José Remón / Secretario de la Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas (Cepyp)
“Los jubilados deben tener voz propia y alguien que los represente ante las administraciones”
Pregunta: Actualmente, los jubilados y pensionistas están representados por los sindicatos ¿Por qué entienden desde Cepyp que esta representatividad no es suficiente para el colectivo?
Respuesta:Cepyp sostiene que si bien, en teoría, los sindicatos asumen, plantean, debaten y negocian las condiciones económicas, sanitarias y cualquier otro escenario social de los jubilados y pensionistas ante las administraciones públicas, la realidad es otra. Nos encontramos, además, con la inexistencia de diálogo entre los sindicatos y organizaciones de mayores para conocer sus inquietudes, sus problemas más acuciantes, sus aspiraciones y sus reivindicaciones. El colectivo de mayores no elige a sus representantes, sin embargo los poderes públicos han decidido que sean representados por los sindicatos; el colectivo no tiene -o tiene con dificultad- acceso a ellos para hacerles llegar sus reivindicaciones; en las mesas de negociación no plantean -o no de manera satisfactoria- los temas que le afectan de lleno; no rinden cuentas de sus gestiones a los representados y estos no tienen posibilidad de exigirlas; y siguen, sin discontinuidad, representándoles. En definitiva y en la práctica, el colectivo de jubilados y pensionistas no tiene quien defienda los intereses económicos y sociales, de gran importancia y trascendencia, que les son propios. De la misma manera que los agentes sociales tienen reconocida la capacidad para negociar, siendo, como son, colectivos muy importantes por tamaño, por incidencia social, etcétera; el colectivo de jubilados y pensionistas, con una diferenciación clara de otros grupos, con una problemática diferenciada, con unos intereses específicos muy definidos, con capacidad suficiente para actuar en nombre propio, reclama ser tenido en consideración, verse amparado por unas normas legales que marquen las condiciones de su representación y definan el ámbito de su problemática y negociación.
Pregunta: Fundamentalmente, ¿en qué temas les gustaría tener más poder de negociación?
Respuesta:El colectivo tiene unas peculiaridades específicas en lo relativo a sus condiciones socioeconómicas que se agudizan en los últimos años de vida. Integrado por más de ocho millones de ciudadanos, representa a cerca del 20% de la población española. No parece una entelequia pretender que este colectivo elija a quien le represente ante la administración pública, máxime cuando las decisiones que le afectan de lleno se toman a nivel ministerial. Tres son los temas fundamentales: en primer lugar, todo lo relacionado con las pensiones; en segundo lugar, todo lo referente a la sanidad, que afecta a toda la población, pero más del 80% del consumo sanitario se produce en los últimos años de vida; de ahí la importancia de que, como pacientes y afectados por las decisiones económicas que se adoptan, deban tener, los jubilados y pensionistas, participación en ellas. Por último, otro tema fundamental es la dependencia que, aunque afecte a toda la población, en este sentido el grupo poblacional de los mayores es el mayor necesitado y usuario de este servicio. Cepyp entiende que los jubilados y pensionistas deben tener su propia voz. Deben tener quien les represente ante las administraciones públicas y ante cualesquiera otras entidades para plantear, debatir y acordar las decisiones que les afectan en materia económica, sanitaria, de pensiones y demás prestaciones. Es el propio colectivo quien debe otorgar su representación. La administración central nunca ha mostrado interés por que los mayores tengan su propia voz. La ley cede la representación a quien no puede ser elegido por los afectados y se mantiene en un plano de difícil acceso para que los representados les transmitan sus planteamientos. No rinden cuentas al colectivo por la inexistencia de nexos de unión entre ellos.
Pregunta: ¿Cuál es la respuesta que reciben por parte del Gobierno ante la petición que ustedes reivindican?
