Marta Capeáns lleva cuatro años como presidenta del COTSG, entidad en la que ha podido comprobar, dadas las particularidades demográficas y de envejecimiento de Galicia, únicas en el mundo, que el aislamiento, la dificultad en hacer llegar los recursos sociales y la dispersión son muy acusadas. Tanto en el ámbito rural como en el urbano, donde una persona mayor, por desgracia, pero como realidad patente, puede morir sin que nadie se entere. En este contexto el Trabajo Social es imprescindible para afrontar un envejecimiento activo, positivo, digno y saludable. 

Estuve trabajando seis años en un ayuntamiento rural y, desgraciadamente, es tremenda la carga de trabajo administrativo y burocrático, la pérdida de tiempo en cubrir impresos de forma mecánica con datos identificativos que no suponen, en su mayor parte, lo que es en realidad la valoración ni la exposición de los factores sociales de la persona a la que estás atendiendo. Nos comen los papeles. Si bien es cierto que, con la población tan envejecida que existe en nuestro rural y en el conjunto de la población gallega total, por lo general, un porcentaje altísimo de nuestras atenciones e intervenciones, yo diría que alrededor del 85%, lo invertimos en la atención a los mayores.

Todas las personas deben tener el derecho a decidir sobre su vida y sobre cómo quieren vivirla. El hecho de ser mayores, no lo cambia. A nivel ético, el respeto por las decisiones de las personas usuarias debe ser un mantra. Otra  cuestión es que, desde el trabajo social se informe sobre alternativas para que los mayores conozcan los recursos y puedan decidir sobre un mayor elenco de posibilidades. Ante la soledad, o en situación de dependencia que impida la interacción con otras personas, hay que buscar recursos o programas para garantizar un seguimiento diario y continuado de estas personas. Igualmente, cuando se crea que la persona ha perdido alguna capacidad, se pueden activar mecanismos por vía judicial para garantizar su protección por medio de procesos de reconocimiento de una situación de discapacidad que puedan suponer una merma de su capacidad en la toma de decisiones.

 El trabajo social es una profesión vocacional. Trabajar con personas es, en si mismo un premio. Trabajar con personas en situación de posible vulnerabilidad es un reto, y dentro de estas opciones, trabajar con personas mayores supone un enriquecimiento y una puesta en valor de las cosas sencillas de la vida. Analizar su resiliencia, su fuerza y poder colaborar en mejorar su día a día, es una de las sensaciones más gratificantes que se pueden tener a nivel profesional.

Según el Libro Blanco del Envejecimiento Activo, editado por el Imserso, los medios de comunicación han reflejado, en gran medida, una imagen estereotipada negativa de las personas mayores aplicada a todo el colectivo, por simplificación, al tratar a los mayores como un grupo social homogéneo, cuando es tan heterogéneo como cualquier otro. El edadismo, es el término que aúna los mitos y estereotipos asociados al envejecimiento, por razón de la edad, así como los prejucios que hay contra ellos. Estereotipos comunes y reconocibles pueden ser, por ejemplo que las personas mayores no deben seguir trabajando, algo muy arraigado, que considera erróneamente que sus capacidades físicas y mentales son más limitadas. Sin embargo, las investigaciones demuestran que las personas mayores de 65 años pueden seguir realizando su trabajo de la misma manera o mejor que los jóvenes, dado que cuentan con habilidades y conocimientos que pueden compensar los problemas que hayan surgido por la edad. O que los mayores no tienen relaciones sexuales, cuando estas se mantienen a lo largo de la vida, no se pierde en ningún momento el interés sexual -a no ser que venga influido por distintos factores como enfermedades incapacitantes, fármacos que influyan en el deseo sexual, viudedad-. Hay otros muchos como que las personas mayores no pueden aprender  cosas nuevas; que no se adaptan a los cambios; que tienen problemas de memoria y un largo etcétera. Todas ellas, afirmaciones falsas o matizables.

Desde el inicio de la crisis, estamos en el peor momento de atención a la ciudadanía en cuanto a los servicios sociales. Los recortes se cebaron con muchas personas, incluidas las mayores. El concepto hacia el que hay que caminar, es el de apreciar el gasto en servicios sociales como una inversión. Para afrontar el envejecimiento es necesaria una estrategia global que afecte desde las políticas demográficas -en Galicia muy relevantes en las provincias del interior-, ligadas a la mejora económica y a la creación de empleo, pero también pasa por el diseño consensuado a nivel político de una línea de acción a medio y largo plazo. El cortoplacismo en servicios sociales es pan para hoy y hambre para mañana. Esta línea contemplará el tipo de recursos necesarios y la estrategia de cuidados necesaria y sostenible a medio plazo. Incorporará las medidas educativas precisas para las personas mayores del futuro. Y garantizará la inversión económica que asegure la atención a la dependencia, a la soledad y a la emergencia social de las personas con discapacidad y/o mayores con discapacidad.

El envejecimiento ligado al aumento de la esperanza de vida y ésta a procesos de deterioro físico y cognitivo supone una mayor demanda de asistencia en la vida diaria. La reconfiguración del modelo de familia tradicional nuclear, y la conquista por parte las de mujeres de realizar otras actividades fuera del ámbito familiar en los últimos 40 años ha provocado un vacío y unas nuevas necesidades a la hora de atender a personas en situación de dependencia. Para cubrir estos déficits el mismo mercado ha ido creando sus propios recursos. La proliferación de grandes centros residenciales, los de atención diurna o de empresas dedicadas a los servicos de apoyo domiciliario son claros ejemplos de una nueva economía. La respuesta debería ser mayor y más contundente desde el sector público. Resulta preocupante que multinacionales de la construcción estén lanzándose al sector sociosanitario, pues parece claro que mayoritariamente buscan más el beneficio económico que dar respuesta a las necesidades sociales de las personas en situación de dependencia o vulnerabilidad.