Las declaraciones de la secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez, en las que anunciaba la presencia de 32.687 fallecidos en la lista de beneficiarios de las ayudas a la dependencia, han vuelto a desenterrar el hacha de guerra entre algunas comunidades autónomas y el Gobierno central.
Según Martínez, es responsabilidad de las regiones mantener las listas actualizadas y son ellas las encargadas de nutrir el sistema con las altas y bajas que se van produciendo. El año pasado se unificó el sistema informático y, desde ese momento, todas las comunidades debían ajustar mensualmente el número de dependientes con el Instituto Nacional de Estadística (INE) por las defunciones, con el fin de que el Estado pudiera controlar este proceso y evitar el fraude y la picaresca de algunas autonomías a la hora de recibir estas ayudas.
Uno de los casos que más llama la atención es el de Galicia ya que de los más de 32.000 fallecidos, 3.500 son gallegos. La directora  xeral da Dependencia, Coro Piñeiro, pidió por escrito a su homóloga del Imserso, Purificación Causapié, que ponga nombre y apellido a estas personas eliminadas del sistema ya que entiende pueda haber un reajuste de 200 a 400 personas pero la cantidad de 3.000 les resulta desorbitada. ¿Tendrán algo que ver los cinco millones de euros que el Gobierno central dejará de abonar a Galicia?
País Vasco, Navarra y Castilla y León también verán mermados sus ingresos para atender a los dependientes, lo que implica una falta de dejadez de competencias por parte del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad que dirige Leire Pajín y que indiscutiblemente lleva a preguntarnos desde cuándo no se actualiza el sistema.
Este nuevo frente lo único que deja claro es que el Sistema vuelve a fallar y, como siempre, salen perjudicados los ciudadanos que ven cómo cada día se recortan sus derechos e incluso, algunos, se convierten en ciudadanos de segunda clase ya que dependiendo en la autonomía en la que viven tienen la posibilidad de acceder a ciertos privilegios asistenciales. ¿Dónde queda el llamado Estado de Bienestar?
Desde esta tribuna queremos reivindicar el derecho de todos los dependientes a recibir las ayudas que, por Ley, le corresponden y que el Ministerio abandone la guerra política que ha abierto a algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular u otros grupos no afines a su ideología. Hay que olvidar viejas rencillas, mirar para adelante y empezar a trabajar en un tema últimamente olvidado: la atención a la dependencia.