La Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (Feasan) ha hecho público un documento titulado “Posicionamiento sectorial en relación a la restricción en el acceso a los nuevos anticoagulantes orales y la inequidad territorial”, en cuya elaboración han participado la Federación Española de Ictus (FEI) y la comunidad médica implicada en el abordaje sanitario del paciente anticoagulado en España: las sociedades científicas de Cardiología (SEC), de Medicina General (SEMG), de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), de Médicos de Atención Primaria (Semergen), de Medicina Interna (Semi), de Trombosis y Hemostasia (SETH), y de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes).
En primer lugar, Feasan considera “incoherente e innecesario” que algunas comunidades autónomas hayan propuesto recomendaciones propias en relación con el uso de los nuevos anticoagulantes orales después de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ya hubiera publicado unos criterios comunes de uso, consensuados y aprobados posteriormente en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS). A este respecto, el colectivo de pacientes anticoagulados ha denunciado tanto el incumplimiento generalizado de dichos criterios como la imposición de condiciones de visado de inspección especialmente duras y restrictivas en algunas regiones concretas. “Lo cierto es que actualmente, y después de dos años en el mercado, en España solo el 9% de los pacientes anticoagulados accede a los nuevos anticoagulantes orales, cuando las estimaciones indican que entre el 30% y el 40% de los pacientes anticoagulados son potenciales candidatos”, afirmó el doctor José Mª Lobos, médico especialista en Atención Primaria del Centro de Salud Jazmín y coordinador del grupo de estudio de enfermedades cardiovasculares de la Semfyc.
El presidente de Feasan, Luciano Arochena, pidió a la Administración sanitaria su compromiso para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de uso de los nuevos anticoagulantes orales emitidas por la Aemps y que rectifique aquellos criterios que podrían suponen un riesgo añadido para el paciente. Así, por ejemplo, “es inaceptable que haya que estar seis meses fuera de rango para poder acceder a estos tratamientos innovadores”, aseguró. Asimismo, “proponemos que se establezcan tres perfiles de pacientes prioritarios: los que presentan un peor control de su INR a pesar de su buen cumplimiento con anticoagulantes clásicos, los que han sufrido un ictus cardioembólico a pesar de estar anticoagulados y que, en consecuencia, presentan mayor riesgo de sufrir otro, y también quienes presentan un alto riesgo de hemorragia intracraneal”, añadió Arochena. El objetivo último de esta medida es asegurar el acceso a estos fármacos a aquellos pacientes a los que los nuevos anticoagulantes les pueden aportar un mayor beneficio siendo además más coste-efectivos en estos perfiles.
El doctor Vicente Bertomeu, ex presidente de la SEC y jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Sant Joan, de Alicante, valoró el posicionamiento de Feasan como “una iniciativa necesaria en tanto en cuanto los pacientes son los principales responsables de su propia salud”. Según este experto, “el cardiólogo, junto con las demás especialidades médicas involucradas, debe velar por que todos los pacientes que tienen indicación de anticoagulación estén correctamente tratados”. Para ello, dijo, “debemos luchar contra las inequidades que está generando un sistema sanitario fragmentado por las normativas de 17 comunidades autónomas y aplicar las recomendaciones de la Aemps”.

Trabas a la prescripción en el primer nivel asistencial
Las recomendaciones aprobadas en algunas comunidades autónomas han puesto trabas a la prescripción de los nuevos anticoagulantes orales por parte del médico de Atención Primaria, un profesional clave en el control de estos pacientes, según defienden los autores del documento. Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Murcia son las ocho regiones en las que se han detectado barreras injustificadas para la prescripción en el primer nivel asistencial por parte de las sociedades científicas correspondientes. “El paciente tiene derecho a recibir el tratamiento más adecuado en función únicamente de la situación clínica y sociosanitaria, independientemente de su ubicación geográfica”, recalca el posicionamiento.
Por último, Feasan solicita a las autoridades sanitarias el diseño e implementación de planes específicos de información y educación sanitaria para pacientes anticoagulados, en coordinación con sus asociaciones representativas y las sociedades científicas correspondientes, para potenciar el papel activo y corresponsable de estos pacientes como gestores de su propia salud. Este tipo de intervenciones sanitarias “han demostrado que mejoran la calidad de vida, la autoeficacia y el control de la enfermedad, y la comunicación con el facultativo”. Paralelamente, “hay que promover y potenciar la formación continuada de los profesionales sanitarios implicados en su abordaje”.