1- ¿Qué novedades se introducen en el nuevo artículo 135?

El cambio principal es que ahora las administraciones públicas deberán adecuarse al principio de estabilidad, lo que supone que ni el Estado ni las comunidades autónomas podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos en la Unión Europea. La Constitución no marca un límite fijo, ya que dependerá de la situación particular en la que se encuentre el país, y estará regulado por una Ley Orgánica que fijará el límite del déficit en relación al Producto Interior Bruto del país.

2- ¿Qué es la estabilidad presupuestaria?

Este término se refiere al equilibrio financiero a lo largo de un periodo de tiempo. Para que exista estabilidad, las administraciones deberán incurrir en superávit (más ingresos que gastos) y eludir el déficit (más gastos que ingresos). En la práctica, este equilibrio será relevante a la hora de fijar los Presupuestos Generales del Estado. Tras esta reforma, para diseñar las inversiones que se producirán en cada ministerio, antes deberán estimarse los posibles ingresos que se recaudarán, y deberá hacerse de forma realista para que, al final del año, los números no sean negativos.

3- ¿La estabilidad presupuestaria está regulada por Ley?

Sí, en la actualidad existe una Ley General de Estabilidad Presupuestaria (2006) que vino reformada de la elaborada en 2001. Ese año se incorporó una norma que afectaba al Estado y las administraciones territoriales que también establecía un límite del gasto anual y la obligación de reducir el déficit y que, en el caso de ser incumplida, acarreaba sanciones. Pero, cinco años después, se modificó esta Ley permitiendo déficits ocasionales con la condición de ser corregido a lo largo de un ciclo, el cual podía durar toda una legislatura.

4- Si ya estaba regulado por Ley, ¿por qué pasa ahora a formar parte de la Constitución?

El acto de constitucionalizar esta Ley supone otorgarle a la misma un rango superior y hace más difícil modificarla en próximas legislaturas. Con la reforma, el Gobierno pretende enviar un mensaje de confianza y credibilidad a los mercados europeos, ya que no solo muestra su intención de acatar la línea marcada por la eurozona, sino que lo convierte en una norma de rango institucional.

5- ¿Cuáles son las principales críticas que ha recibido la reforma?

Obviando las críticas en cuanto a las formas que han utilizado Gobierno y oposición (especialmente, por su peso en el Parlamento, el Partido Popular) para llevar a cabo la ampliación del artículo 135, el principal inconveniente que les achacan los demás partidos y sindicatos es que esta reforma limita mucho la capacidad de actuación de los gobiernos autonómicos. Por otro lado, también se teme que la modificación afecte a las inversiones en políticas sociales, como la Sanidad, las pensiones o la Educación, entre otras. Además, desde sindicatos como UGT se asegura que esta medida recoge una doctrina “ultra liberal” que consagra la idea de mantener el “déficit cero”.

6- ¿En qué medida puede afectar a las políticas sociales?

La primera consecuencia es que para tener estabilidad presupuestaria, el gasto debe controlarse mediante unas predicciones de ingresos muy prudentes. Si las regiones reciben menos dinero de los Presupuestos Generales del Estado, esto puede derivar en un recorte en las políticas sociales, como ya sucede en determinadas comunidades como Castilla-La Mancha, Madrid o Galicia.
Antes, las autonomías podían realizar inversiones en, por ejemplo,  sanidad e incurrir en déficit siempre que recuperaran la inversión a largo plazo, pero con la reforma los ciclos desaparecen y las cuentas se resuelven anualmente, lo que deriva en un gasto más austero.
Los sindicatos entienden que esto supone dar prioridad a “pagar la deuda”, quedando en un segundo lugar el bienestar social.