Con motivo del Día de los Derechos Humanos, que se conmemora el 10 de diciembre, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha exigido el desarrollo de una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores que garantice la protección efectiva de este grupo de población, con una particular incidencia en el colectivo de las personas con discapacidad mayores, el cual continúa sufriendo la vulneración de derechos fundamentales como la igualdad, la protección social, el acceso a los cuidados, la vivienda o la participación social.

En primer lugar, la PMP ha resaltado que, a pesar de algunos avances, el 19,5 % de las personas mayores de 65 años está en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta realidad evidencia la urgente necesidad de reforzar las políticas públicas, asegurando su existencia y cumplimiento a través de derechos que garanticen pensiones dignas, accesibilidad universal, cuidados de larga duración, sanidad pública accesible y servicios comunitarios suficientes. “No podemos permitir que quienes han sostenido este país durante décadas afronten su vejez en desigualdad o precariedad. España tiene una deuda con las personas mayores, y esa deuda se llama derechos”, ha señalado Jesús Norberto Fernández, presidente de la PMP.

En este contexto, la PMP ha reforzado su demanda de una Ley Integral alineada con el proceso internacional, ya puesto en marcha, de elaboración de la futura Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores, cuyos estándares sirven de base para el reconocimiento expreso de derechos básicos de las personas mayores y con discapacidad mayores. En palabras Fernández, “España puede y debe ser un referente internacional y una Ley Integral alineada con la futura Convención de la ONU enviaría un mensaje inequívoco: los derechos no caducan”.

Así, la PMP ha destacado que, entre las prioridades de la Ley Integral, debe estar el urgente refuerzo de políticas públicas destinadas a garantizar una cartera estatal de servicios esenciales suficientes y estables en el tiempo. Además, dicho marco normativo, debe incluir mecanismos de protección frente al maltrato, la discriminación por edad y la exclusión digital; así como establecer criterios comunes para evitar desigualdades territoriales en la atención y protección.

En este sentido, la PMP ha advertido que, ninguna ley, por ambiciosa que sea, será eficaz sin un “aumento sustancial de la financiación pública” destinada a pensiones, cuidados, accesibilidad universal, sanidad y servicios sociales. De esta manera ha exigido, como demandas fundamentales, el incremento de la inversión en cuidados de larga duración hasta al menos el 1,5 % del PIB; el establecimiento de mecanismos que garanticen que ninguna pensión quede por debajo del umbral de pobreza; y el refuerzo de la sanidad pública, especialmente en los ámbitos de la atención primaria y la atención geriátrica.

Por otro lado, la Plataforma ha subrayado la necesidad de adaptar la respuesta institucional para proteger a los más de 10.000.000 de personas mayores de 65 años en España ante el incremento de situaciones de vulnerabilidad que surgen de crisis recientes y presentes, como es en el caso de las emergencias climáticas, las cuales comprometen el acceso constante y seguro a recursos básicos, exponiendo debilidades en el modelo sociosanitario.

Igualmente, aprovechando esta efeméride dedicada a los Derechos Humanos, la PMP ha hecho un llamamiento firme a la paz, recordando que cada conflicto armado viola de manera directa e indiscriminada los derechos de las personas mayores y destruye su seguridad, su salud, su arraigo y su dignidad. En palabras de su presidente, “las guerras golpean con especial crueldad a las personas mayores y hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, reafirmamos nuestra exigencia de paz: ninguna vida puede seguir siendo sacrificada, ignorada o silenciada por la violencia”.

Por último, la PMP ha recordado que la edad jamás puede justificar la pérdida de derechos ni la desigualdad en su ejercicio. «Este 10 de diciembre no basta con conmemorar, es el momento de comprometerse y, por ello, exigimos una Ley Integral y una financiación suficiente para blindar los derechos de las personas mayores y con discapacidad mayores, ya que queremos una España que cuide, respete y proteja a quienes la han construido; queremos una España que no deje a nadie atrás”, ha concluido Fernández.