Tras la reciente reunión organizativa del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG) en Ginebra, que nos acerca a una Convención real de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores, quisimos conocer de primera mano, cómo valoran este paso de gigante dado desde la Alianza Mundial por los Derechos de las Personas Mayores (GAROP), entidad que agrupa a más de 400 organizaciones en todo el mundo y que lleva décadas liderando la acción social para alcanzar esta conquista.

La escena no era la de una gran firma ni la de un acuerdo histórico cerrado, pero sí la de un cambio silencioso y profundo. Los Estados dieron un paso de gigante que durante años parecía esquivo: comenzar a organizar de manera concreta la redacción de una convención internacional sobre los derechos de las personas mayores. Y en ese tránsito –del debate a la acción– la voz de la sociedad civil, articulada en redes como GAROP, ha sido decisiva. GAROP interpreta lo ocurrido como un punto de inflexión técnico y político. “La primera reunión organizativa del IGWG en Ginebra fue un paso fundamental”, señalan, porque ha permitido algo que hasta ahora no se había conseguido: “pasar formalmente de debatir ‘si’ actuar a acordar ‘cómo’ organizar la redacción de una nueva convención”. Ese matiz –aparentemente burocrático– encierra una transformación relevante. Durante años, el debate internacional sobre los derechos de las personas mayores ha oscilado entre el reconocimiento del problema y la falta de consenso sobre la solución.

Según explican desde GAROP, en estos tres días de trabajo “los Estados acordaron los métodos y procedimientos básicos”, incluyendo la elección de una Presidencia –que recayó en el embajador Carlos Foradori, representante de Argentina– y la forma en que se organizarán las sesiones futuras. En concreto, dos son las fechas señaladas este año: en julio, cuando se abordarán el propósito, los principios y el alcance del tratado; y en octubre, cuando se prevé que comience la redacción de los primeros artículos y obligaciones de los Estados. Es decir, se ha construido la arquitectura del proceso. “El resultado clave fue, por tanto, el establecimiento de un proceso claro y predecible”, subrayan. Y añaden un elemento crucial: ese proceso “ahora cuenta con respaldo político”. En otras palabras, ya no es solo una aspiración impulsada por activistas, sino una agenda asumida por los Estados. Uno de los aspectos más valorados por GAROP no tiene que ver directamente con los Estados, sino con quién más puede estar presente en el debate. “La inclusión de organizaciones que no forman parte del Ecosoc –Consejo Económico y Social– es importante y marca un avance significativo”, explican, porque rompe con una limitación histórica del sistema multilateral. “Hasta ahora, la participación formal estaba restringida a un grupo relativamente reducido de ONG con estatus consultivo”.

Esta apertura, por tanto, cambia el escenario, ya que “permite que los grupos de base, las organizaciones de personas mayores y las redes de regiones y comunidades que, a menudo, están infrarrepresentadas aporten su experiencia vivida directamente al proceso, lo que hace que la futura convención sea más legítima, representativa y arraigada en la realidad”. GAROP lo plantea también en términos políticos: este gesto implica reconocer que la defensa de los derechos de las personas mayores “no puede promoverse únicamente por los actores diplomáticos tradicionales”. Se necesita, dicen, “un ecosistema mucho más amplio de voces”.

EL RETO JURÍDICO: CONSTRUIR SIN DUPLICAR

Si el proceso organizativo ya está en marcha, el siguiente desafío será el contenido. Y ahí la complejidad aumenta. El sistema internacional de derechos humanos cuenta ya con múltiples instrumentos –declaraciones, principios, tratados regionales– que abordan el envejecimiento, aunque de forma fragmentaria.

Para GAROP, la clave será encontrar el equilibrio: “La nueva convención debería basarse en los instrumentos existentes, sin duplicarlos, haciendo referencia explícita a los principios y declaraciones pertinentes sobre el envejecimiento, así como a tratados regionales como la Convención Interamericana”. Esto implica reconocer lo ya construido, pero también identificar sus límites.

