El Plan de Inserción Socio-Laboral 2016-2020 se centra en actuaciones personalizadas de carácter integral dirigidas a las personas más vulnerables, a personas con discapacidad y en exclusión o en riesgo de estarlo. La Red de Protección a las familias y la Estrategia Integrada de Empleo son los pilares en los que se fundamenta el plan.
Consta de cuatro ejes, con cerca de 130 acciones. El primer eje se enfoca en conseguir la mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables a través de la formación y el segundo se centra en el acceso al empleo y en mantenerlo. Los otros dos ejes tienen un carácter instrumental para mejorar la intervención de los profesionales y lograr un cambio social en la percepción de la inclusión.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, dio cuenta del seguimiento, de la evaluación y del grado de ejecución de este plan en su primer año, a través del análisis que arrojan los datos en sus cuatro ejes de actuación. García destacó tres aspectos relevantes. En primer lugar, el plan ha superado sus previsiones iniciales ya que ha hecho posible que más de 96.000 personas en situación de riesgo o de exclusión hayan participado en sus acciones. Junto a esto, en 2016, el plan destinó más del 60 % de sus recursos a crear o mantener el empleo de las personas más vulnerables, lo que ha permitido 11.800 contrataciones incentivadas por la Administración, y casi el 40 % restante a mejorar la capacitación y formación de estas personas para acceder a un empleo, a través de las 14.000 acciones formativas. En tercer lugar, ha sido necesario incrementar su financiación en más de 5,3 millones de euros, un 7,2 % más de lo previsto, que fueron 74,95 millones de euros, para llegar hasta los 80,33 ejecutados finalmente.
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
El primero de los cuatro ejes del Plan de Inserción Socio-Laboral 2016-2020 contemplaba 46 acciones con un gasto de 31,4 millones de euros, casi el 40 % de todo el presupuesto del plan, para dotar a las personas más vulnerables de las condiciones necesarias para acceder a un empleo, facilitar su entrada en el mercado laboral, mejorar su empleabilidad y favorecer su inclusión activa.
La evaluación del primer año del plan indica que, en 2016, 84.300 personas participaron en más de 14.000 acciones formativas. García señaló que, respecto a los principales beneficiarios de este eje, los datos indican que hay casi 5.000 perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, 766 mujeres víctimas de violencia de género o en situación de vulnerabilidad, más de 4.000 personas con discapacidad y más de 1.000 jóvenes. Además, un 20 % de los beneficiarios son inmigrantes.
ACCESO AL EMPLEO
El segundo eje contempla 42 acciones de dos tipos de medidas: por un lado, las que facilitan empleo a través de entidades sin ánimo de lucro o empresas privadas mediante subvenciones o contratación pública y, por otro, las que impulsan la contratación en el sector público.
Las acciones de este eje han supuesto un gasto de 48,7 millones de euros lo que implica el 60,6 % del total de la anualidad para 2016 para facilitar el acceso a un empleo y su mantenimiento a través de los incentivos ofrecidos por la Administración. Entre los beneficiarios de las medidas de este eje destacan más de 7.800 personas con discapacidad y 2.260 perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
INTERVENCIÓN DE LOS PROFESIONALES Y CAMBIO SOCIAL
La consejera de Familia indicó que los ejes tercero y cuarto tienen un carácter instrumental y están contribuyendo tanto a mejorar la intervención de los profesionales como a lograr un cambio social en la percepción de su inclusión sociolaboral como una inversión con importante retorno social.
Entre las medidas en el primer año de ejecución del plan se encuentra un sistema de intercambio de información entre el Servicio de Empleo y el Sistema de Servicios Sociales, especialmente en la coordinación de actuaciones para perceptores de RGC, derivándolos a programas de empleo o formación en función de grado de empleabilidad.