Ha transcurrido mes y medio desde que la DANA azotó, con saña, la provincia de Valencia. 222 fallecidos oficialmente –a los que hay que sumar cuatro personas desaparecidas– y decenas de miles de afectados son los números de una catástrofe que, ni mucho menos, ha cesado, y es que desde la Comunitat Valenciana insisten en que no se olvide a las familias de las víctimas y a todos aquellos que se encuentran desamparados tras el paso de la riada. Recuerdan, desde el tercer sector, que toda ayuda es poca en una catástrofe de semejante magnitud.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se reunía, al inicio de esta crisis, con la Plataforma del Tercer Sector (PTS), para potenciar las vías de colaboración con las entidades de acción social que estaban –y continúan– trabajando a pie de campo, especialmente, en la provincia de Valencia.

La PTS integra a más de 28.000 entidades de acción social en toda España y estuvo representada en esta reunión por su presidente, Luciano Poyato, con quien también hemos hablado desde este periódico. Asimismo, en ese encuentro también estuvieron presentes representantes de organizaciones como Cruz Roja Española, Cáritas, ONCE, Cermi, EAPN y la Coordinadora de Organizaciones para el desarrollo, y de otras plataformas como la del Voluntariado España y la de Organizaciones de Infancia. El objetivo era claro: hacer frente común.

“Tenemos que poner en marcha una red de protección social que permita dar respuesta a los efectos de esta crisis”, manifestó Bustinduy. “La labor de la sociedad civil organizada ante la catástrofe que ha traído la DANA ha sido y está siendo encomiable”, destacó para señalar la importancia de contar en España con “un tejido asociativo fuerte, organizado y activo”, algo que, según expresó, es vital para poder llevar a cabo “una política social ambiciosa”.

Ambas partes, ministerio y entidades del tercer sector, coincidieron, desde ese primer contacto, en la necesidad de reducir la burocracia a la hora de recibir ayudas para las víctimas.

Para dar respuesta a esta situación, el Gobierno de España aprobaba, en Consejo de Ministros del 11 de noviembre, su segundo Real Decreto Ley dirigido de forma específica a atender la situación de emergencia ocasionado por la riada. En esta normativa, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 incluyó medidas presentadas por Pablo Bustinduy que inciden directamente en las áreas que dirige y con la que ha puesto en marcha lo que ha denominado como ‘Red de protección social’ para las personas afectadas por la DANA.

De hecho, entre estas medidas destaca una partida de 50 millones de euros que van a transferirse a los ayuntamientos afectados para reforzar sus servicios sociales. El objetivo, dijo Bustinduy, es que estos servicios dispongan de los recursos necesarios para atender todas las situaciones de pobreza sobrevenida, de ahí que se incluyese, en este Real Decreto, una concesión directa de cinco millones de euros a la PTS.

Además, el Gobierno anunciaba otra concesión de 700.000 euros al Consejo General de Trabajo Social (CGTS) para el despliegue del Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales en los municipios afectados, donde profesionales de este grupo, especializados en atender a las víctimas, trabajan puerta a puerta en las zonas más necesitadas. Esta asignación va a permitir la puesta en marcha de un proyecto pionero en la intervención social en emergencias para atendar a las personas y familias damnificadas. “Pensamos que este proyecto permite una intervención directa en el ‘durante’, pero hemos de asegurar y ser capaces de garantizar también la intervención social a medio y largo plazo, con el refuerzo de las plantillas de servicios sociales y, en particular, del trabajo social. Somos conscientes de que los servicios sociales es un sistema con déficits importantes, con un incumplimiento constante de las ratios profesionales, pero tenemos claro que la intervención psicosocial que se precisa y que, además, es la que se está realizando con las personas damnificadas es necesaria y ha de fortalecerse. Esta intervención continuada debe centrarse también en la recuperación de las redes de apoyo, en el fortalecimiento de la cohesión social, en el impulso de la autonomía personal y la dinamización comunitaria de los territorios afectados”, detalla a este periódico la presidenta del CGTS, Emiliana Vicente.

“Nos enfrentamos a una crisis multifactorial que no puede abordarse desde una única perspectiva. Estamos ante una crisis compleja, con dimensiones humanitarias, económicas y sociales, y es fundamental que todas las medidas que se contemplen se aborden desde una perspectiva social, a largo plazo, porque nos enfrentamos a una crisis humanitaria con más de un millón de personas afectadas”, destaca el presidente de la PTS, Luciano Poyato, a entremayores. “Estamos convencidos de que la coordinación con las Administraciones públicas es esencial para superar esta crisis, por eso desde el tercer sector estamos trabajando en colaboración con ellas para mitigar su impacto. La respuesta ante esta catástrofe nos ha demostrado que es fundamental contar con un tercer sector fuerte y articulado y va a resultar fundamental que se continúe apoyando a las entidades sociales en los siguientes pasos de la fase de recuperación y reconstrucción”, añade el presidente de la plataforma.

