La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, realizó recientemente un balance de los primeros cuatro meses de funcionamiento del Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucios. Se trata de un servicio, pionero en España en el ámbito de los Servicios Sociales, que acompaña al ciudadano, de forma individualizada, en todas las fases del proceso: aborda el problema desde la raíz, con medidas preventivas, busca soluciones paliativas y actúa de intermediario con las entidades financieras para tratar de que no se produzca el lanzamiento y la pérdida de la vivienda.
De noviembre a febrero de este año, los 76 profesionales que trabajan en este servicio en la Comunidad han atendido a 576 familias que corrían el riesgo de perder su vivienda habitual o presentaban serios problemas de sobreendeudamiento que les impedía afrontar el pago de la hipoteca. La entrada de nuevos casos se sitúa en un promedio de 35 a la semana.
Todas esas familias, después de llamar al teléfono de información de la Junta 012, fueron derivadas hacia los profesionales de las 30 oficinas habilitadas en las corporaciones locales. En el 37% de los casos, como complemento, diseñaron un plan de economía familiar para sanear sus cuentas. Para Milagros Marcos, la “clave” está en la prevención y en acudir al servicio antes de que se produzca el primer impago de la hipoteca.
Cada una de esas familias requirió de media entre tres y cuatro entrevistas con los técnicos. Y es que, además de prestar ese asesoramiento, los técnicos valoran el riesgo de exclusión y las necesidades que contar con apoyos u otros recursos para paliar o mitigar su situación.
Así, los profesionales optaron por derivar al 35% de las familias atendidas (en total 203) hacia las prestaciones que ofrecen los Servicios Sociales de Castilla y León, o bien les derivaron hacia políticas de búsqueda de empleo o de una vivienda alternativa, hacia los servicios de salud o incluso les orientaron hacia la asistencia jurídica gratuita. En algunos casos, una familia pudo requerir más de una atención especializada.
Según los datos aportados por la consejera, de las 203 familias derivadas hacia la intervención, 136 familias lo fueron hacia los Servicios Sociales, activándose así la Renta Garantizada de Ciudadanía, las ayudas de emergencia social o programas de intervención familiar. 52 contaron con el apoyo de las entidades del Tercer Sector, como complemento, y a otras 68 se les dirigió hacia los servicios de empleo para mejorar sus posibilidades de acceder a un empleo, actualizar su perfil o solicitar la Renta Activa de Inserción.
En 19 casos se les recomendó que acudieran al sistema de salud y en 15 se comenzaron a buscar alternativas de vivienda. 73 familias, que cumplían los requisitos, fueron orientadas hacia la asistencia jurídica gratuita.
Como destacó la consejera, el objetivo es poner a disposición de las personas sobreendeudadas un conjunto de medidas, preventivas y también paliativas, para evitar en lo posible que la precaria situación económica desemboque al final en un desahucio.

230 casos concluidos
Aunque aún ha transcurrido escaso tiempo desde la puesta en marcha del servicio, 230 expedientes ya se han concluido, es decir el 40% de los casos abordados. De ellos, un 89% (204 casos) se ha resuelto, según afirmó la consejera, quien añadió que en 169 casos no ha sido necesario llegar a la interlocución con las entidades financieras. Sin embargo, en los casos en los que hay riesgo real de impago o ya hay impagos, se activa, si así lo desea la familia, la intermediación de los profesionales de la Gerencia Regional de Servicios Sociales con las entidades financieras. En estos primeros cuatro meses, en 35 casos el acuerdo se ha alcanzado.
La principal solución encontrada ha sido la reestructuración de la deuda. A esta solución han llegado 22 familias (el 63% de los casos resueltos con interlocución). En 11 casos se acordó la dación en pago (siempre con la quita de la deuda) y en otros dos se logró el acuerdo de no lanzamiento, aunque la vivienda ya hubiera pasado de la familia al banco. Por el contrario, 26 casos se han cerrado sin acuerdo entre la entidad financiera y el usuario.
Hasta el momento la interlocución se ha realizado con las once entidades financieras que se han adherido al Servicio Integral de Apoyo a las Familias de Riesgo de Desahucio, pero también con otras 22 que, sin haberse adherido, han entrado en la dinámica de la interlocución con la Gerencia Regional de Servicios Sociales. En definitiva, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha mantenido un cauce de comunicación con 33 entidades financieras.

Perfil de las familias
El perfil de las personas que ha acudido al Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio es el de pareja estable, con uno o dos hijos, con edades situadas en torno a los 43 años. En concreto, el 70% de esas personas tenía entre 30 y 49 años, y un 65% vivía en pareja. El número de integrantes del núcleo familiar se sitúa entre los tres y los cuatro. Los datos evidencian, además, que en el 48% de los casos el demandante de este servicio no tiene un perfil de exclusión social.
Prácticamente el 62% de las personas que acudió a este servicio lo hizo porque preveía dificultades para hacer frente a la hipoteca, pero aún no había dejado de pagar ningún recibo. Esa anticipación facilita, y mucho, la búsqueda de una solución favorable, tal y como remarcó Milagros Marcos. El 30%, por el contrario, llegó al servicio cuando ya había recibido un requerimiento bancario o el banco ya había interpuesto una demanda de ejecución en el juzgado. Y en un 7% de los casos incluso se había subastado el inmueble y la familia estaba a la espera de la notificación de desalojo.