Pregunta.- La aprobación de la reforma de la Ley de Dependencia es un avance histórico por muchos motivos, pero ¿qué consideraciones o apuntes hacen desde la PMP al contenido definitivo de la nueva norma?

Respuesta.- Nuestra valoración es claramente positiva. Estamos ante una reforma de gran calado que amplía derechos, prestaciones y servicios, reduce cargas burocráticas y avanza hacia un modelo de cuidados más personalizado, comunitario y centrado en la voluntad y las preferencias de cada persona. Entre los avances más relevantes destacaría la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones, la consolidación de la asistencia personal como servicio ordinario, la ampliación de la ayuda a domicilio al entorno comunitario, la teleasistencia como derecho subjetivo y la reducción de seis a tres meses del plazo máximo para resolver el reconocimiento de la situación de dependencia. También es especialmente importante que la ley establezca la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la financiación del sistema. Es una reclamación histórica de la PMP y una condición indispensable para dotar de estabilidad al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Ahora bien, una ley ambiciosa solo será verdaderamente histórica si se convierte en una mejora concreta de la vida de las personas. El éxito debe medirse en menos esperas, más servicios de proximidad, más apoyos en el domicilio y en la comunidad, mayor coordinación sociosanitaria y una atención de calidad con independencia del territorio en el que se viva. Un derecho subjetivo no puede depender del código postal.

P.- La Plataforma ha participado activamente en todo el proceso legislativo. ¿Han sido sus aportaciones tenidas en cuenta? ¿Alguna de las cuestiones que trasladaron no se tuvieron en consideración?

R.- La PMP ha participado activamente desde las primeras fases del proceso, trasladando propuestas y enmiendas dirigidas a reforzar la efectividad de los derechos, impulsar la vida independiente, favorecer los apoyos comunitarios y garantizar la sostenibilidad y la calidad del sistema. Podemos afirmar que una parte importante de nuestras preocupaciones está presente en el texto definitivo, especialmente la atención en el domicilio, la compatibilidad de prestaciones, la ampliación de los apoyos comunitarios, el refuerzo de la teleasistencia y el principio de situar a la persona en el centro de las decisiones. No obstante, seguimos considerando prioritarias cuestiones como la actualización de las cuantías e intensidades de las prestaciones, el refuerzo de la coordinación sociosanitaria, el apoyo a las familias cuidadoras y otros aspectos que deberán seguir desarrollándose en la aplicación práctica y en el posterior desarrollo reglamentario de la ley. Por ello, nuestra posición no es de complacencia, sino de colaboración exigente. Seguiremos trabajando para que estas cuestiones puedan abordarse en el desarrollo reglamentario, presupuestario y territorial de la norma. La aprobación de la ley no supone el final del proceso, sino el comienzo de su fase más decisiva.

P.- Los cuidadores familiares son un pilar esencial para el engranaje del sistema, ¿diría que esta figura es tenida en cuenta como tal en el nuevo contenido de la reforma?

R.- Las personas cuidadoras familiares siguen siendo un pilar fundamental del sistema de cuidados de larga duración. Desde la PMP llevamos años defendiendo que su contribución debe ser reconocida y apoyada mediante formación, acompañamiento, medidas de respiro y una mejor protección social. La reforma avanza en el reconocimiento de los cuidados, pero será necesario analizar su aplicación práctica y su desarrollo reglamentario para comprobar si las necesidades reales de quienes cuidan quedan adecuadamente cubiertas. Asimismo, el reconocimiento de los cuidados debe incorporar necesariamente la perspectiva de género. El sistema no puede seguir descansando de manera desproporcionada sobre las mujeres. Cuidar es una responsabilidad colectiva que debe ser compartida por las administraciones, los servicios públicos, las empresas, las comunidades y las familias. Apoyar a quienes cuidan no es solo reconocer su labor, sino garantizar la calidad, la continuidad y la dignidad de todo el sistema de cuidados.

P.- A partir de ahora, mirando al futuro, ¿de qué cree que dependerá el éxito de esta reforma para que, así, se asegure la sostenibilidad del SAAD?

R.- Dependerá, en primer lugar, de que la financiación prevista sea suficiente, estable, evaluable y mantenida en el tiempo. La obligación de que el Estado asuma el 50% es un avance decisivo, pero esos recursos deben llegar de forma eficaz y homogénea a todas las comunidades autónomas, con criterios de equidad y vinculados a resultados concretos. En segundo lugar, será imprescindible una gobernanza leal y coordinada entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Necesitamos procedimientos más sencillos, interoperabilidad entre administraciones, criterios comunes de calidad, una coordinación sociosanitaria efectiva y mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación. En tercer lugar, habrá que reforzar los servicios públicos y de proximidad y dignificar el empleo en el sector. No puede haber cuidados de calidad sin profesionales suficientes, cualificados y con condiciones laborales adecuadas. Al mismo tiempo, debemos apoyar a las familias cuidadoras y favorecer modelos que permitan a las personas permanecer en su domicilio y en su comunidad durante el mayor tiempo posible. Finalmente, consideramos necesario alcanzar un gran pacto de Estado sobre dependencia y cuidados de larga duración. España necesita un sistema público, universal, garantista y sostenible, capaz de ofrecer estabilidad más allá de cada legislatura y de responder tanto al envejecimiento de la población como a las expectativas legítimas de autonomía, dignidad y libertad de las personas. La reforma habrá triunfado cuando sus avances dejen de ser únicamente artículos de una ley y se conviertan en autonomía, bienestar, apoyos efectivos y cuidados dignos en la vida cotidiana de las personas.