Por tanto, la nueva convención debería ir un paso más allá: “traducir sus normas, a menudo amplias y no vinculantes, en obligaciones concretas y jurídicamente exigibles”. En ese sentido, la futura convención no sería redundante, sino correctiva. Su función sería “rellenar las lagunas de protección” que han dejado los marcos actuales, especialmente en lo que respecta a la aplicación práctica de los derechos.

La coherencia será otro de los desafíos. GAROP advierte de la necesidad de “un cuidadoso cruce de referencias, definiciones comunes y la armonización de los derechos y deberes fundamentales de los Estados”. Solo así, señalan, la convención podrá convertirse en un “marco de referencia autorizado” sin romper el equilibrio del sistema internacional. La presión que precede al avance

Semanas antes de la reunión en Ginebra, el movimiento global impulsado por GAROP empezó a calentar motores para dar más a conocer lo que estaba por llegar y organizó la Global Rally 2026, una movilización coordinada a escala internacional. “Movilizó a defensores y activistas de muchos países”, explican, con un objetivo claro: “la participación plena e igualitaria de las personas mayores y la sociedad civil en el nuevo proceso de redacción”. Las acciones fueron diversas: desde eventos nacionales y jornadas de presión política hasta campañas públicas y sesiones informativas online. Todo ello bajo mensajes comunes como ‘Envejecer con derechos’ y ‘Voces iguales, derechos iguales’.

El impacto, según GAROP, fue tangible. Estas movilizaciones “contribuyeron a mantener los derechos de las personas mayores en un lugar destacado de la agenda política” justo antes de la reunión del IGWG. Pero también cumplieron otra función: “reforzaron la presión sobre los Estados para que diseñen métodos de trabajo inclusivos”. Es decir, ayudaron a crear el contexto político en el que decisiones como la apertura a nuevas organizaciones se vuelven posibles.

De cara a las próximas fases, GAROP mantiene una exigencia clara: la participación no puede ser simbólica. “Esperamos que la sociedad civil y las propias personas mayores sean socios activos, y no meros observadores”, afirman. Esto implica mucho más que presencia. Supone poder intervenir en las sesiones, comentar borradores, participar en consultas y, en definitiva, influir en el contenido del texto. Pero también plantea una cuestión de equidad: garantizar que esa participación sea diversa y sostenida. “La convención debe reflejar las diversas experiencias del envejecimiento en todas las regiones, géneros y grupos sociales”, subrayan. Para ello, añaden, no basta con abrir espacios. Es necesario dotarlos de recursos y continuidad. De lo contrario, advierten, el riesgo es caer en una participación “meramente simbólica”.

PRÓXIMOS PASOS: DEL MARCO AL CONTENIDO

Con nuevas reuniones previstas para verano y otoño –como hemos dicho–, el proceso entra en una fase más exigente. GAROP ya está trabajando, con una campaña sostenida a través del movimiento ‘Age With Rights’, en varios frentes: movilizaciones globales, apoyo a coaliciones nacionales para que interactúen con sus gobiernos y preparación técnica –análisis, sesiones informativas y espacios de coordinación– para que “pueda responder de forma colectiva a los borradores y propuestas de procedimiento que surjan en el IGWG”. Entre sus expectativas para este año destacan tres elementos: “avances en una hoja de ruta más clara, elementos iniciales o esbozos del texto de la convención, y garantías más firmes” sobre la participación.
No es un camino corto ni sencillo. Pero por primera vez en años, el proceso parece tener dirección.
Lo que comenzó como una demanda sostenida por activistas y organizaciones ha empezado a traducirse en estructuras concretas dentro del sistema internacional. Y aunque aún queda por definir lo esencial –el contenido de los derechos y las obligaciones–, el paso dado en Ginebra sugiere que la pregunta ya no es si habrá una convención, sino qué forma tomará y quién logrará influir en ella.