Los ministros y altas autoridades de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo de la comunidad iberoamericana aprobaron recientemente, en Avilés, la declaración conjunta –que recoge los principales compromisos políticos asumidos por los países participantes para impulsar sistemas de cuidados más sólidos, inclusivos y sostenibles– y la Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos, un primer marco común de la región para orientar el desarrollo de sistemas integrales de cuidados y reforzar la cooperación entre los países en esta materia. El documento, respaldado inicialmente por 17 Estados, sitúa los cuidados como un derecho humano, un bien público esencial y uno de los pilares del desarrollo social y económico de Iberoamérica.

La aprobación tuvo lugar durante la IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo, presidida por el ministro español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el secretario general de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand, y la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón. La reunión forma parte de los trabajos preparatorios de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid el próximo mes de noviembre.

La Carta pretende convertirse en una referencia para el diseño y fortalecimiento de políticas públicas de cuidados en un contexto marcado por el envejecimiento de la población, la transformación de las estructuras familiares, la creciente demanda de apoyos de larga duración y las desigualdades que persisten en el reparto de las tareas de cuidado. El texto parte de un enfoque basado en los derechos humanos, la igualdad de género, la autonomía personal, la inclusión y la corresponsabilidad entre Administraciones públicas, familias, comunidades y sector privado.

Entre sus objetivos figura impulsar sistemas integrales y sostenibles de cuidados a lo largo de todo el ciclo vital, reforzar la protección social, favorecer la cohesión territorial y consolidar la cooperación iberoamericana mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas. También plantea reconocer y fortalecer las iniciativas comunitarias de cuidado, especialmente las desarrolladas por pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, así como garantizar una financiación suficiente y progresiva que permita universalizar estos servicios.

El documento defiende igualmente que las políticas de cuidados deben contribuir a corregir las desigualdades estructurales de género. En este sentido, propone avanzar hacia una redistribución más equitativa del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que continúa recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, al tiempo que apuesta por mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan profesionalmente en este sector mediante empleo decente, remuneraciones justas y protección social.

Junto a la Carta, los representantes gubernamentales aprobaron –como decimos– la Declaración de Avilés, que reconoce que los cuidados constituyen un componente esencial de los sistemas de protección social y un factor determinante para el bienestar de las personas, la cohesión social y el desarrollo sostenible. Asimismo, advierte de que la organización actual de los cuidados continúa marcada por una distribución desigual del tiempo y de las responsabilidades, una realidad que limita la autonomía económica y la participación social de millones de mujeres en la región. El texto identifica además otros desafíos compartidos, como el envejecimiento demográfico, las necesidades de las personas con discapacidad, la pobreza, las desigualdades territoriales, la movilidad humana o el impacto del cambio climático, factores que incrementan la demanda de servicios de cuidados y obligan a reforzar la capacidad de respuesta de los Estados.

COMPROMISOS ACORDADOS

Entre los compromisos adoptados destaca el impulso progresivo de sistemas nacionales de cuidados y apoyos adaptados a la realidad de cada país; la incorporación de estas políticas a los sistemas de protección social; el fortalecimiento de la coordinación institucional; el desarrollo de servicios centrados en la autonomía de las personas con discapacidad; y la consideración de los cuidados como una infraestructura social esencial para garantizar la igualdad, la resiliencia y la cohesión territorial.

La declaración incorpora además compromisos específicos para reforzar las redes comunitarias de cuidados, mejorar la planificación de los servicios mediante sistemas de información y estadísticas, impulsar entornos más accesibles para las personas mayores y con discapacidad, incorporar la perspectiva de los cuidados en las políticas de adaptación al cambio climático y promover la innovación tecnológica y organizativa para mejorar la calidad de la atención.

Otro de los aspectos destacados es el reconocimiento del trabajo de las personas cuidadoras, tanto remuneradas como no remuneradas. El texto plantea favorecer la formalización laboral del sector, ampliar su acceso a la seguridad social, mejorar las condiciones de trabajo y reforzar la formación profesional. Asimismo, subraya la necesidad de apoyar a quienes cuidan de familiares dependientes sin remuneración para prevenir situaciones de sobrecarga, aislamiento o pobreza.

La dimensión internacional también ocupa un lugar relevante en los acuerdos alcanzados. Los ministros apostaron por reforzar la cooperación entre los países iberoamericanos mediante el intercambio voluntario de experiencias y asistencia técnica con el apoyo de la SEGIB y la OISS. Además, se comprometieron a fortalecer los instrumentos de coordinación de la seguridad social para proteger los derechos de las personas trabajadoras migrantes del sector de los cuidados y facilitar la portabilidad de sus prestaciones entre distintos países.

MARCO FLEXIBLE ADOPTADO POR 17 PAÍSES

La Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos fue adoptada inicialmente por Andorra, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Su adhesión es voluntaria y se concibe como un marco flexible que podrá adaptarse a las distintas realidades nacionales.

Los responsables políticos consideran que ambos documentos constituyen un paso hacia la construcción de una agenda regional compartida que permita afrontar los desafíos derivados del envejecimiento, los cambios demográficos y las nuevas necesidades sociales. La previsión es que las conclusiones de la reunión ministerial sean trasladadas a la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid, donde los jefes de Estado y de Gobierno abordarán el papel de los cuidados como uno de los ejes de las políticas de bienestar y desarrollo inclusivo en la región.