Algunos miembros del Consejo Estatal de las Personas Mayores por fin han decidido plantar cara al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, entidad al que está adscrita esta entidad, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Algunos de los integrantes de este órgano, de carácter consultivo, se han quitado la mordaza para expresar su rechazo a la situación de desamparo que atraviesan, y así evitar que su trabajo caiga en una labor baldía. Ni las largas reuniones en la sede del Imserso, ni las promesas electoralistas han logrado desacelerar el desánimo que sienten al ver el agravio económico, político y social que, día tras día, están sufriendo las personas mayores a las que representan. 

Y la verdad es que el escenario no puede ser más desalentador. Todo los derechos sociales que habían conseguido a lo largo de la última década han desaparecido o se encuentran en proceso de hacerlo. La aplicación de la Ley de Dependencia, el pago de las pensiones o la atención sanitaria se encuentran empantanadas y sin dar señales de mejoría, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo.

Hace unos meses, la ministra de Sanidad, Ana Mato, nos sorprendía con una buena nueva: su departamento preparaba la elaboración de un Estatuto del Mayor. Un documento que se presentaba como la panacea que devolverá a las personas mayores el lugar que se merecen en la sociedad. Siguiendo el protocolo al que los líderes políticos nos tienen ya acostumbrados, su anuncio se hizo a golpe de bombo y platillo sin valorar si los temas que se van a tratar los beneficiaría de alguna manera. De hecho, la mayoría de los integrantes del Consejo piensan y saben que su elaboración es una pérdida de tiempo y dinero. Una artimaña para desviar la atención de los temas que realmente son importantes y que están en vías de desaparecer.

Aunque esta situación pueda parecer desalentadora los representantes del Consejo deben permanecer unidos en la defensa de los derechos de los mayores, aunque para ello, deben exigir que el Estado deje de tutelar sus actuaciones para que puedan trabajar de manera coherente. El Consejo debe dejar de ser una figura consultiva, con voz pero sin vota, para pasar a ser una entidad asesora en la elaboración de políticas dirigidas a mejorar el bienestar social de los ciudadanos.

Para ello es necesario que el Consejo mantenga su independencia económica y organizativa para que independientemente del color político que gobierne puedan expresar de manera libre sus propuestas.