Respuesta:La ley ampara el derecho a la participación ciudadana, mediante elecciones periódicas, para elegir a sus representantes. Esta es la representación que se reclama, mediante participación directa, no otorgada al margen de la voluntad del interesado, del afectado. Cuantas veces hemos reclamado ser tenidos en consideración al Ministerio correspondiente, al presidente del Gobierno, al Defensor del Pueblo, ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, no hemos obtenido respuestas o han sido evasivas como “puede hacer llegar su opinión sobre los problemas que les afectan a quienes toman las decisiones políticas”, remitiéndonos a la ley de libertad sindical, de difícil encaje, si no imposible, para un colectivo imposibilitado en la participación electoral. No es nuestro deseo hacer llegar a otros la opinión sobre los problemas que nos afectan, sino ser nosotros mismos, los representantes que hayamos elegido, los que los planteemos y negociemos. Un colectivo tan amplio, con problemas de tan hondo calado como las pensiones, su suficiencia y su incremento; la sanidad con connotaciones específicas y un consumo muy notable en esta época de la vida; o la dependencia, servicio delimitado en gran medida a la edad avanzada, solo merece en la legislación, para otorgar la representación de quien lo ha de negociar, unas pocas líneas, y no de manera directa y clara, en una ley, la de libertad sindical, que afecta, como debe ser, al mundo laboral y ajeno por completo al de los pensionistas.
Pregunta: ¿Por qué creen que desde el Gobierno no se quiere regular esta situación?
Respuesta:Desconocemos las motivaciones que el Gobierno pueda tener. Partimos de la constatación de la inexistencia de una ley específica que ampare y salvaguarde los derechos de los jubilados y pensionistas. Ningún Gobierno de los últimos 30 años ha tomado en consideración regular la situación de un sector tan específico y numeroso, y lo mantiene relegado en una ley pensada para el mundo laboral, escenario al que no pertenece ninguno de los afectados. La pretensión es que la representatividad de los jubilados y pensionistas esté respaldada por una ley que contemple todo lo relacionado con el mundo del mayor y la negociación ante las administraciones públicas de cuanto les atañe. No es nuestra pretensión entrar en ningún otro ámbito de la sociedad, pero tampoco nos parece razonable que, desde cualquier otro sector, se usurpe un derecho y se margine a los mayores a un ostracismo por el que se les niega la posibilidad de plantear y defender los asuntos que les son propios. En este sentido, instamos al Ejecutivo a que atienda la demanda y dé los pasos que le corresponda para que el Legislativo debata la norma y, dentro del marco constitucional, desarrolle una ley que regule la participación activa, con voz y voto, de los jubilados y pensionistas en los temas que son de su aplicación exclusiva o tienen una incidencia relevante por su condición de edad o porque, por sus circunstancias, tienen una aplicación específica. En especial lo relativo a las pensiones, sanidad y dependencia.
Respuesta:Cepyp sostiene que si bien, en teoría, los sindicatos asumen, plantean, debaten y negocian las condiciones económicas, sanitarias y cualquier otro escenario social de los jubilados y pensionistas ante las administraciones públicas, la realidad es otra. Nos encontramos, además, con la inexistencia de diálogo entre los sindicatos y organizaciones de mayores para conocer sus inquietudes, sus problemas más acuciantes, sus aspiraciones y sus reivindicaciones. El colectivo de mayores no elige a sus representantes, sin embargo los poderes públicos han decidido que sean representados por los sindicatos; el colectivo no tiene -o tiene con dificultad- acceso a ellos para hacerles llegar sus reivindicaciones; en las mesas de negociación no plantean -o no de manera satisfactoria- los temas que le afectan de lleno; no rinden cuentas de sus gestiones a los representados y estos no tienen posibilidad de exigirlas; y siguen, sin discontinuidad, representándoles. En definitiva y en la práctica, el colectivo de jubilados y pensionistas no tiene quien defienda los intereses económicos y sociales, de gran importancia y trascendencia, que les son propios. De la misma manera que los agentes sociales tienen reconocida la capacidad para negociar, siendo, como son, colectivos muy importantes por tamaño, por incidencia social, etcétera; el colectivo de jubilados y pensionistas, con una diferenciación clara de otros grupos, con una problemática diferenciada, con unos intereses específicos muy definidos, con capacidad suficiente para actuar en nombre propio, reclama ser tenido en consideración, verse amparado por unas normas legales que marquen las condiciones de su representación y definan el ámbito de su problemática y negociación.
Pregunta: Fundamentalmente, ¿en qué temas les gustaría tener más poder de negociación?
