El Sindicato Nacional de CC OO de Galicia, el Sindicato Labrego Galego (SLG) y el Colegio Oficial de Trabajo Social (COTS) convocaron una concentración delante de la sede central de la Xunta de Galicia para mostrar su rechazo a la modificación unilateral de la Ley de Servicios Sociales y exigieron una mejor atención a las personas con dependencia.

Esta modificación, introducida a través de la Ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos, supone, señalan, «un grave retroceso en los derechos de la ciudadanía, al convertir los servicios sociales en un simple trámite administrativo y favorecer la privatización del sistema», denunciaron.

Entre los cambios más polémicos destaca la unificación de las solicitudes de dependencia y discapacidad, eliminando la valoración profesional, lo que consideran que «dificultará el acceso equitativo a los servicios». Además, añaden que de esta manera «el Consello Galego de Benestar Social se quedará sin competencias, reduciendo la capacidad de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones».

La secretaria xeral de CC OO Galicia, Amelia Pérez, denunció que «la Xunta reaccionó a esta protesta con propaganda sobre su gestión y culpando el Ejecutivo central de los problemas de financiación. Sin embargo, lo cierto es que se firmó un plan de choque con el Gobierno del Estado para reforzar el sistema, pero la Xunta recortó los fondos en vez de aumentarlos».

La sindicalista también le afeó al Gobierno autonómico que culpe el personal público de los retrasos que experimenta el sistema, porque, advirtió, «es preciso crear empleo estructural en vez de refuerzos temporales».

Otro punto de preocupación para estas organizaciones es «la promoción de políticas de bonos en lugar de la ampliación de plazas públicas en residencias y centros de día». Y denuncian que esta medida supone «un retorno a un modelo asistencialista que, además de perpetuar la precariedad de los cuidados, recargo a las mujeres con las responsabilidades de la dependencia, en lugar de fortalecer un sistema público universal y de calidad».

Por todo esto, las entidades exigen «la revocación inmediata de los cambios aprobados el 27 de diciembre en materia de dependencia; la firma de un pacto político en defensa del sistema público de servicios sociales; la convocatoria urgente del Consello Galego de Benestar Social; el incremento del personal de valoración de dependencia y discapacidad; y la mejora de los recursos públicos para garantizar una atención digna y equitativa».