Sindicatos y empresas exigen que el Gobierno garantice el derecho subjetivo recogido en la Ley de Dependencia

Los sistemas de protección social (pensiones, sanidad y servicios sociales) deben ser sostenibles y, por ello, se hace necesario aplicar criterios de eficacia y eficiencia. Asimismo, las organizaciones firmantes del VI Convenio de la Dependencia califican como necesario la prestación de servicios a la ciudadanía desde la colaboración con la iniciativa privada (incluyendo tercer sector y economía social).
Cabe recordar que las trabajadoras y trabajadores del sector están realizando un importante esfuerzo de contención salarial en estos años de crisis; por su parte, la empresas han trabajado intensamente para mantener el volumen de empleo en el sector; y las organizaciones sindicales y empresariales han contribuido a la profesionalización del sector. Todo ello con el claro objetivo de prestar un servicio de calidad con un coste sostenible en un sector, el de la dependencia, que es único que no pierde empleo en la Encuesta de Población Activa.
Argumentos, todos ellos, que vienen a reforzar la exigencia a las administraciones públicas de un plan que haga efectiva la aplicación de la Ley de Dependencia y garantice el derecho a la ciudadanía contemplado en dicha Ley.