La reciente aprobación, por parte del Gobierno, del Marco Estratégico Estatal de las Soledades 2026-2030 supone, ante todo, un reconocimiento institucional del verdadero alcance de este fenómeno: deja de considerarse una experiencia íntima y privada para ubicarlo en el espacio público y comunitario, y esto no es un paso menor.

En el ámbito sociosanitario, la soledad no es un concepto abstracto: acelera el deterioro funcional, provoca una peor adherencia a los tratamientos y genera una carga emocional que repercute en la persona y en su entorno. Que el Estado idee una hoja de ruta ante esta problemática efectivamente puede facilitar la coordinación entre Administraciones, pero también crear un lenguaje compartido que otorgue una mayor coherencia a las futuras políticas sociales que se implementen. Además, el hecho de que la estrategia plantee una mirada transversal abre la puerta a algo que el sector viene reclamando desde hace años: superar la fragmentación entre sistemas y departamentos. La soledad se manifiesta en una consulta de atención primaria, en los servicios sociales municipales, en el ámbito comunitario, en los recursos residenciales… y se trata de lograr una conexión real entre estos niveles para atajar este problema multifactorial.

No obstante, toda estrategia se enfrenta siempre al mismo reto: pasar de la teoría a la práctica. En el caso que nos ocupa, el documento se plantea más como un instrumento orientativo y de coordinación, que como un plan con una financiación específica. Esto no invalida su utilidad, pero plantea dudas que será necesario resolver para que esta bienintencionada estrategia no quede en un brindis al sol. Así, existen cuestiones que no deberían quedar en un segundo plano. En primer lugar, ¿se ha tenido en cuenta la financiación operativa? Detectar de forma temprana, acompañar y generar redes comunitarias requiere de estructuras, tiempo y profesionales cualificados. La prevención implica necesariamente inversión en atención primaria y en servicios sociales de proximidad para que esta coordinación sociosanitaria sea efectiva.

Las estrategias sin presupuesto propio dependen de su capacidad de integración en los programas existentes. Si las medidas se incorporan en las políticas sectoriales (servicios sociales, salud, educación…), utilizando recursos ya asignados, el impacto dependerá de la prioridad que tengan dentro de los presupuestos.

Por otro lado, ¿cómo se implementará la estrategia para no generar desigualdad territorial? Muchas de las competencias están en manos de comunidades y entidades locales. Si la estrategia no se integra en los planes autonómicos y municipales con objetivos concretos, medibles y con resultados sujetos a la evaluación periódica, entonces corremos el riesgo de que su despliegue sea dispar, y que responda solo a la voluntad política de cada Gobierno.

En tercer lugar, ¿cómo se llevará a cabo la indispensable formación de los profesionales? El aislamiento de las personas no se resuelve solo con actividades. Para realizar una detección sensible e intervenir de forma interdisciplinar necesitamos un personal sociosanitario preparado, dotado con herramientas que les permitan identificar situaciones de riesgo y activar, después, una respuesta ordenada.

La cuarta cuestión que cabría preguntarse es cómo será su evaluación. El propio documento menciona la necesidad de un marco estatal de indicadores y fuentes de información comunes para medir la evolución de las soledades, sus factores y el impacto de las políticas en este ámbito. Es decir, sin datos compartidos ni seguimiento público de resultados será difícil saber si la estrategia mejora realmente la vida de las personas.

Tampoco conviene perder de vista que el aislamiento social está atravesado por condicionantes estructurales como la precariedad económica, la brecha digital o las barreras arquitectónicas, entre otros muchos, por lo que si no actuamos en este “entorno”, pasamos de la deseable detección precoz al simple acompañamiento paliativo.

Por último, habría que reflexionar en quién recaerá el peso del factor comunitario. La cultura del cuidado no puede sostenerse exclusivamente en el voluntarismo vecinal o de las entidades sociales. Las redes comunitarias son fundamentales, pero deben complementarse con sistemas públicos que no solo trasladen la responsabilidad al individuo.

La estrategia del Gobierno contra las soledades abre una oportunidad, pero convertirla en realidad dependerá de algo más que de un buen análisis previo. Aparte del esperable consenso inicial, necesitaremos también recursos y un compromiso político sostenido en el tiempo. Si no, cabe la posibilidad de que el plan sufra esa misma soledad y tampoco será deseada.