Pregunta.- Probablemente, una de las noticias más importantes en la Comunidad de Madrid en este comienzo de año sea la paralización del proyecto de privatización de la gestión de la sanidad. Ustedes siempre se habían manifestado contrarios a los planes del Ejecutivo regional. Me imagino que están satisfechos con el resultado de la lucha de la Marea Blanca, a la que ustedes brindaron su apoyo...

Respuesta.- Sí, fue una satisfacción parar una injusticia tan enorme. Los socialistas, con Tomás Gómez a la cabeza, siempre hemos sido absolutamente contrarios a los planes privatizadores de la sanidad pública que acometieron los gobiernos del PP en Madrid, antes Esperanza Aguirre y ahora Ignacio González. La pretensión del PP de privatizar seis hospitales públicos y 27 centros de salud, el euro por receta, etcétera; ha tenido el rechazo de toda la sociedad madrileña. Los socialistas nos hemos opuesto en la Asamblea de Madrid, hemos recurrido a todas las instancias judiciales, al Tribunal Constitucional y a las instituciones europeas, además de acompañar a la Marea Blanca en todas las manifestaciones.

P.- Cuando anunció la paralización del proyecto, Ignacio González no descartó que se pueda retomar en el futuro. ¿Temen que se pueda dar de nuevo una situación similar a la vivida en el último año en torno a la Sanidad madrileña? ¿Trabajará el PSM en la Asamblea para evitarlo?

R.- Efectivamente, cuando Tomás Gómez exigió a Ignacio González en la Asamblea de Madrid que paralizara definitivamente y por ley la privatización de la sanidad pública madrileña, el PP no sólo se negó sino que Ignacio González señaló que la privatización quedaba “en suspenso”. De hecho, estamos viendo como siguen adelante procesos de privatización de servicios sanitarios públicos como la Lavandería Central Hospitalaria, el Centro de Transfusiones y ahora el aseguramiento de las bajas por enfermedad común de los 55.000 empleados públicos de Madrid, lo que supone detraer cientos de millones de la sanidad pública para el negocio privado, con consecuencias muy graves: despidos de profesionales sanitarios, rebajas brutales de sueldos, etcétera. 
Según cifras oficiales del Registro Central de Personal de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda, entre julio de 2011 y julio de 2013, se han perdido 5.452 trabajadores en la plantilla de los centros sanitarios públicos madrileños. Si tenemos en cuenta que existe una gran cantidad de personal con contratos que no está contabilizada en plantilla, la pérdida de empleo es mucho mayor y puede afectar a unos 7.000 trabajadores.
Los 26 hospitales de gestión pública que forman parte de la red madrileña de atención sanitaria especializada contaban en el año 2008, con 50.365 trabajadores. En 2014 la cifra se reduce hasta 46.103. Entre los centros que han experimentado mayor pérdida de efectivos están el hospital de Alcorcón (406 trabajadores), el Doce de Octubre (399), La Princesa (205) y el Puerta de Hierro (201).
Además, se suspendieron las prolongaciones de servicio activo (jubilaciones forzosas de quienes tenían concedida su prolongación hasta los 70 años). Esta actuación supuso la destrucción de 700 trabajadores sanitarios de distintas categorías, la mayoría médicos jefes de servicio, y no se han realizado, por supuesto, contrataciones en las plazas vacantes.
La sanidad pública madrileña no sólo ha sufrido, en estos últimos años, una importante pérdida de profesionales. El empleo en este sector también ha experimentado una notable y constante precarización (eventualidad, arbitrariedades, imposiciones partidarias, etcétera).
Con datos como éstos no es de extrañar que Madrid sea la región que lidera la “fuga” de médicos al extranjero. Madrid concentra el 30% del total de facultativos de España que han decidido emigrar.
Y después está el cierre de hospitales y servicios de Urgencias, de ambulatorios y de centros de Salud. Por ejemplo, el Instituto Cardiológico, uno de los 33 hospitales madrileños, permanece cerrado desde el pasado mes de diciembre. El Gobierno regional decidió cerrar también la Comunidad Terapéutica de Villaviciosa de Odón, dependiente de la Agencia Antidroga, y la Agencia Laín Entralgo, el organismo que formaba a los profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid.
Se han cerrado las urgencias de los centros de salud de La Fortuna, en Leganés, un centro de salud en Aranjuez y dos más en la capital: Doctor Esquerdo y Barajas.
Además se han cerrado plantas en los hospitales; los seis quirófanos del Pabellón 8 del hospital Clínico (donde se realizaba prácticamente toda la actividad quirúrgica y de consultas de oftalmología); el centro de especialidades de Fuencarral; el servicio de radiodiagnóstico nocturno en el hospital Virgen de la Torre y tres centros de especialidades en Alcobendas, Aranjuez y Arganda.
Y que, hoy por hoy, sigue retrasándose la apertura del hospital de Collado Villalba, cuya primera previsión era abrirlo en 2011.
Los recortes y la pérdida de profesionales sanitarios se han ido notando cada vez más en las cifras. Las listas de espera en la Comunidad de Madrid no sólo no han dejado de crecer en los últimos años sino que lo han hecho cada vez más rápido, de manera espectacular, especialmente en consultas externas e intervenciones quirúrgicas. El aumento estimado de estas demoras está en un 9,5% de media. En un solo año la lista ha engordado en 18.290 personas. En un solo año.

