Pregunta: De las 88.256 solicitudes presentadas en Castilla y León para la Ley de Dependencia, 62.036 tienen reconocido el derecho a una prestación. ¿Cuáles son las claves para que la Región esté a la cabeza en la aplicación de la Ley?
Respuesta:En Castilla y León vimos la promulgación de la Ley de Dependencia como una oportunidad de consolidar y mejorar los servicios sociales. La exposición de motivos de la Ley habla de la necesidad de garantizar a los ciudadanos y a las comunidades un marco estable de recursos y servicios para la atención a la dependencia, y de configurar un nuevo desarrollo de los servicios sociales del país que amplíe y complemente la acción protectora de este sistema. Pues bien, en esta Comunidad, se ha actuado en todo momento sin perder de vista esos principios. A lo largo de estos cuatro años, se ha trabajado con gran esfuerzo, sin duda. Y se han encontrado no pocas dificultades. Pero ha ayudado mucho el tener definido el camino y el punto de destino. Consideramos fundamental la idea de integración del sistema de dependencia en los servicios sociales, porque lo que no es viable es crear dos sistemas paralelos, que están dirigidos, en gran medida, a los mismos destinatarios. No es viable, por ejemplo, poner cuatro veces en funcionamiento el mecanismo de la administración para realizar la valoración de una persona que solicita el grado y nivel de dependencia, el grado de discapacidad, acceder a un centro día y recibir el servicio de ayuda a domicilio que le permita acudir al centro de día. Así pues, era necesario unificar procesos, instrumentos, órganos de valoración, etcétera; y uno de los pasos fundamentales lo dimos ya en 2007, unificando los baremos de acceso a centros con el de valoración de la situación de dependencia. Pero también se ha conseguido que los órganos encargados de la valoración sean los mismos para el grado y nivel de dependencia que para el acceso a los distintos recursos, y se ha establecido una puerta de entrada ubicada en los servicios sociales de proximidad, en los profesionales de los Centros de Acción Social, que son quienes tienen un contacto más directo con los usuarios. Además, se ha regulado la figura del coordinador de caso, profesional de referencia para las personas usuarias de los servicios que no están institucionalizadas. Lógicamente, muchas de estas actuaciones no hubieran sido posibles si no hubiéramos contado con la inestimable colaboración de las corporaciones locales, porque en un territorio de 94.000 kilómetros cuadrados y con una población muy dispersa, es difícil llegar a toda la población. Por ello, es fundamental la voluntad de los máximos responsables de las entidades locales, pero también la implicación de los profesionales que prestan allí sus servicios. Buena prueba del grado de colaboración y consenso que se ha alcanzado entre las más de veinte corporaciones con competencias en materia de servicios sociales es la ordenanza común que se aprobó en el año 2010 para regular el servicio de ayuda a domicilio. Finalmente, indicar que en la era de las comunicaciones y de la informática, el instrumento que ha permitido tener conectados a tiempo real a los numerosos profesionales que intervienen en el procedimiento es la aplicación informática Sauss, que permite realizar una gestión por procesos, que integra los datos de los solicitantes de servicios sociales en un registro único de usuarios, permitiendo una gestión electrónica de documentos y el trabajo en red no presencial. En definitiva, que minimiza las dificultades derivadas de la dispersión geográfica y organizativa.
Pregunta: El 34,76% de las prestaciones concedidas en la Comunidad son económicas, 46,08% en el promedio español. ¿Es importante apostar por las prestaciones de servicios para el cuidado de los mayores?
Respuesta:Las prestaciones económica y, en concreto, la prestación de cuidados en el entorno familiar, son necesarias porque siempre habrá personas que no se adapten a ninguno de los servicios del catálogo, o, mejor dicho, habrá personas para las que los servicios del catálogo no sean adecuados. Pero sí, hay un servicio que se adecúa a la situación del dependiente, no debe perderse la oportunidad de que esa persona reciba una atención profesionalizada. No dudamos que la mayoría de los ciudadanos que son atendidas en su entorno familiar están bien cuidadas, y que es en el seno de la familia donde el mayor encuentra más cariño y apoyo. Pero ello no debe impedir que la persona pueda recibir una atención especializada por parte de profesionales. Por otro lado, no son pocos los ciudadanos que han visto frustradas sus expectativas laborales, sociales o incluso familiares, por haber asumido la función de ser cuidadoras de personas dependientes de su entorno. Esa situación, que podía ser inevitable antes de la Ley de Dependencia, ahora no lo es. Ya no existe la excusa de la dificultad de acceso a un servicio público. Ahora, gracias a la prestación vinculada, los cuidadores pueden trasladar parte de sus funciones a profesionales de los distintos servicios. Por otro lado, a veces, el ejercicio continuado y por largos periodos de tiempo de las funciones de cuidados deriva en una situación de dependencia del propio cuidador. Y qué decir de los servicios de atención a la dependencia como generadores de empleo y, en consecuencia, de riqueza para el país. En un momento como el actual no podemos permitirnos perder ni una sola oportunidad de crear empleo. Por tanto, en interés y defensa de la persona dependiente, y de su cuidador, y por razones de economía social, debemos apostar por dar prioridad a los servicios frente a las prestaciones económicas.
