Pregunta: Sustituye a Juan Manuel Moreno Bonilla en la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. ¿Cómo valora el trabajo de su predecesor durante los dos últimos años?
Respuesta:Lo primero que debo hacer, y porque lo creo sinceramente, es alabar el trabajo de mi antecesor en el cargo. Conviene tener en cuenta las dificultades financieras a las que ha tenido que hacer frente, y aún y así los cimientos del Estado de Bienestar siguen robustos. Su labor, que he podido conocer de primera mano por haber sido diputada del grupo parlamentario popular, consistió en mantener intocables conquistas sociales de las que todos y todas nos sentimos orgullosos. Me refiero a la lucha contra la violencia de género, a la dinamización del Tercer Sector, a la atención a las personas mayores y a la protección de los menores, entre otros ámbitos. Juanma Moreno dejó la Secretaría de Estado con un presupuesto en el que siete de cada diez euros recaen en las políticas para los mayores, desde la dependencia a medidas de envejecimiento activo, sin obviar los programas de termalismo y turismo social, uno de los campos de actuación más importantes del Imserso. Sin duda, Juanma Moreno ha dejado el listón muy alto.
Pregunta: Según Ana Mato, la normativa aprobada en diciembre del 2013 responde a la necesidad de que todos los dependientes tengan el mismo trato independientemente de donde residan. ¿Qué desigualdades se están produciendo en el sistema?
Respuesta:Para que los ciudadanos puedan ejercer este derecho, la Ley atribuye a las administraciones públicas implicadas, Administración General del Estado y comunidades autónomas fundamentalmente, una serie de funciones y responsabilidades específicas. Respetando el reparto de competencias, el desarrollo y la gestión de los servicios sociales y la atención a la dependencia corresponde a las comunidades autónomas en el ámbito de su territorio. En la Ley de Dependencia se creó el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (en la actualidad Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia), que es un órgano de cooperación del que forman parte las distintas administraciones competentes. En este Consejo, de común acuerdo, se decide y aprueba todo aquello que afecta a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Es cierto que en los primeros años de aplicación de la Ley existieron problemas de homogeneidad en su aplicación, como puso de manifiesto el “Avance de Evaluación de la Ley a 1 de enero de 2012”, aprobado por el Consejo Territorial en sesión celebrada el día 12 de abril de 2012. Diagnosticado el problema, se buscó la solución a través de los instrumentos cooperativos que ofrece el Consejo Territorial. Éste ha ido aprobando medidas para la mejora del Sistema y para hacerlo más transparente, de calidad y centrado en la atención a las personas dependientes. Asimismo se han puesto los medios para posibilitar la sostenibilidad financiera actual y futura del mismo. Todo ello con unos criterios que garanticen la igualdad en la concesión de las prestaciones y servicios en todo el Estado. Me detendré en el trabajo efectuado en cooperación con las comunidades para la regularización de los expedientes que circulan en el seno del Sistema de Dependencia. El Tribunal de Cuentas detectó la existencia de 25.000 expedientes con anomalías, lo que significaba que un monto de inversión pública importante se perdía en el propio modelo. El Imserso y las comunidades, como citaba antes, se pusieron manos a la obra y han conseguido homogeneizar los datos y devolver al sistema alrededor de 39 millones de euros. Se trata de un ímprobo esfuerzo por la transparencia. A partir de ahora, la certificación mensual y la comprobación anual que exige el nuevo modelo de gestión de datos ahonda en su eficiencia, y lo hace en toda España. Este aspecto lo valora el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización de las cuentas de las comunidades sobre dependencia, conocido este mismo mes de junio. Por tanto, con la normativa mencionada, se culmina y consolidan el conjunto de las medidas adoptadas por el Consejo Territorial. De esta manera se garantiza el principio de igualdad. Es decir, que todas las personas en situación de dependencia tengan el derecho de recibir los mismos servicios y prestaciones independientemente de la comunidad autónoma en la que residan al establecerse unos criterios comunes para toda España.
Pregunta: ¿Qué pasos considera que habría que dar para solucionar la gestión en materia de dependencia?
