Recientemente, se presentó en las Cortes Generales el Informe Anual 2017 que elabora todos los años el Defensor del Pueblo, esta vez, desempeñando el cargo (en funciones) Francisco Fernández Marugán. El documento analiza, entre otras cosas, la incidencia y las consecuencias de la crisis económica en los ciudadanos y en sus derechos sociales. De las casi 25.000 quejas registradas en el informe, muchas guardan relación con problemas que afectan directamente a las personas mayores, seguramente, uno de los colectivos más perjudicados por la recesión económica de estos últimos años.

El Defensor del Pueblo habla, por ejemplo, de cómo esta crisis ha dificultado la propia implantación de la Ley de Dependencia, y de lo necesario que es mejorar su sistema de financiación para garantizar la incorporación de los dependientes que todavía están en la lista de espera. 

De la misma manera, se le vuelve a dar un toque de atención al Gobierno con el tema del reparto en la financiación de la dependencia: lo que aporta el Estado y las autonomías no son cifras (ni esfuerzos) equivalentes, y eso que deberían de serlo, incluso por ley.

Las pensiones, de las que hablamos en el número pasado, es otro de los temas que no sale bien parado tras el análisis de Fernández Magurán. A pesar de la recuperación económica en los últimos años, dice el Defensor del Pueblo que, el pasado ejercicio, “el desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social se ha ido agrandando hasta situarse en los 18.800 millones de euros”. Como señala, es preciso adoptar medidas más allá de lo que pueda arreglar la propia creación de empleo. Necesitamos una reforma del sistema y esta, argumenta Fernández Magurán, “ha de llevarse a cabo en el marco del Pacto de Toledo con el mayor nivel de consenso posible”.

Todas estas cuestiones nos incumben a todos, por supuesto, aunque perjudiquen especialmente a nuestros mayores. No obstante, el informe del Defensor señala un apartado exclusivo para los senior y que guarda relación con el deterioro de los servicios residenciales. 

Los mayores se quejan de las dificultades que existen para acceder a una plaza residencial  adecuada a sus necesidades. Además, denuncian la escasez de personal y de medios para atenderlos, sobre todo, debido a un grado de dependencia cada día más elevado. Según Fernández Magurán, los servicios de atención residencial son un elemento fundamental debido a la edad de la población y la importancia en la aplicación de la Ley de Dependencia y cree necesario “detectar las dificultades” cuanto antes. 

En este sentido, algunos de los contenidos que se encontrarán en este número de entremayores parecen señalar parte del camino a seguir. Por ejemplo, y a nivel nacional, tenemos a Edad Dorada Mensajeros de la Paz, entidad que lleva años fomentando y trabajando por el buen trato hacia los colectivos más vulnerables y que, precisamente, este 26 de abril, organiza en Toledo una jornada que tratará aspectos como la nutrición, las buenas prácticas sanitarias en los cuidados, así como la protección social y los derechos que amparan a los mayores y personas con discapacidad, que muchas veces quedan invisibilizados o desatendidos. 

Algunas de las quejas que se registran en ese Informe Anual 2017 llevan acompañándonos una buena temporada y es nuestra labor ponernos manos a la obra para resolverlos o, al menos, minimizarlos. Al fin y al cabo, somos muy capaces: fuimos nosotros los que construimos todo este sistema, así que también lo podemos cambiar.