Pregunta: Recientemente, se presentó una nueva Ley de Servicios Sociales que gira en torno a la persona. ¿Qué puntos destacaría del próximo Catálogo de Servicios Sociales?
Respuesta:Para comprender la importancia del Catálogo de Servicios Sociales sería suficiente con mencionar el papel que la propia Ley le asigna, que no es otro que ser el instrumento mediante el cual se van a determinar, ordenar y calificar las prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública. En el Catálogo deben incluirse, por ejemplo, cuestiones tan esenciales como el contenido e intensidad mínima de cada prestación, la población destinataria de la misma, los requisitos y condiciones para su acceso y disfrute, la aportación de la persona usuaria y la forma de financiación o el régimen de compatibilidad de las prestaciones. No obstante, si quisiéramos destacar un punto, deberíamos subrayar el hecho de que es al catálogo al que le corresponde identificar qué prestaciones van a tener la calificación de esenciales o, lo que es lo mismo, qué prestaciones tienen garantizadas las personas como un derecho subjetivo. Eso quiere decir que no sólo pueden ser esenciales las prestaciones que la propia Ley enumera, sino también otras, en la medida en que el Catálogo así lo disponga. De hecho, la misma Ley de Servicios Sociales ya prefigura este papel al estipular que el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad incluirá igualmente la consideración como esenciales de determinados servicios de apoyo a cuidadores no profesionales en el entorno de la familia en los supuestos y condiciones que se establezcan. Y más aún. El Catálogo debe contemplar, como criterio de garantía para el acceso y de prioridad para la aplicación de las prestaciones esenciales, la concurrencia de situaciones de desamparo personal. Del mismo modo que también debe tener en consideración las situaciones de necesidad social extrema que requieran una intervención urgente como criterio para el acceso a las prestaciones y la aplicación de aquellas esenciales cuyo contenido de atención sea susceptible de activación inmediata. Así se lo exige la propia Ley de Servicios Sociales.
Pregunta: En los últimos 14 años, las prestaciones sociales en referencia a las plazas residenciales para mayores pasaron de 25.486 a 42.725. ¿La Junta seguirá invirtiendo en la construcción de instalaciones u optará por integrar al sector privado?
Respuesta:Existe un mapa de recursos residenciales para mayores que deben ser creados en los próximos años. Para ello se han previsto diversos mecanismos y procedimientos en los que se combina la colaboración público-privada para crear plazas en las zonas rurales con menos cobertura, pero también se prevé la creación de plazas de titularidad pública y la transformación de plazas de válidos en centros públicos en plazas para personas dependientes. Por lo tanto, la previsión es la creación de plazas privadas, plazas concertadas y plazas en centros públicos. En nuestro sistema hay espacio para todos y todas las modalidades de colaboración.
Pregunta: ¿Cuáles son las principales dificultades que encontrará la Ley en los próximos años?
Respuesta:No creo que a nadie se le escape que una de las mayores dificultades con las que se va a encontrar la Ley de Servicios Sociales en los próximos años tiene que ver, sin duda, con la crisis económica que estamos viviendo. Más allá del firme compromiso que la Junta de Castilla y León ha manifestado por el futuro, la calidad, la equidad y la sostenibilidad de los servicios públicos, el Sistema de Servicios Sociales es responsabilidad y se construye con el esfuerzo de todos, y está financiado con la aportación de los usuarios y sus familias, además de por las distintas administraciones públicas. El escenario en el que nos movemos es muy complicado, no sólo porque las comunidades viniéramos soportando un esfuerzo de sobrefinanciación para conseguir la aplicación y desarrollo de la Ley de Dependencia, en la que Castilla y León ocupa el primer lugar en el contexto nacional, sino porque la dificilísima situación por la que atraviesan muchas familias implica, lógicamente, una mayor presión sobre el sistema de los servicios sociales, bien directamente –en prestaciones como la de la Renta Garantizada de Ciudadanía–, bien indirectamente. Pero no será la económica la única dificultad. Tenemos por delante una ingente tarea de desarrollo normativo. Tenemos igualmente que adaptarnos al cambio de modelo y de mentalidad que la Ley nos ha traído. Situar a la persona en el eje central del sistema implica profundos cambios en la planificación que llevamos a cabo las administraciones públicas, en la participación de los usuarios en las prestaciones que reciben o en la incorporación de criterios de calidad que nos sirvan para evaluar, a través del grado de satisfacción de los usuarios, la verdadera eficacia del sistema. Uno de los aspectos más complejos será, sin duda, el de alcanzar la efectiva integración de un sistema en el que intervienen numerosos actores, tanto públicos como privados, y para cuya consecución hay que unificar los sistemas de información y el acceso de los usuarios, integrar la gestión de los recursos e implantar un registro único y una historia social única.