El nuevo Consell presidido por Ximo Puig, puso la atención a las personas en situación de dependencia en el centro de su política general. Se comprometieron a hacer todos los esfuerzos posibles en atender adecuadamente a aquellos que más cuidados necesitan y mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos.
Muchos de estos servicios se prestan mediante la participación de entidades privadas, a través de procedimientos de licitación pública, manteniendo la titularidad la administración correspondiente.
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, insistió en la oportunidad de utilizar la contratación pública para asegurar un mejor desempeño de los servicios licitados, como un elemento de mejora de la actuación de las empresas y del impacto sobre el conjunto de la sociedad. Mediante el trabajo en equipo de los sindicatos FSP UGT-PV Unión General de Trabajadores del País Valenciano, FSS CCOO-PV Comisiones Obreras del País Valenciano y de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) quieren proponer unos puntos de mejora al conjunto de las administraciones públicas con el objetivo de asegurar la calidad de la atención prestada en los servicios gestionados a través de operadores privados en el marco de concursos públicos.
Elaboración de un estudio actualizado y contrastado con la experiencia de los costes que va a generar el concurso. Es imprescindible hacer un estudio sobre los costes reales de prestación de servicio teniendo en cuenta las necesidades asistenciales de las personas atendidas, la experiencia en cada uno de los centros y las especificidades concretas de cada servicio. Este estudio debería recoger un margen razonable de beneficio industrial correspondiente a la gestión del servicio.
A pesar de que es una obligación legal recogida en el artículo 87 del RDL 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, hemos detectado algunos casos en los que los precios de licitación de algunos concursos no llegaban para cubrir los gastos necesarios para la prestación de todos los servicios que el pliego recoge. Así, las entidades firmantes se ofrecen a colaborar con la administraciones en la fijación de los criterios de valoración para su mejorar su exactitud y rigor.
El estudio económico del concurso debería recogerse en los pliegos de condiciones para conocer la base del presupuesto de partida del concurso y las ofertas económicas deberían presentarse detalladas en base a las partidas de ese estudio, facilitando así la valoración adecuada del mismo.
La administración como titular del servicio es responsable de dotar al mismo de los recursos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.
Limitación de las bajadas en las ofertas económicas en concursos de servicios sociales para evitar que se conviertan en subastas. En muchas ocasiones anteriores estas entidades han mostrado su preocupación por la situación de bajadas temerarias que se están produciendo en estos concursos y que podrían acabar repercutiendo de alguna manera en la calidad de la atención y en las condiciones de empleo y trabajo de la plantilla.
La media de las bajadas en las últimas doce adjudicaciones de residencias para personas mayores de la Generalitat Valenciana ha sido del 14.76%. Esta situación está obligando a las empresas a ofrecer cada vez bajadas más importantes o a quedarse fuera de todos los concursos, lo que está provocando una espiral muy arriesgada para el servicio prestado.
Así, los firmantes del documento consideran que por la naturaleza de los servicios prestados  en la atención a personas habría que limitar el porcentaje máximo de la bajada en la oferta económica, recogiendo el tope en los propios pliegos de condiciones del concurso. Se podría aplicar una bajada máxima de cinco puntos quedando descartadas por temerarias todas las que fuesen más allá.
Ampliación del porcentaje de la valoración establecido sobre criterios subjetivos. Se puede establecer en los pliegos de condiciones que la parte económica tenga un peso inferior en el total que la parte técnica. Esto permitiría mejorar la importancia de los aspectos técnicos y del resultado de la gestión. Se podría incluir en la valoración la aplicación de cláusulas sociales.
Mejora y ampliación de los servicios de inspección para asegurar el cumplimiento de los requisitos de los pliegos de condiciones. Hay que potenciar y mejorar el control y las inspecciones para confirmar que las adjudicatarias cumplen las obligaciones de los pliegos y conseguir así una adecuada calidad en la prestación del servicio, de las condiciones de trabajo de la plantilla y la igualdad de trato a las empresas.
Los firmantes denuncian que el número actual de inspectores adscritos a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas les parece insuficiente para poder asegurar que se realice el servicio conforme a los compromisos adquiridos por las empresas por lo que creemos necesaria amplia la dotación de personal de los mismos. Ese personal debe estar debidamente formado para poder desarrollar su trabajo en condiciones y contar con los medios necesarios para asegurase un correcto desempeño.
