Chile cuenta desde este 1 de junio con una nueva herramienta legislativa para afrontar uno de los mayores desafíos demográficos de las próximas décadas. La publicación en el Diario Oficial de la Ley Nº 21.822, denominada Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, dota al país de un marco normativo específico destinado a proteger los derechos de las personas mayores y a promover políticas públicas adaptadas a una sociedad cada vez más envejecida.

La entrada en vigor de esta normativa culmina un proceso legislativo iniciado en 2020 que integró diversas iniciativas parlamentarias y propuestas gubernamentales. Su aprobación supone además la adaptación de la legislación chilena a los principios recogidos en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

El nuevo texto legal llega en un contexto marcado por una profunda transformación demográfica. Según los datos del último censo, las personas de 60 años o más representan ya cerca del 20% de la población chilena. Las previsiones apuntan a que este porcentaje continuará creciendo durante las próximas décadas hasta superar el 32% en 2050, lo que ha impulsado la necesidad de reforzar las garantías jurídicas y sociales dirigidas a este colectivo.

OBJETIVOS

La ley establece como objetivo central promover un envejecimiento digno, activo y saludable, al tiempo que reconoce un amplio catálogo de derechos específicos para las personas mayores. Entre ellos figuran la igualdad y la no discriminación por razón de edad, el acceso a la justicia, la atención preferente, la autonomía personal, la vida libre de violencia, el derecho a la salud, la educación, el trabajo, la información, la conectividad digital y la privacidad.

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva regulación es la prohibición expresa de cualquier discriminación arbitraria basada exclusivamente en la edad. Las personas mayores podrán recurrir a los mecanismos previstos en la legislación antidiscriminación cuando consideren vulnerados sus derechos en ámbitos como la atención sanitaria, el acceso a servicios, la educación o las relaciones laborales.

Asimismo, la norma refuerza la autonomía jurídica de este colectivo al impedir que organismos públicos o entidades vinculadas a la Administración exijan acreditaciones de capacidad mental únicamente por razón de edad para la realización de contratos, escrituras u otros actos jurídicos, salvo que exista una resolución judicial que así lo determine.

La atención preferente pasa también a convertirse en una obligación tanto para instituciones públicas como privadas. Esta exigencia incluye la adaptación de canales presenciales y digitales, así como el uso de un lenguaje claro y comprensible en la prestación de servicios. En el ámbito del consumo, las vulneraciones podrán ser consideradas infracciones relacionadas con la protección de los derechos de las personas mayores.

La ley incorpora además nuevas medidas frente a distintas formas de violencia. Junto al maltrato físico y psicológico, reconoce expresamente el abuso patrimonial y económico como una forma de vulneración de derechos. Cuando estas prácticas sean cometidas por proveedores comerciales o entidades prestadoras de servicios, podrán ser consideradas agravantes para la imposición de sanciones.

Otro de los avances destacados es la regulación del denominado abandono social. La norma define esta situación como una vulneración grave de los derechos de una persona mayor dependiente que ponga en riesgo su vida o integridad física o psíquica debido a la ausencia de redes familiares o sociales de apoyo. En estos casos se habilita la intervención de los tribunales de familia para adoptar medidas de protección.

El texto legal también incorpora medidas destinadas a favorecer la participación social y la inclusión digital. Entre ellas destaca el reconocimiento del derecho a la conectividad y el compromiso estatal de desarrollar programas de alfabetización digital adaptados a las necesidades de las personas mayores, una cuestión considerada cada vez más relevante en un contexto de creciente digitalización de los servicios públicos y privados.

En el ámbito cultural y de ocio, la normativa establece que los espectáculos artísticos, culturales y deportivos deberán reservar al menos un 5% de sus entradas para personas mayores y ofrecer descuentos mínimos del 50%, con el objetivo de favorecer su acceso a actividades comunitarias y de participación social.

Las novedades alcanzan también al mercado laboral. La ley incorpora disposiciones específicas para las personas trabajadoras mayores, incluyendo medidas de flexibilidad horaria, adaptación de funciones a las condiciones de salud, posibilidad de pactar suspensiones temporales del contrato y mecanismos relacionados con el disfrute proporcional de vacaciones.

CREACIÓN DE UNA POLÍTICA NACIONAL DE ENVEJECIMIENTO

Más allá de las medidas concretas, uno de los elementos considerados estratégicos por especialistas y organizaciones sociales es la creación de una Política Nacional de Envejecimiento con horizonte de diez años. Este instrumento deberá orientar la actuación de ministerios, Administraciones locales y organismos públicos en materias como vivienda, accesibilidad, transporte, salud y participación social. La normativa establece que dicha política deberá elaborarse en un plazo de seis meses, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia dispondrá de un año para aprobar los reglamentos necesarios para su implementación.

Desde la sociedad civil, la aprobación de la ley ha sido recibida como un avance histórico, aunque también como el inicio de una nueva etapa centrada en garantizar su aplicación efectiva. Nury Callata, responsable del Programa de Personas Mayores de Caritas Chile, destaca que la publicación de la norma constituye “un acto de justicia y dignidad largamente esperado”, aunque ha advertido de que el verdadero desafío será trasladar los derechos reconocidos por la ley a la realidad cotidiana de las personas mayores.

Con el objetivo de analizar el alcance de la nueva legislación y facilitar su comprensión, Caritas Chile ha anunciado la celebración de un debate virtual abierto al público el próximo 5 de junio –en el que se puede registrar a través de este enlace–, dirigido a personas mayores, cuidadores, organizaciones sociales, profesionales y ciudadanía interesada en conocer los nuevos derechos y mecanismos de protección que incorpora esta normativa.