el 33%. Es el caso de los dependientes de Grado III por los que en 2011 el Estado aportaba 266,57 euros y ahora aporta únicamente 177,86 euros.

P.- ¿Qué lugar ocupará el área de atención a los mayores en esta Consejería? ¿Cuáles son las necesidades más urgentes de los mayores asturianos?

R.- Las actuaciones en materia de política social dirigidas a las personas mayores se van a centrar en dos prioridades: la atención a las personas en situación de dependencia, y la promoción de la participación social de las personas mayores.
En lo que se refiere a la participación social nos comprometemos a mantener los centros sociales de mayores  y los programas comunitarios de envejecimiento activo, que facilitan  que las personas se impliquen en proyectos culturales y educativos, de promoción de la salud, así como de fomento y canalización de su participación social, a la vez que evitan situaciones de exclusión y contribuyen a prevenir situaciones de dependencia.
También prestaremos especial atención al envejecimiento en las zonas rurales con el programa “Rompiendo Distancias” que, manteniendo a las personas mayores en su medio, les acerca servicios al tiempo que fomenta la participación y la  relación  social. En esta misma línea, apoyaremos los Centros Rurales de Atención Diurna (CRAD) por el importante papel de apoyo que suponen para los mayores y sus familias, que precisan mayor intensidad de cuidados en territorios poco accesibles.
En materia de dependencia, ya le he avanzado algún tema durante esta charla, pero aparte de nuestras reivindicaciones al Estado, nos marcamos metas como recuperar el carácter universal del sistema; desarrollar las prestaciones de promoción de autonomía personal para recibir servicios como puede ser la fisioterapia; modificar la normativa de dependencia para hacerla más sencilla, aprobando un único decreto que aúne todos los aspectos de las prestaciones, por citar algunas medidas. A todo esto, tenemos que sumar las actuaciones previstas por Establecimientos Residenciales de Asturias para dar solución a las personas que requieran este recurso. A día de hoy, el Principado cuenta con 5.108 plazas residenciales y aspira a poner en servicio otras 800 durante la legislatura.

P.- A propósito de la gestión del organismo Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), este ha sufrido, en los últimos años, muchas críticas y conflictos laborales. ¿Es cierto, como señalan desde el Partido Popular, que existe una “externalización encubierta” del mismo?

R.- El modelo de gestión que aplica el ERA, y que ha sido mantenido por todos los partidos políticos con responsabilidad en gestión de servicios sociales en Asturias, consiste en que todos los servicios de atención directa son prestados por empleados públicos (trabajadores sociales, directores, auxiliares y personal de Enfermería) y los denominados servicios hoteleros (cocina, limpieza, lavandería, mantenimiento) se externalizan. 
Estos criterios se aplican en toda la red de residencias del ERA, excepto en cinco de ellas –en las dos primeras residencias que puso en marcha el Principado de Asturias en el año 1992 y en las tres que fueron transferidas por el Imserso en 1996– donde todo el personal eran trabajadores de la Administración. En esos centros, las plazas de servicios hoteleros que van quedando vacantes por jubilación no siempre se cubren, y eso es lo que genera protestas. En este sentido es importante señalar que en ocasiones esas plazas se transforman en plazas de atención directa, y en todos los casos se estudian alternativas que permitan seguir ofreciendo un servicio de alta calidad.
Resaltar que, de no actuar así, a día de hoy, no podríamos abrir nuevas residencias ni crear plazas de centro de día, puesto que la Ley General del Presupuesto no permite incrementar el número de trabajadores de la Administración. Sin embargo, entendemos que ambos recursos son muy necesarios, como reflejan las listas de espera de personas que esperan en la actualidad por una plaza del ERA.
En definitiva, nuestra apuesta por lo público es clara y se traduce en que a pesar de la situación de crisis que afecta a los presupuestos autonómicos, y de las dificultades impuestas por el Gobierno de España para la contratación de personal público, seguimos creando plazas de atención directa y a la vez continuamos invirtiendo en la construcción de residencias públicas y abriéndolas con personal público.