La Plataforma del Tercer sector debatió, en noviembre, en un encuentro celebrado en la agencia de noticias Servimedia, sus propuestas electorales con los portavoces de servicios sociales de los principales grupos políticos que concurren a las próximas elecciones generales. La entidad elaboró un decálogo de propuestas que incluye tres grandes bloques: una reforma constitucional que reconozca como fundamentales los derechos sociales, culturales y económicos, que iguale la asistencia y prestaciones sociales en todo el territorio español, y que reconozca la existencia y papel del Tercer Sector; un “plan de compromiso económico y de rescate de las personas” que establezca medidas de lucha contra la pobreza y la exclusión social; y el refuerzo de la gobernanza del sector, mediante el despliegue de la recientemente aprobada Ley del Tercer Sector de Acción Social, el pasado 1 de octubre.

En palabras de su presidente, Luciano Poyato, la reforma constitucional es necesaria “por la propia exigencia que marca el paso del tiempo”, ya que “desde hace años los derechos sociales, económicos y culturales son una realidad que no está recogida en nuestra Constitución”, igual que ocurre con el propio Tercer Sector, “que existe de forma organizada, que engloba a un amplio abanico de entidades no lucrativas” que trabajan en distintas áreas, y “que no están reconocidas porque cuando se redactó la Constitución no existían como sector”, pero cuyo trabajo es clave.

La necesidad de la adaptación del texto constitucional a la realidad social actual, y el reconocimiento en el mismo de la existencia y labor del Tercer Sector fue uno de los mayores puntos de consenso en el encuentro, en que todos los participantes reconocieron el papel clave de las entidades que confirman. Luisa Carcedo, secretaria de Bienestar Social del PSOE, se refirió al “papel determinante” de estas organizaciones, que debe ser “coordinado y complementado con  un sistema público sólido”, para así “reforzar los pilares del Estado del Bienestar”, de entre los cuales, afirmó, “el más débil es el de los servicios sociales”. En el mismo sentido se pronunció Segundo González, responsable de Finanzas y Transparencia de Podemos, que señaló la necesidad de “un Tercer Sector que colabore con lo público, que tenga un papel fundamental en el diseño y la ejecución de políticas públicas”, y que cuente “con una dotación presupuestaria suficiente”.

Según José Ignacio Echániz, secretario de Asuntos Sociales del PP, el sector es el reflejo de “una sociedad cada vez más vertebrada, que ha sido capaz de organizarse de manera interna” para hacer posible una respuesta “solidaria, capaz y coherente” a problemas que desbordaban al ámbito público (como por ejemplo la crisis del Ébola), o que ha hecho posible “que a pesar de la terrible crisis vivida nos estemos recuperando”.

En este sentido, José Antonio García Rubio, secretario de Economía y Empleo de Izquierda Unida, afirmó que desde su formación política defienden que el Tercer Sector “no debe ser sustitutivo del sistema público, ni avalar el grave riesgo de caminar hacia un modelo de democracia paliativa”. El Estado, reseñó, necesita “caminar de la mano del Tercer Sector hacia un modelo de derechos sociales”, con un modelo legislativo fuerte “que reclame elementos de financiación para las entidades sociales”.