PREGUNTA.- Acaban de sellar un acuerdo entre las distintas patronales de la dependencia con la intención, dicen, de “reforzar la unidad el sector”. ¿En qué principales aspectos quieren ir de la mano? ¿Buscan sumar fuerzas como un solo ente interlocutor con la Administración central?

RESPUESTA.- El sector de la dependencia afronta retos estructurales muy profundos y, en gran medida, compartidos por todas las organizaciones que lo conformamos. La escasez de profesionales, la insuficiencia de financiación, la sostenibilidad de los servicios o la necesidad de reconocimiento social son problemas que no entienden de matices entre patronales.

Con este acuerdo, queremos lanzar un mensaje claro: más allá de las diferencias legítimas que puedan existir, hay inquietudes comunes que, si no se abordan de forma urgente y coordinada, ponen en riesgo el sistema de cuidados en su conjunto.

La voluntad es avanzar con una voz más fuerte y cohesionada, capaz de trasladar a las Administraciones públicas que estos problemas son transversales y requieren respuestas estructurales. En ese sentido, sí, buscamos reforzar nuestra capacidad de interlocución con la Administración central y con el conjunto de las Administraciones competentes.

P.- La escasez de profesionales, tanto en el sector residencial como de cuidados a domicilio o de la dependencia, es uno de los desafíos más complejos que están afrontando las entidades de estos dos ámbitos. Usted ha dicho que resolver esta carencia pasa, en primer lugar, por dignificar la profesión y mejorar las condiciones laborales. ¿Qué medidas concretas estiman que serían necesarias para que trabajar en los cuidados sea y se perciba como una profesión más digna?

R.- Sin duda, es el gran reto actual y lo seguirá siendo en los próximos años, especialmente, si tenemos en cuenta el crecimiento sostenido de la demanda de atención derivado del envejecimiento de la población.

El sector de los cuidados es profundamente digno y altamente profesionalizado, y quienes trabajamos en él nos sentimos orgullosos del servicio esencial que se presta cada día.

Sin embargo, existe todavía un importante desconocimiento social sobre el valor real de estos profesionales y de su aportación a la cohesión social. Es necesario avanzar en medidas de reconocimiento público y social, pero también acompañarlas de decisiones políticas y administrativas que doten al sector de los recursos necesarios. Más financiación se traduce directamente en mejores condiciones laborales, y estas, a su vez, en mayor atractivo para que nuevas personas decidan formarse e incorporarse al sector. Es un círculo virtuoso que debemos activar cuanto antes, empezando por reconocer y poner en valor el trabajo imprescindible que realizan los profesionales de los cuidados.

P.- En este sentido, ¿qué les impide mejorar salarios u otras condiciones que hagan más atractivo el sector para las personas empleadas?

R.- La ayuda a domicilio es un servicio de carácter eminentemente público cuya gestión está delegada, mediante contratos públicos, en entidades privadas y del tercer sector. Esto significa que el servicio se define, se presta y se financia conforme a lo que establecen las Administraciones públicas a través de los pliegos de contratación.

Cuando, por ejemplo, una Administración fija un precio hora determinado, de ese importe deben cubrirse no solo los salarios del personal auxiliar, sino también las cotizaciones sociales, las sustituciones por descansos o ausencias, la coordinación del servicio, la prevención de riesgos laborales, los materiales, los equipos, los servicios complementarios o las actividades de socialización. En la práctica, esa decisión presupuestaria marca de forma muy directa las condiciones salariales y no salariales de los trabajadores. Por tanto, la mejora de esas condiciones depende en gran medida del compromiso real de las Administraciones con una financiación adecuada del servicio.

P.- En la actualidad, el sector de la dependencia se rige por el VIII Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a Personas Dependientes, que fue firmado en 2023, y es el que marca las tablas salariales y condiciones que se están aplicando ahora mismo. En estos momentos, siguen negociando, junto con los sindicatos, el IX Convenio. ¿Qué expectativas tienen?

R.- Confiamos en que esta negociación sea una oportunidad para avanzar como sector. Necesitamos dotarnos de un marco claro y estable que nos permita afrontar los próximos años con certidumbre, siendo conscientes de las limitaciones actuales, pero también de los enormes retos que tenemos por delante.

Es fundamental que el nuevo convenio contribuya a garantizar la sostenibilidad de los servicios que se están gestionando en la actualidad y, al mismo tiempo, siente las bases para una mejora progresiva de las condiciones laborales de los profesionales. Solo desde un equilibrio realista entre derechos laborales y viabilidad económica podremos consolidar un sistema de cuidados sólido y duradero.