“La experiencia y la historia nos han mostrado una y otra vez que las entidades del tercer sector siempre responden con prontitud y generosidad a situaciones catastróficas y emergencias sociales”, recuerda, por su parte, el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Lázaro González.

LA MITAD DE LOS FALLECIDOS SUPERABAN LOS 70 AÑOS

El Centro de Integración de Datos (CID) constituido por la DANA y las posteriores inundaciones que afectaron a la provincia de Valencia hizo público –a mediados de noviembre– un análisis detallado sobre el perfil de las 216 víctimas mortales registradas hasta ese momento en esta catástrofe. Las conclusiones más significativas del CID fueron que 131 eran hombres y 85, mujeres, y que 104 de los fallecidos tenían 70 ó más años de edad, siendo 15 de ellos nonagenarios. Es decir, una vez más, la vulnerabilidad de los sénior y otras circunstancias –como el hecho de que muchos de ellos residiesen en plantas bajas– ha llevado a que sea este uno de los grupos de edad más castigados en esta catástrofe. En cualquier caso, desde la PMP puntualizan que “conviene tener en cuenta que el grupo de las personas mayores es muy diverso y amplio, alrededor del 20% de la población, y que muchas de ellas no son más vulnerables que el resto de la población. Tampoco conviene caer en otro edadismo al considerar vulnerables a las personas por el mero hecho de tener más edad. La vulnerabilidad se debe, en la mayoría de los casos, a circunstancias económicas y sociales, a la discriminación y los prejuicios contra las minorías, a la enfermedad, soledad, abandono, discapacidad… Que se victimice a las personas por la edad tampoco ayuda, y hace olvidar los factores que causan la vulnerabilidad”, señala Lázaro González.

“Sabemos que las personas que antes de la DANA se encontraban en situación de pobreza, dependencia o exclusión social, posiblemente, sufrirán más las consecuencias, por la pérdida de recursos básicos y la falta de acceso a ayudas inmediatas”, lamenta Poyato. “Es fundamental implementar políticas que tengan en cuenta a las personas que están en situación de vulnerabilidad y reforzar, de forma contundente, el apoyo psicológico y social, especialmente para estas personas”.

Asimismo, comenta la presidenta del CGTS, en el caso de los sénior, lo clave en estos momentos es el desarrollo de sus actividades cotidianas, para que puedan reanudar sus rutinas. “La fragilidad de los vínculos sociales que se experimentan en la sociedad actual y que muchas veces azota con más fuerza a las personas mayores, cuya cara visible se observa, por ejemplo, en las altas cifras de soledad no deseada que experimenta este grupo de población, se ve afectado con catástrofes como la DANA. No podemos perder de vista que se han visto afectadas las dinámicas cotidianas como la asistencia a centros de día, a actividades culturales, a las residencias de personas mayores, la posibilidad de acceder a los domicilios para proporcionar asistencia y cuidado”, comenta Emiliana Vicente. “El Trabajo Social no solo ha de estar en la cobertura de necesidades básicas, sino que debe estar en el medio y largo plazo para tratar de revertir los efectos sociales, acompañando a las personas”, añade.

EMERGENCIA PSICOSOCIAL

Desde el primer momento, la PTS reclamó el despliegue de un potente escudo social para proteger a las personas afectadas, así como que se prestase especial atención a la emergencia psicosocial, con el foco en la salud mental. Así, y en respuesta a esta situación, el Ministerio de Sanidad anunciaba, recientemente, la creación de las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USME), un proyecto pionero que tiene como objetivo proporcionar una atención integral de salud mental a las personas afectadas, enfocado en la prevención, el apoyo comunitario y la recuperación a largo plazo. Estas USME estarán integradas por equipos multidisciplinares de profesionales de salud mental: psicólogos, personal sanitario y personal no sanitario con formación en intervención comunitaria y emergencias.

Como resume Emiliana Vicente, las entidades implicadas son conscientes de que ahora, uno de los focos debe ser el compromiso por la reconstrucción comunitaria y del refuerzo del sistema público de servicios sociales. Por tanto, puede ser esta catástrofe una ocasión para restaurar un sistema sólido capaz de dar respuesta a estas situaciones sin dejar lugar a la improvisación. Más allá de exigir responsabilidades, que no es el trasfondo de este reportaje, desde esta cabecera apostamos, como exponen los entrevistados, por la cohesión del tejido asociativo y todas las partes implicadas para superar esta crisis.