Respuesta:El colectivo tiene unas peculiaridades específicas en lo relativo a sus condiciones socioeconómicas que se agudizan en los últimos años de vida. Integrado por más de ocho millones de ciudadanos, representa a cerca del 20% de la población española. No parece una entelequia pretender que este colectivo elija a quien le represente ante la administración pública, máxime cuando las decisiones que le afectan de lleno se toman a nivel ministerial. Tres son los temas fundamentales: en primer lugar, todo lo relacionado con las pensiones; en segundo lugar, todo lo referente a la sanidad, que afecta a toda la población, pero más del 80% del consumo sanitario se produce en los últimos años de vida; de ahí la importancia de que, como pacientes y afectados por las decisiones económicas que se adoptan, deban tener, los jubilados y pensionistas, participación en ellas. Por último, otro tema fundamental es la dependencia que, aunque afecte a toda la población, en este sentido el grupo poblacional de los mayores es el mayor necesitado y usuario de este servicio. Cepyp entiende que los jubilados y pensionistas deben tener su propia voz. Deben tener quien les represente ante las administraciones públicas y ante cualesquiera otras entidades para plantear, debatir y acordar las decisiones que les afectan en materia económica, sanitaria, de pensiones y demás prestaciones. Es el propio colectivo quien debe otorgar su representación. La administración central nunca ha mostrado interés por que los mayores tengan su propia voz. La ley cede la representación a quien no puede ser elegido por los afectados y se mantiene en un plano de difícil acceso para que los representados les transmitan sus planteamientos. No rinden cuentas al colectivo por la inexistencia de nexos de unión entre ellos.
Pregunta: ¿Cuál es la respuesta que reciben por parte del Gobierno ante la petición que ustedes reivindican?
Respuesta:La ley ampara el derecho a la participación ciudadana, mediante elecciones periódicas, para elegir a sus representantes. Esta es la representación que se reclama, mediante participación directa, no otorgada al margen de la voluntad del interesado, del afectado. Cuantas veces hemos reclamado ser tenidos en consideración al Ministerio correspondiente, al presidente del Gobierno, al Defensor del Pueblo, ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, no hemos obtenido respuestas o han sido evasivas como “puede hacer llegar su opinión sobre los problemas que les afectan a quienes toman las decisiones políticas”, remitiéndonos a la ley de libertad sindical, de difícil encaje, si no imposible, para un colectivo imposibilitado en la participación electoral. No es nuestro deseo hacer llegar a otros la opinión sobre los problemas que nos afectan, sino ser nosotros mismos, los representantes que hayamos elegido, los que los planteemos y negociemos. Un colectivo tan amplio, con problemas de tan hondo calado como las pensiones, su suficiencia y su incremento; la sanidad con connotaciones específicas y un consumo muy notable en esta época de la vida; o la dependencia, servicio delimitado en gran medida a la edad avanzada, solo merece en la legislación, para otorgar la representación de quien lo ha de negociar, unas pocas líneas, y no de manera directa y clara, en una ley, la de libertad sindical, que afecta, como debe ser, al mundo laboral y ajeno por completo al de los pensionistas.
Pregunta: ¿Por qué creen que desde el Gobierno no se quiere regular esta situación?
Respuesta:Desconocemos las motivaciones que el Gobierno pueda tener. Partimos de la constatación de la inexistencia de una ley específica que ampare y salvaguarde los derechos de los jubilados y pensionistas. Ningún Gobierno de los últimos 30 años ha tomado en consideración regular la situación de un sector tan específico y numeroso, y lo mantiene relegado en una ley pensada para el mundo laboral, escenario al que no pertenece ninguno de los afectados. La pretensión es que la representatividad de los jubilados y pensionistas esté respaldada por una ley que contemple todo lo relacionado con el mundo del mayor y la negociación ante las administraciones públicas de cuanto les atañe. No es nuestra pretensión entrar en ningún otro ámbito de la sociedad, pero tampoco nos parece razonable que, desde cualquier otro sector, se usurpe un derecho y se margine a los mayores a un ostracismo por el que se les niega la posibilidad de plantear y defender los asuntos que les son propios. En este sentido, instamos al Ejecutivo a que atienda la demanda y dé los pasos que le corresponda para que el Legislativo debata la norma y, dentro del marco constitucional, desarrolle una ley que regule la participación activa, con voz y voto, de los jubilados y pensionistas en los temas que son de su aplicación exclusiva o tienen una incidencia relevante por su condición de edad o porque, por sus circunstancias, tienen una aplicación específica. En especial lo relativo a las pensiones, sanidad y dependencia.
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