El Gobierno Vasco aportará 100.000 euros para evaluar el impacto del proyecto POBA
El Gobierno Vasco ha aprobado, esta semana, un convenio de colaboración con la Fundación Adinberri para evaluar el impacto del proyecto POBA. Esta iniciativa piloto (Pertsonen Ongizatea Begirada Anitzetik Aretxabaletan) de la Diputación Foral de Gipuzkoa, junto con el Ayuntamiento de Aretxabaleta, Osakidetza y el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, pretende diseñar y testar en el municipio de Aretxabaleta un modelo de atención sociosanitaria preventivo, predictivo y proactivo.
Para la ejecución y medición de su impacto, el Ejecutivo vasco aportará 100.000 euros repartidos en dos años: 25.700 euros en 2026 y 74.300 euros en 2027.
Aretxabaleta, situada en la zona rural de la comarca Debagoiena, cuenta con una población de unos 7.200 habitantes, de la cual, al rededor del 23% son personas mayores (1.673). Así, POBA apuesta por la prevención activa de la fragilidad, mediante la identificación precoz de riesgos como caídas, polifarmacia o deterioro cognitivo o casos de soledad, y el desarrollo de programas personalizados orientados a mantener la autonomía y retrasar situaciones de dependencia.
El proyecto integra de forma coordinada los servicios sociales, sanitarios y comunitarios, con la finalidad de retrasar o evitar la progresión hacia situaciones de dependencia mediante la anticipación y el cuidado integral. “Su carácter piloto, su población acotada y sus objetivos explícitos lo convierten en el caso idóneo para construir sobre él el sistema de medición de impacto”, han señalado en un comunicado desde el Gobierno Vasco.
DOS BLOQUES DE ACTUACIÓN
La colaboración prevista se articula en torno a dos bloques de actuación. El primero, comprende la medición y evaluación del impacto del proyecto, tanto en su dimensión económica como social, mediante el desarrollo de un sistema de indicadores y la elaboración del correspondiente informe de evaluación.
El segundo, se dirige al refuerzo y apoyo del proyecto piloto sobre el terreno, e incluye actuaciones de comunicación y activación ciudadana, recogida e integración de datos e implementación de los planes de atención, favoreciendo la coordinación entre los servicios sociales, sanitarios y comunitarios.
