La guerra en Ucrania no solo continúa cobrándose vidas en el frente, sino que está deteriorando gravemente la atención sanitaria de millones de civiles. Médicos Sin Fronteras (MSF) denuncia en su informe 'No Safe Place to Heal' –en español, 'No hay ningún lugar seguro para curarse') que los ataques contra hospitales, ambulancias, personal médico e infraestructuras sanitarias no responden a daños colaterales del conflicto, sino a una estrategia "deliberada y calculada" destinada a debilitar el sistema de salud y castigar a la población.

La organización humanitaria sostiene que la reiteración y precisión de estos ataques ha provocado una crisis sanitaria de enormes dimensiones, con consecuencias especialmente graves para las personas mayores y para quienes conviven con enfermedades crónicas como diabetes, patologías cardiovasculares o epilepsia, cuya continuidad asistencial resulta esencial para evitar complicaciones e incluso la muerte.

Entre abril de 2022 y diciembre de 2025, MSF documentó más de 20 ataques contra instalaciones sanitarias en las que desarrollaba su actividad. Cuatro hospitales donde trabajaban sus equipos quedaron completamente destruidos, siete bases de ambulancias tuvieron que ser abandonadas y la organización perdió el acceso a más de 80 localidades de seis regiones del país donde prestaba atención primaria mediante clínicas móviles.

La magnitud del problema queda reflejada también en los datos recopilados por otros organismos. La Organización Mundial de la Salud registró 2.811 ataques contra la atención sanitaria en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022, hasta finales de 2025. Paralelamente, el Ministerio de Sanidad ucraniano informa de que más de 2.500 instalaciones médicas han resultado dañadas o destruidas durante ese periodo, de las cuales 327 han quedado completamente arrasadas.

Para Robin Meldrum, coordinador de MSF en Ucrania, el patrón resulta evidente. "Estos ataques son demasiado sistemáticos, demasiado frecuentes y demasiado precisos como para ser circunstanciales; cuando los hospitales son alcanzados repetidamente, cuando las ambulancias son blanco de drones de precisión, cuando se asesina a personal sanitario mientras se dirige a entregar medicamentos en vehículos claramente identificados, esto no es una coincidencia. Se trata de un patrón; y detrás de los patrones hay una intención", afirma.

Las consecuencias van mucho más allá de la destrucción física de hospitales. El informe alerta de que el miedo constante a nuevos bombardeos y ataques con drones está alejando a miles de personas de los centros sanitarios, incluso cuando necesitan atención médica urgente o tratamientos de seguimiento.

Una encuesta realizada por MSF entre 187 civiles residentes en regiones próximas al frente muestra el deterioro del acceso a la asistencia sanitaria. Antes de la intensificación del conflicto, el 72% de los encuestados afirmaba poder acceder a atención médica "siempre" o "la mayor parte del tiempo". Desde entonces, ese porcentaje se ha reducido al 35%. En sentido contrario, quienes aseguran que solo consiguen asistencia "raramente" o "nunca" han pasado del 7% al 35%.

Para las personas mayores, este escenario resulta especialmente preocupante. Muchas dependen de controles médicos periódicos, medicación continuada y revisiones especializadas para mantener estables enfermedades cardiovasculares, respiratorias, metabólicas o neurológicas. La interrupción de estos tratamientos está provocando un aumento de complicaciones que, en circunstancias normales, podrían evitarse.

La falta de profesionales sanitarios agrava todavía más la situación. Muchos médicos y enfermeros han abandonado las zonas más castigadas por la guerra o han sido desplazados. En uno de los hospitales de Jersón apoyados por MSF, el número de facultativos se ha reducido en un 66% desde 2022, dificultando la atención de una población cada vez más necesitada.

El informe también pone de relieve el creciente impacto de la guerra con drones. Los equipos de MSF que trabajan en el este y el sur de Ucrania desarrollan su labor bajo la amenaza permanente de drones de visión en primera persona (FPV), capaces de identificar objetivos concretos y atacarlos con gran precisión. Uno de los episodios más graves recogidos por la organización ocurrió el 29 de septiembre de 2025, cuando una enfermera y el director de un centro sanitario apoyado por MSF fueron alcanzados por un dron ruso mientras distribuían medicamentos en un vehículo perfectamente identificado como sanitario en la localidad de Lyman, en la región de Donetsk. El director perdió una pierna como consecuencia del ataque. Según recuerda MSF, el Derecho Internacional Humanitario considera que atacar deliberadamente a personal o vehículos médicos claramente identificados puede constituir un crimen de guerra.

Los profesionales sanitarios describen también un cambio en el perfil de los heridos que llegan a los hospitales. Si durante los primeros meses de la guerra predominaban las lesiones causadas por artillería, ahora los ataques con drones generan traumatismos mucho más complejos, con múltiples heridas simultáneas, mayor riesgo de infección y un incremento de los casos de sepsis. Un cirujano de MSF relata el caso de un paciente que ingresó con una pierna amputada, fracturas abiertas en otra pierna y un brazo, metralla en las extremidades y múltiples heridas en el tórax, abdomen y cabeza. Cinco cirujanos trabajaron simultáneamente durante seis horas para intentar salvarle la vida. "La primera batalla es contra la hemorragia. Si el paciente sobrevive a eso, la segunda batalla es contra la infección. Y muchos pierden esa segunda batalla", explica.

Coincidiendo con el décimo aniversario de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que protege expresamente al personal sanitario, los pacientes y las instalaciones médicas en conflictos armados, Médicos Sin Fronteras reclama que todas las partes respeten el Derecho Internacional Humanitario. La organización también pide a los países con capacidad de influencia sobre Rusia que actúen para detener los ataques contra la asistencia sanitaria y reclama al Consejo de Seguridad que investigue y denuncie públicamente estos hechos.