El Consejo de Ministros ha aprobado el primer Marco Estratégico Estatal de Soledades (2026-2030) presentado por Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Se trata de una estrategia pionera en España que por primera vez permite establecer un marco común para abordar la prevención de la soledad de manera transversal en todas las etapas de la vida, situando la pertenencia y la cohesión social como pilares del estado del bienestar. “El problema no es la soledad, sino que es algo que no siempre se puede elegir. Tenemos que garantizar que haya una comunidad a la que acudir cuando se busque compañía”, ha dicho el ministro Bustinduy.

Para que este Marco Estratégico pueda ejecutarse, el Consejo de Ministros ha aprobado también la creación de una Mesa Interinstitucional para reforzar la coordinación y la participación en el seno de la Administración General del Estado y con el Tercer Sector, institucionalizar la colaboración interministerial y fortalecer un diálogo permanente entre, por un lado, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y otros representantes de la Administración General del Estado, así como facilitar la articulación con el Tercer Sector y otros actores relevantes en el marco del Marco Estatal de las Soledades.

La Estrategia parte de la idea de que la soledad no es un problema individual, sino una realidad atravesada por condiciones sociales, territoriales y relacionales que requieren respuestas públicas ambiciosas y sostenidas en el tiempo. “Este marco impulsa respuestas integradas, que se centran en las condiciones que generan, agravan o cronifican las soledades, y, como novedad, incorpora de forma explícita la dimensión relacional, que ha quedado históricamente en un segundo plano en todo lo relativo al desarrollo de la política pública”, ha subrayado Bustinduy.

En este sentido, el ministro ha señalado que la Estrategia va a impulsar que se construya un tejido comunitario que sirva de red a quienes viven una situación de soledad no deseada, creando entornos de proximidad en los que participar, desde una perspectiva inclusiva, y luchar contra la discriminación teniendo en cuenta factores como la edad, el género o la discapacidad. “La soledad en sí misma no tiene por qué ser un problema, la soledad puede ser deseada, pero no puede ser una imposición cuando no lo es”, ha apuntado Bustinduy.

El documento aprobado por el Gobierno establece objetivos concretos y líneas de actuación para integrar de forma transversal la perspectiva de la soledad en el conjunto de las políticas públicas a nivel nacional, autonómico y local. Entre ellas se incluye el desarrollo de estructuras estables de participación ciudadana o la puesta en marcha de un sistema estatal de indicadores y seguimiento de las soledades. El Gobierno también impulsará criterios comunes para la detección temprana de situaciones de soledad desde los sistemas sanitario, educativo y de servicios sociales y reforzará los servicios y apoyos de proximidad.

Además, las Administraciones desarrollarán políticas de urbanismo social y accesibilidad universal, fomentarán iniciativas comunitarias estables, intergeneracionales y de apoyo mutuo, impulsarán modelos de convivencia y vivienda colaborativa, y orientarán programas y campañas dirigidos a desestigmatizar la soledad y mejorar el conocimiento y la sensibilización social. Todo ello, apoyado en principios como la interseccionalidad, el enfoque de género, la inclusión o la adaptación a las realidades territoriales, reconociendo la diversidad de las soledades y la necesidad de respuestas públicas integrales y sostenidas en el tiempo.

Según el Barómetro del Observatorio estatal de la Soledad no deseada realizado por Fundación ONCE y Fundación AXA en 2024, uno de cada cinco personas en España experimenta soledad no deseada. Este dato supone que el 20% de la población española se siente sola sin quererlo, y en muchos casos esa soledad no es puntual, sino persistente, ya que dos tercios de ese porcentaje siente soledad desde hace más de dos años.

El mismo estudio muestra que la vulnerabilidad económica es uno de los factores más determinantes en la producción de soledades. Casi la mitad de las personas que llegan a fin de mes con mucha dificultad, el 47,4%, experimentan soledad no deseada, frente a sólo un 10,9% entre quienes lo hacen con mucha facilidad. La cifra evidencia que la falta de recursos limita la participación en actividades sociales, reduce la movilidad y aumenta las dificultades para sostener vínculos. En este contexto, Derechos Sociales considera “una cuestión democrática” abordar la soledad desde una perspectiva estructural, comunitaria y centrada en las personas.

La Estrategia ha sido elaborada mediante un amplio proceso participativo liderado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En su elaboración han participado hasta once ministerios, comunidades autónomas, entidades locales, organizaciones del tercer sector, entidades del ámbito académico, sociedad civil y personas con experiencia en el ámbito de la soledad. Además, el Marco incorpora un sistema de seguimiento y evaluación que permitirá medir su desarrollo y resultados a lo largo del periodo 2026-2030.

Con la aprobación de este Marco Estratégico, el Gobierno da un paso decisivo para fortalecer el estado del bienestar situando la conexión social como una prioridad pública, fortaleciendo la cohesión social y avanzando hacia comunidades más cuidadoras, en línea con los compromisos de la Agenda 2030 y con las recomendaciones de los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.

UN «AVANCE DECISIVO»

El Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES) considera que el Marco Estratégico supone un “avance decisivo” para reforzar las políticas de soledad al ser “un referente de trabajo” para los próximos cuatro años que propone, además, un enfoque transversal. “El marco sienta las bases para una acción pública coherente, preventiva y basada en la evidencia, integrando la dimensión relacional en el diseño de políticas y fortaleciendo la colaboración entre administraciones, sociedad civil y comunidad experta”, afirma SoledadES, que destaca, además, el potencial del texto “para generar cambios sostenidos en los territorios, reducir desigualdades y avanzar hacia un país más conectado, inclusivo y justo”.

A este respecto, Matilde Fernández, presidenta de SoledadES, apunta que el documento consta de cuatro ejes de trabajo y que el observatorio se identifica y se siente “muy útil” sobre todo para ejecutar el cuarto, que apuesta por seguir investigando y sensibilizando a la sociedad española.

“Las instituciones de ámbito nacional tenemos que jugar un papel fundamental en tareas de sensibilización y en proyectos que luchen contra el edadismo y todo tipo de estigmatización”, afirma Fernández, quien considera útil el trabajo desarrollado por SoledadES hasta el momento: “Nos sentimos muy orgullosos en el observatorio porque todos los trabajos que hemos hecho desde el 22 han sido de gran utilidad”.

“Desde el observatorio nos alineamos especialmente con el eje 4 sobre concienciación social, conocimiento e innovación”, ya que “nuestro principal objetivo es impulsar la creación, difusión y puesta en común de conocimiento que permita eliminar el estigma y trabajar en favor de la cohesión social”.

El marco, prosigue el observatorio, incorpora un sistema de seguimiento y evaluación para medir avances mediante indicadores comunes, informes bienales y evaluaciones intermedia y final en 2028 y 2030.

Así, explica, “España avanza hacia un cambio de paradigma en la acción pública, pasando de respuestas más fragmentadas a una política de Estado que sitúa el bienestar relacional en el centro del bienestar colectivo, aspirando a entornos más habitables, inclusivos y conectados, donde nadie quede al margen”.

Tal y como recoge el texto del Gobierno, el objetivo central de la estrategia es “garantizar que todas las personas puedan mantener vínculos significativos, formar parte de una comunidad y desarrollar proyectos vitales con sentido”. Para conseguirlo, el marco propone coordinar políticas públicas “actualmente dispersas”, reforzar los servicios de proximidad, promover comunidades que generen vínculos, participación y sentido de pertenencia e incorporar el bienestar relacional como eje transversal de la acción pública.