P.- Por otra parte, una de las cuestiones que más preocupan en el ámbito de la atención a las personas mayores es la gestión de la Ley de Dependencia. Mientras que la Comunidad se afana en defender que “está cumpliendo con la Ley de Dependencia”, poniendo como ejemplo su red de centros de día -que cubre el 18% del total de plazas disponibles para personas dependientes existentes en España- entidades como la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales “suspenden” la aplicación de la Ley en Madrid. ¿Cuál es la lectura de su grupo a este respecto?

R.- La Comunidad de Madrid se ha caracterizado desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en 2007 por ocupar los peores puestos en grado de implantación de este derecho social.
Su desarrollo en esta región nos deja un crecimiento escaso, lento y cada vez menos ambicioso.
Los datos anuales de 2013 reflejan que en Madrid cada vez hay menos demandantes, menos beneficiarios y menos equipamientos para atender a los dependientes.
Entre enero y diciembre de 2013 se produjo un descenso en el número de ciudadanos con derecho a ser beneficiarios de la Ley de Dependencia; concretamente se pasó de 103.000 personas a 99.500. Y de esos beneficiarios, aún hay 10.000 que no están recibiendo la prestación.
La media de beneficiarios en relación con la media de España es 1,6 en Madrid, mientras que si hablamos de dictámenes sobre la población, la media de España es de 3,2 y la media en Madrid es de 2,6.
En cuanto a gasto público por habitante, la media de otros países es de 109 euros, mientras que la media en Madrid es 95,5 euros.
En la Comunidad hay miles de personas esperando una prestación y ni la ayuda a domicilio, ni los centros de día, ni las residencias han crecido en los últimos doce meses. Todo lo contrario, han decrecido.
Más de 14.000 madrileños tienen autorizadas y aprobadas las ayudas para la dependencia pero no las reciben. Y quienes sí la reciben sufren unas demoras absolutamente inadmisibles.
Tampoco se ha avanzado nada en la coordinación sociosanitaria.

P.- ¿Es necesario mejorar, en general, la gestión y eficiencia de los Servicios Sociales en la Comunidad? ¿Por dónde empezarían ustedes?  

R.- Es absolutamente imprescindible recuperar el Plan Concertado de Servicios Sociales, para coordinar la atención primaria de servicios sociales y la atención especializada. Para ello, es imprescindible la coordinación del Gobierno Regional y los ayuntamientos con un plan específico para la ciudad de Madrid. La lucha contra la pobreza, la mejora de gestión de la renta mínima de inserción, la atención a personas mayores y personas con discapacidad es nuestra prioridad dentro de la propuesta que ha presentado Tomás Gómez de lucha contra la desigualdad social que sufren dos millones de madrileños.

P.- ¿Diría que los mayores madrileños tienen acceso a todos los recursos y servicios necesarios para poder llevar una vida lo más independiente y autónoma posible?

R.- No, el Gobierno regional no ha desarrollado, ni siquiera mínimamente, los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal para personas mayores y personas con discapacidad. Hay problemas de movilidad en el transporte, recientemente hemos denunciado que el Intercambiador de transportes de Moncloa (uno de los más importantes de Madrid y Europa) presenta graves deficiencias de accesibilidad. La Comunidad de Madrid ha suspendido las ayudas para rehabilitación de ascensores, ayudas técnicas, adaptaciones en el hogar, etcétera. 

P.- ¿Han elevado al Pleno de la Asamblea, o a las distintas comisiones, alguna propuesta para avanzar en la consecución efectiva del envejecimiento activo en la Comunidad?

R.- Sí, así es. La propuesta socialista busca preparar a los madrileños para un envejecimiento saludable, preparar la transición a la jubilación manteniendo no sólo su capacidad adquisitiva (eliminación de copago, 15ª paga para las pensiones no contributivas) sino el acceso a servicios como centros de mayores, cine y teatro, viajes, balneoterapia, ocio y tiempo libre, universidades de mayores.

P.- Su grupo parlamentario ha denunciado en los últimos tiempos que la mayoría absoluta del PP en la Asamblea impide debatir en profundidad las cuestiones de índole política y social de relevancia para la Comunidad. ¿De qué forma cree que está afectando esto ya no sólo a su grupo, sino en general a la ciudadanía?

R.- Así es, el PP ha impuesto un auténtico cerrojazo en la Asamblea de Madrid, lo que afecta no sólo al debate político sino a la calidad democrática. Los escándalos de corrupción que afectan al PP, los escándalos en torno a la imputación de la esposa del Presidente regional, Ignacio González, por el asunto de su ático en Marbella, los escándalos de Bankia, Gürtel, Granados, etcétera; son la causa de la falta de transparencia y participación democrática.