Recientemente, el Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) de Uruguay presentó el "Mapeo de la institucionalidad sobre envejecimiento y vejez en los gobiernos departamentales". La importancia de este trabajo consiste en operar como insumo para la elaboración de políticas públicas en la materia y al mismo tiempo, dar cuenta de la coordinación entre Inmayores y los gobiernos departamentales de todo el país. 

Uruguay ratificó en agosto de 2016 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobado por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Este pacto entre los Estados de la región significa un gran avance en el cambio de paradigma: funciona como una moderna herramienta educativa y de sensibilización y al mismo tiempo, es un reconocimiento de derechos específicos para las personas mayores.

Para la directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores, Adriana Rovira, el trabajo en la temática funciona como una red que nuclea todo el abordaje interinstitucional e implica a “más de 300 organizaciones en todo el país, que las vincula a un instrumento donde la sociedad civil es veedora  y genera mecanismos de exigibilidad en el ámbito del Estado así como la intervención que tiene en materia de política pública”.

Rovira explicó que este trabajo está basado en tres dimensiones. La primera es el vínculo territorial para motorizar la descentralización, una de las prioridades de la actual gestión. La segunda es un proceso político que surge desde la Intendencia de Montevideo, generando una comisión permanente acerca de las personas mayores, en el marco del Congreso de Intendentes. Y la tercera es la capacitación y sensibilización a los funcionarios de las intendencias, proceso que terminó incluyendo a alcaldes y directores.

Por su parte, la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, dijo que desde el año 1990 “fue la Intendencia de Montevideo la primera en tener una institucionalidad específica abocada a planificar y ejecutar políticas públicas dirigidas a personas mayores” y afirmó que en la materia hubo “un notorio proceso de evolución” por parte de las intendencias del país y su labor en la temática. Además Goyeneche destacó la importancia de que en la actualidad se cuente con un órgano rector en la materia como lo es Inmayores. Comentó: “para nosotros no es algo simbólico sino que además nos da herramientas contundentes y tangibles para seguir avanzando en los derechos de estas personas”, al mismo tiempo que remarcó la importancia de los gobiernos locales en permear la política pública a nivel nacional.

La subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de Uruguay, Ana Olivera, subrayó que “la política pública que estamos generando es una política pública de ejercicio de derechos”. Para Olivera, “esta es una batalla cotidiana; que en el centro estén los derechos de las personas –en este caso las personas mayores– es algo que todos los días tenemos que poner sobre la mesa”.

Olivera manifestó que “el territorio no es una palabra más”. Además resaltó que por el valor que tiene el ámbito local, las políticas sociales transversales son la herramienta adecuada para la descentralización con participación. “Tenemos como siempre un camino a recorrer que nos hace seguir trabajando juntas y juntos”, culminó expresando la subsecretaria.