La Federación de Pensionistas de CC OO llevará a cabo una serie de movilizaciones en las capitales de provincia para exigir una implantación plena de la Ley de Dependencia; en Madrid será el 5 de mayo, a las 11 horas en la Puerta del Sol.

La situación de la dependencia en España, explicaba el secretario de Políticas Públicas y Protección Social, Carlos Bravo, está sufriendo una “regresión”, incluso tras el Plan de Choque de los años 2021-2023 que permitió recuperar la financiación de forma muy significativa. Actualmente, el sistema de dependencia protege a 1,7 millones de personas, y en algunos momentos han sido hasta el 70% de las personas atendidas en los últimos 20 años lo han sido mediante servicios profesionales. El plan de choque también permitió reducir la lista de espera a prácticamente la mitad, si bien, continúa afectando en marzo de este año en 232.000 personas.

Los puntos más críticos del sistema actualmente son la lista de espera ya que, aunque se ha reducido el número de personas, no ha mejorado en el mismo sentido los tiempos de gestión. A pesar de que el objetivo que establece la ley es de 180 días, la media en España se encuentra actualmente en 329 días, pero territorios como Murcia con una media de 553 días y Andalucía 464 días. “No ha habido avances significativos en los últimos años”, resaltaba Bravo.

También supone una situación grave el incremento de las prestaciones para cuidados familiares y las prestaciones económicas vinculadas a un servicio. Carlos Bravo ha recordado que las listas de espera se han ido reduciendo de forma significativa, pero a costa de estas prestaciones “más baratas”.

Según el último dato publicado, de las 1.694.000 personas protegidas en el sistema, 751.753 lo están con una prestación económica de cuidados familiares, cerca de la mitad. Estas prestaciones perpetúan el rol de cuidados en las mujeres familiares de las personas dependientes.

Por otro lado, desde el sindicato señalan que en las prestaciones vinculadas a un servicio se genera un “doble copago”, ya que son las familias quienes deben cubrir con sus recursos el diferencial entre la cuantía de la prestación percibida del SAAD y el coste final del servicio privado que deben contratar. La utilización de estas prestaciones implica un evidente riesgo de exclusión para las familias de rentas medias y bajas.

Finalmente, Bravo apuntó a un problema de falta de transparencia “absoluta” en relación a la financiación que las comunidades autónomas reciben en forma de “copago” de las personas beneficiarias. La estadística oficial da cuenta mensualmente de las transferencias que hace el Estado central, pero las comunidades se limitan a publicar anualmente el certificado de gasto en el que no desagregan qué parte financia la administración autonómica y qué parte lo hacen las personas beneficiarias a través del copago.

«Sabemos que el Estado central desde 2021 ha transferido a las regiones más de 8.000 millones de euros adicionales a los que financiaba en 2020, cumpliendo así el compromiso adquirido en el Plan de Choque. Sabemos también que en virtud de estas transferencias el Estado ha pasado de financiar el 15% del gasto del SAAD a asumir el 26% en el año 2024. Pero no sabemos qué parte del gasto certificado por las comunidades autónomas en 2024 (12.901 millones de euros) han asumido las personas beneficiarias en concepto de “copago”. Esta falta de transparencia se produce por decisión exclusiva de las comunidades que se niegan a publicar el dato», exponen desde CC OO. En opinión de Bravo, «la transparencia en la información es un rasgo básico de cualquier ámbito de protección social pública que debería garantizarse».

MOVILIZACIONES

Por su parte, Juan Sepúlveda, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CC OO, explicó que las movilizaciones comenzaron el pasado día 29 de abril, con una protesta en Sevilla y que continuarán a partir de este 5 de mayo, no solo en Madrid, sino en todas las capitales de provincia, con la excepción de Euskadi y Castilla-La Mancha.

“Nos preocupa que las familias tengan que aportar una cantidad de dinero extraordinaria para atender a sus familiares y nos preocupa que esta deriva lleve a que haya un segmento de población de bajo y medio poder adquisitivo que no va a poder hacer frente a la dependencia”, recalcó Sepúlveda, quien insistió que es “inaceptable” que las personas dependientes sean atendidas por familiares que también son mayores.

“Tiene que aumentar sensiblemente la aportación que hace el Estado a la dependencia; en los países de nuestro entorno se triplica ampliamente la cantidad que se dedica en España”, recalcó. Además, Sepúlveda advirtió de que la lista de espera va a seguir avanzando y si no se aportan medios económicos y humanos, se estancará o aumentará. “Se tienen que revertir los recortes en los servicios”, exigió.