Respuesta:Los pasos principales ya están dados, como he explicado. Ahora falta implementarlos en su totalidad por los gobiernos de las comunidades autónomas. Sí queremos resaltar que, con la normativa aprobada, la configuración del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia garantiza que una vez resuelta la concesión de prestación en el plazo legalmente establecido o, en su caso, una vez generado el derecho, la Administración General del Estado, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, abone a las comunidades autónomas, mes a mes, las cantidades que garantizan la financiación del nivel mínimo. Incluso, como ha ocurrido en los dos últimos ejercicios presupuestarios, el 2012 y el 2013, si es necesario, se incrementen las cuantías inicialmente presupuestadas para transferir a las regiones en función de los beneficiarios reconocidos con derecho a recibir prestación por ellas. La nueva normativa aprobada viene a corregir demandas que las comunidades autónomas venían realizando para que el reparto de los créditos transferidos fuera más equitativos y tuvieran en cuenta no sólo los beneficiarios con prestación efectiva y grado de dependencia sino también el tipo de prestación que reciben. Se entendía que la introducción de la última variable haría más equitativo el reparto a las comunidades y, por ello, se acordó en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. El Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, tiene en cuenta esta situación y mejora de manera indudable la gestión. A partir de enero de 2014 ya se vienen corrigiendo de este modo posibles inequidades que pudieran existir anteriormente.
Pregunta: El anteproyecto de la Ley de Subvenciones especifica que no se financiará más del 75% de los proyectos, sean estos, o no, pertenecientes a una entidad privada, pública y sin ánimo de lucro. ¿Estas medidas pueden dificultar la labor del Tercer Sector?
Respuesta:Pido a las entidades que tengan absoluta confianza en este Gobierno. Tenemos el compromiso firme de proteger a las entidades del Tercer Sector. La nueva Ley de Subvenciones tiene el objetivo de evitar los fraudes que se han podido cometer en algunos momentos, pero no vamos a permitir que nuestras entidades sociales, que son las que llegan allí donde las administraciones no pueden llegar y atienden a quienes más lo necesitan, tengan problemas de financiación. El diálogo con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha sido fluido y fructífero, y por ello puedo decir que las entidades sociales deben confiar en que su futuro a corto, medio y largo plazo está garantizado.
Pregunta: El Imserso celebró unas jornadas de reflexión en torno al documento sobre orientaciones de la Unión Europea relativas a las personas mayores. Tras las conclusiones de estos encuentros, ¿cuáles serán los siguientes pasos a dar en el futuro?
Respuesta:Después de la presentación pública del documento “Propuestas para el Desarrollo de las Orientaciones del Consejo de la Unión Europea relativas a las Personas Mayores”, el Imserso ha organizado, como entidad impulsora, tres jornadas de debate con el objetivo de recibir sugerencias y generar elementos innovadores para su contenido. Estas jornadas han sido concebidas como herramientas de diálogo entre las administraciones y la sociedad civil para generar respuestas óptimas a los retos que se presentan con el envejecimiento demográfico y consolidar el envejecimiento activo y saludable como parte fundamental de desarrollo social y personal en una sociedad para todas las edades. El documento contiene líneas de actuación hacia las personas mayores, tanto para el presente como para el futuro. Se recogen en él propuestas de desarrollo de cada una de las 19 orientaciones de la Unión Europea. Las propuestas están agrupadas en los tres apartados en que la Unión Europea clasifica estas orientaciones: empleo, participación en la sociedad y vida independiente. A ellos se ha añadido otro, por la importancia que tiene para las personas mayores, el relativo a la no discriminación, igualdad de oportunidades y atención a situaciones de mayor vulnerabilidad. Las jornadas han consistido en mesas redondas, en las que han intervenido profesores universitarios, profesionales diversos que se relacionan con personas mayores (médicos, enfermeras, terapeutas ocupacionales; miembros de la Administración General del Estado (Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección General de la Policía, Dirección General de Tráfico); de comunidades autónomas; representantes de colegios profesionales (Trabajadores Sociales); representantes de asociaciones de personas mayores (UDP, Federación de Pensionistas y Jubilados de CC OO, Consejeros del Consejo Estatal de Personas Mayores representantes de asociaciones, Federación Estatal de Alzheimer); de entidades prestadoras de servicios y de medios de comunicación especializados en personas mayores. El resultado del proceso de elaboración ha sido la formulación de 345 propuestas, que a partir de ahora habrá que estudiar con el fin de desarrollar planteamientos concretos.