Treinta años de contacto con víctimas del terrorismo ofrecen una amplia experiencia para conocer las realidades y los problemas con los que cualquier ciudadano se encontrará tras sufrir un atentado.
Es lógico que en 30 años unas pocas víctimas hayamos conseguido ciertas mejoras en la asistencia legal. También se ha logrado que los controles médicos y psicológicos se hayan ampliado, pero todavía se siguen cometiendo errores que a las administraciones les cuesta mucho resolver.
Los últimos atentados en Barcelona y Cambrils son un claro ejemplo. Si hablamos de las víctimas asesinadas o los heridos de carácter físico, la legislación conseguida en diciembre de 1999 y posteriores ofrecen una cierta cobertura, aunque me consta que desde la Administración no se dedican a localizarlas para informarles de sus derechos. Es decir, quien va por propia iniciativa será informado, pero quien no lo haga se quedará sin solicitar los derechos que la ley le pueda aportar.
Hablamos de asesinados y de heridos, pero ¿qué ocurre con aquellas personas que se encontraban en el lugar de los hechos y, por suerte para ellas, no tuvieron lesiones físicas? ¿Qué ocurre con los que conocemos como testigos presenciales? ¿Qué derecho tendrán si con el tiempo apareciera algún tipo de secuela psicológica?
Para demostrar que padecen alguna secuela lo tendrán muy complicado porque esas secuelas deberán aparecer dentro del primer año tras ocurrir el atentado o ya no serán reconocidas como derivadas de atentado terrorista, con todo el problema jurídico y médico que ello conlleva.
Con un ejemplo real entenderemos algo que es desconocido para la población. Supongamos que hay dos niños de 13 y 9 años comprando un bañador con su tía y los tres son asesinados por un coche bomba estacionado en el parking. Las secuelas psicológicas que los papás de los niños podrán sufrir no tienen una fecha de aparición exacta en el tiempo. Cuando muchos años después las secuelas son reconocidas médicamente, la Administración no las reconoce como derivadas de atentado terrorista porque “ha transcurrido más de un año desde la fecha del atentado y, además, no estaban en el lugar del atentado”. En cambio, un miembro de las FCSE cuyo caballo murió al ser alcanzado por la onda expansiva de otro coche bomba tiene reconocida la incapacidad permanente como víctima del terrorismo porque se encontraba en el lugar del atentado. Puede parecer una frivolidad, pero ¿qué es más importante, la vida de un caballo o la de dos niños y su tía? ¿Puede valorarse el dolor de unos padres por el asesinato de sus dos hijos dependiendo de si estaban o no junto a ellos?
Perdónenme la trampa inicial... He dicho “supongamos”, pero son casos reales. Tanto el uno como el otro.
Si la Administración es capaz de denegar el reconocimiento de unas secuelas psicológicas como derivadas de atentado terrorista a unos padres con dos hijos asesinados por la simple “razón” de que no estaban en el lugar de los hechos, ¿se puede esperar que se preocupen por conocer la situación de las víctimas presenciales?
Un grupo de especialistas, tanto víctimas como psicólogos, estamos advirtiendo a todo aquel que quiera escuchar sobre la realidad con la que llevamos luchando desde hace 30 años. Estamos buscando a ciudadanos anónimos que sufrieron un atentado hace 40 años y jamás han sido informados. Las sentencias marcan la veracidad de las lesiones, de las heridas, de las secuelas. Y pese a todas estas pruebas, hay administraciones que niegan recursos para localizarlas, atenderlas y ayudarlas.
Por ello es de agradecer la oportunidad que desde entremayores nos habéis ofrecido, porque lo que las sentencias no aportan son la edad de los afectados y muchas de estas víctimas podían ser jóvenes cuando sufrieron las consecuencias de un atentado y, ahora, porque la vida pasa para todos, ya tienen cierta edad. Y nunca es tarde para estar informado y mucho menos para intentar mejorar las cosas.