Como titular de los centros y servicios, las administraciones son responsables de supervisar la correcta ejecución del contrato conforme a los pliegos de condiciones, las propuestas técnicas y la normativa vigente.
Se podría incluir en los pliegos las consecuencias para los contratistas y la propia administración contratante por incumplimiento de las obligaciones recogidas en la licitación y en la normativa.
Defienden que el servicio tiene que tener, además, un carácter orientador para colaborar en la mejora de los servicios. Para ello es necesario el establecimiento de criterios de interpretación de las normas muy claros y reforzar la seguridad jurídica y la transparencia de la actividad inspectora.
Mención en los pliegos de condiciones de los convenios colectivos de aplicación y de la obligación de subrogar al personal adscrito al servicio. Se deben incorporar elementos que garanticen el respeto de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores como, por ejemplo, indicar el convenio colectivo de aplicación y la obligación de los gestores nuevos de subrogar a todo el personal que trabaja en el centro. "En bastantes ocasiones –indican– nos hemos encontrado con empresas que se acogen a esta ausencia para no subrogar al personal que venía desempeñando el trabajo o a pretender cambiarles las condiciones laborales en base a la aplicación de otros convenios colectivos. Desde nuestro punto de vista, esta incorporación supondría una mayor seguridad jurídica para las empresas y aportaría tranquilidad a las trabajadoras y trabajadores en la conservación de su puesto y condiciones de trabajo".
La inclusión de cláusulas sociales para mejorar el impacto social de la actividad. Se pueden introducir cláusulas sociales que ayuden a mejorar el impacto de la actividad de las empresas en las licitaciones públicas siempre que se permita a todas las entidades participar para poder mejorar en su desempeño, que el servicio sea susceptible de ser prestado en esas condiciones y que, sobre todo, afecten al modo de ejecución del contrato. "De esta manera podrán establecerse buenas prácticas, no solo para los concursos en cuestión, sino que sirvan de modelo para otras actuaciones de las empresas en distintos ámbitos mejorando su entorno social y medioambiental".
Plan inversor para la reposición de instalaciones y bienes en los recursos públicos. Hay que hacer una evaluación del estado de los centros de atención a personas dependientes de titularidad pública y establecer las necesidades de cada uno de ellos con una priorización con el objetivo de establecer mejoras necesarias por el estado del centro. Este criterio permitiría aportar mejoras económicas dirigidas a su solución.
Hay que hacer un esfuerzo inversor en los centros para reponer aquellos bienes que han llegado al final de su vida útil. "El mantenimiento es una de las obligaciones de las entidades adjudicatarias, y se lleva a cabo de acuerdo a los pliegos, pero hay que renovar determinadas infraestructuras y equipamientos, pasados los años, para que den un resultado adecuado. En los últimos años se han dejado de hacer estas reposiciones y creemos que es absolutamente necesario retomar estas cuestiones para que las residencias puedan contar con los servicios requeridos", explican.
Establecimiento de un calendario de pagos que permita mantener la estabilidad en las entidades gestoras. Sabemos que la situación económica de la Generalitat Valenciana y de muchas entidades locales es difícil pero debemos establecer unos compromisos de pago que permitan gestionar financieramente los servicios para asegurar su efectividad, que permita atender las nóminas de las trabajadoras y trabajadores y los compromisos adquiridos con los proveedores.
"Es fundamental que las administraciones adquieran un compromiso de pago de estos costes ya que son servicios fundamentales prestados a los ciudadanos", apuntan. Las entidades puede utilizar los recursos financieros a su alcance pero necesitan prever cuando van a recibir los cobros para establecer toda su planificación, atender sus compromisos y garantizar el servicio que prestan.
Compromiso con la contratación indefinida y estable en el sector. Las empresas utilizarán, de la manera más amplia posible, la contratación indefinida y estable como una manera de mejorar la estabilidad y la mejora de las condiciones de vida de las personas que trabajan en el sector.
Apuesta por la formación de las plantillas de las empresas que participan. Los sindicatos y las empresas se comprometen a mejorar y facilitar la formación de las trabajadoras y trabajadores con el objetivo de su desarrollo profesional ya mejorar su desempeño y seguridad para ofrecer un servicio de óptima calidad a las personas usuarias de los servicios en los que se encuentren desarrollando sus actividades.