Según datos del INE, durante 2023 fallecieron en España un 5,8% menos de personas que en 2022. Si atendemos a la edad y el género, el mayor descenso (rozando el 10%) se observó tanto en hombres como en mujeres de entre 85 y 89 años. Ante las múltiples necesidades asociadas a esta etapa, onLygal, la compañía especializada en soluciones legales de protección jurídica y servicios legales, recuerda la importancia de contar con asesoramiento legal para garantizar el libre ejercicio de la voluntad y el respeto de los derechos de nuestros mayores. Su reciente Estudio ‘Asegurando el bienestar del sénior en la longevidad: necesidades y soluciones’, realizado recientemente junto con MDS Silver, muestra, entre otras cosas, que el 36% de ellos declara no haber testamentado aún.

De nuevo según datos del INE, este segmento concentra ya el 26,9% de la población española al superar los doce millones de personas. Dato relevante que, como muchos expertos están reivindicando, revela la necesidad de desarrollar un nuevo modelo de cuidados que dé respuesta a los retos a afrontar para tener la máxima calidad de vida en esta etapa. Entre otros, los relacionados con la autonomía personal y la protección patrimonial.

No obstante, pese al desconocimiento mayoritario de las herramientas legales para ello, los últimos datos del Centro de Información Estadística del Notariado muestran que, en el primer semestre de este año, la realización de testamentos y poderes, generales y preventivos, ha acaparado el 98% de los actos de este tipo. CataluNYa, Andalucía y Madrid son las comunidades más activas en este sentido. El testamento abierto, el más conocido, alcanzó en este periodo los 387.587, más de la mitad de los realizados en todo 2023. Con más lentitud, siguen avanzando también los poderes generales y preventivos, así como las voluntades anticipadas que se incrementaron un 36%.

Ahora bien, como muestra el citado estudio de onLygal, tanto los sénior como sus familias reconocen necesitar asesoramiento legal para tramitar este tipo de documentos, así como las ayudas a las que tienen derecho por razón de dependencia. Entre otras cosas, al plantearse hacer testamento para establecer el futuro legado de sus bienes a sus descendientes les surgen muchas dudas relacionadas con cómo hacerlo, cuánto les va a costar o, como estamos viendo en los últimos años, cómo pueden desheredar a algún hijo.

Más allá del testamento, en España sigue habiendo mucho desconocimiento y poco arraigo de otras herramientas legales con las que pueden salvaguardar el respeto a su voluntad y derechos, en caso de una merma de capacidad cognitiva.

Así, aunque entendida su función consideran relevantes estas herramientas legales, el 59% no dispone aún de un poder preventivo, el 47% no ha hecho testamento vital y el 61% tampoco ha dispuesto un documento de autocuratela.

Con ellas pueden designar a otra persona como representante de sus intereses o su curador; o especificar por escrito su deseo de someterse, o no, a determinados tratamientos médicos, así como el destino de su cuerpo u órganos tras su fallecimiento.

“Además de las cuestiones relacionadas con el legado, estamos identificando interés en anticiparse a una posible pérdida de capacidad cognitiva y planificar la delegación de poderes en una persona de confianza, generalmente un familiar cercano”, explica Natàlia Mañas, responsable del Centro de Asistencia Jurídica de onLygal. “En nuestro compromiso por aportar soluciones legales a las necesidades reales, además de asesoramiento y atención telefónicos, ponemos a su disposición la posibilidad de realizar este tipo de documentos legales, de forma fácil y rápida, en cualquier momento a través de nuestra plataforma online”, concluye.

Todos estos datos confirman los apuntados también en otro de los recientes informes de onLygal como el ‘Necesidades legales de los españoles’ que señala las principales preocupaciones en las distintas etapas de la vida. Cumplidos los 65 años los asuntos relativos a la planificación futura como la herencia (77%) o el testamento y los poderes preventivos (74%), son la mayor fuente de preocupación. Les siguen las reclamaciones por caídas en la vía pública, la solicitud de ayudas asistenciales por dependencia, la gestión de bienes y patrimonio, las reclamaciones de consumo y la gestión de pensiones de jubilación y/o viudedad.