La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana denuncia en un comunicado que el plazo comprometido, por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, para abonar gran parte de la deuda que mantiene con el sector de asistencia a las personas dependientes, venció el pasado 30 de noviembre. 
Un mes antes, los sindicatos UGT-PV y FSS CCOO-PV, junto con Aerte, Lares y otras entidades del sector solicitaron a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, una reunión para concretar las condiciones del compromiso asumido en aquel momento por la Conselleria, así como abordar la necesidad de dar solución a esta cuestión que ponga fin a los retrasos continuos en los pagos. Aerte denuncia que esta reunión no se ha celebrado todavía.
La deuda acumulada "está alcanzado niveles muy preocupantes y se encuentra alrededor de los 80 millones de euros a todo el conjunto del sector", explican en el comunicado. Las partidas que aglutinan gran parte de esta cifra son las referidas al Bono Residencia (en todo este año no se ha abonado cantidad alguna), los centros de gestiones integrales (no se han abonado desde el mes de mayo de este año), así como las Prestaciones Económicas Individualizadas (con la que se atiende a tutelados por la propia Conselleria) y las plazas concertadas.
Sindicatos y empresas muestran de esta forma su preocupación por el retraso de la llegada a la Comunitat del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que está aprobado, y que el Consell insiste en la necesidad de que se abone de manera urgente pero el dinero sigue sin llegar y, de nuevo, las facturas sin pagar. Este tema repercute directamente en las personas dependientes, en los centros de atención, en las empresas y los trabajadores del sector en su conjunto. Este retraso, de al menos quince días más, va a provocar  problemas para atender nóminas y facturas de proveedores.
Los servicios sociales no pueden depender de recursos puntuales y extraordinarios como el FLA sino que deben estar dotados de recursos propios de la Generalitat para atender su pago. Las personas en situación de dependencia que son atendidas en algunos de estos centros y los trabajadores que se ocupan de ellos no deben estar pendientes de las diferencias entre las administraciones y tienen derecho a tener garantizados sus cuidados y sus nóminas, respectivamente. Por lo tanto, se hace absolutamente necesario la elaboración  de un calendario de pagos periódicos para el ejercicio 2016 que permita al sector poner fin a la incertidumbre que supone el retraso en los pagos.