P.- Por otro lado, hablan de que España debe garantizar “una financiación suficiente” para la atención a la dependencia y pasar de invertir el actual 0,8% del PIB, a un 2% (la media europea se sitúa en el 1,8%). Teniendo en cuenta que esos casi 13.000 millones de euros para financiar la dependencia en 2024 son, hasta ahora, la cifra récord en nuestro país, ¿ve factible esa reclamación? ¿Cree que solo es una cuestión de voluntad política?

R.- Es, esencialmente, una cuestión de voluntad política. Cuando se manejan cifras tan elevadas es fácil perder la perspectiva, por eso conviene contextualizarlas. Por ejemplo, el coste de las ausencias laborales en un solo año ha superado el gasto acumulado en cuidados de larga duración durante seis años completos, y eso teniendo en cuenta que una parte importante de ese coste ya recae sobre los empleadores. Si lo comparamos con otros ámbitos, el presupuesto sanitario supera ampliamente los 100.000 millones de euros anuales, más de ocho veces la inversión en dependencia. Aquí es donde debemos insistir en una idea clave: lo que invertimos en cuidar hoy nos permite ahorrar mañana en curar. La dependencia no es un gasto, es una inversión social y económica de primer orden.

P.- El Gobierno camina hacia lo que se suele denominar como ‘desinstitucionalización’, es decir, hacia retrasar el ingreso de las personas en las residencias ya que, por lo general, la mayoría prefiere los cuidados en el hogar. ¿Se trata de una quimera o realmente se puede conseguir a medio o largo plazo?

R.- Más allá de lo desafortunado que puede resultar el propio término desinstitucionalización, lo cierto es que responde a una demanda clara de las personas: permanecer en su casa el mayor tiempo posible y recibir allí cuidados profesionales cuando los necesiten. En esa dirección deben avanzar las políticas públicas, reforzando los servicios de proximidad y la atención domiciliaria. Ahora bien, es importante ser realistas. Las residencias son y seguirán siendo un recurso esencial dentro del sistema de cuidados, especialmente en situaciones en las que la atención en el entorno domiciliario no es viable por razones de infraestructura, espacio o por la intensidad de los apoyos que requiere la persona.

No se trata de contraponer modelos, sino de construir un sistema flexible, centrado en la persona, que combine recursos y sea capaz de ofrecer la respuesta más adecuada en cada etapa de la vida.

P.- En este contexto, con una demanda de cuidados creciente y con poco personal cualificado, la tecnología parece que tendrá cada vez un mayor peso en los servicios de ayuda a domicilio. Ahora es una herramienta de apoyo, ¿pero qué potencial tienen tecnologías como la robótica o la inteligencia artificial en los cuidados del futuro?

R.- La tecnología será, sin duda, una aliada clave para mejorar la calidad de los servicios. Herramientas digitales, sistemas de información avanzada o soluciones basadas en inteligencia artificial pueden aportar mayor seguridad, trazabilidad, eficiencia y capacidad de planificación.

No obstante, conviene no perder de vista que el cuidado es, ante todo, un acto profundamente humano. La tecnología puede apoyar y complementar, pero difícilmente sustituirá valores como la empatía, la cercanía o la relación personal. Por eso, no deberíamos fiar la sostenibilidad del sistema únicamente al desarrollo tecnológico, sino integrarlo como un recurso más al servicio de las personas y de los profesionales que cuidan.

P.- En unas jornadas recientes de Aerte, el director de Randstad Research, Valentín Bote, aseguró que, en España, el absentismo laboral ha escalado del 4,5%, en 2015, a superar el 7%, en 2025. En los servicios sociales, explicó, esta tasa se sitúa muy por encima de la media nacional, lo que se traduce en que alrededor de 80.000 profesionales del sector no acuden a su puesto de trabajo cada día. ¿Vuelve a ser este un indicativo de las malas condiciones o del escaso personal del que estamos hablando?

R.- El absentismo es hoy un fenómeno ampliamente debatido en todos los ámbitos económicos y sociales del país. Basta con revisar la actualidad informativa para comprobar que se trata de un problema complejo y multifactorial, que afecta a múltiples sectores y no solo al de los cuidados.

Simplificar esta realidad y atribuirla exclusivamente a las condiciones laborales o a la falta de personal en un sector concreto no solo es incorrecto, sino también contraproducente. Para abordar el absentismo es necesario un análisis riguroso, que distinga causas y permita diseñar medidas específicas y eficaces, evitando lecturas reduccionistas.